El análisis pormenorizado del Presupuesto 2019 de María Eugenia Vidal sigue arrojando datos preocupantes con respecto al endeudamiento que propone. En las últimas horas, desde el bloque de diputados del FpV-PJ, que conduce Florencia Saintout, salieron a advertir que el monto es muy superior al anunciado por la Gobernación y que además el objetivo es usar los fondos de la ANSES.
El dato surge puntualmente del Artículo 33 del proyecto, el cual ingresó esta semana en la Legislatura y tendrá como Cámara de inicio el Senado. Allí dice que, “adicionalmente a lo previsto en el Artículo 31 –el que habilita a tomar $68 mil millones de deuda–”, el Ejecutivo podrá recurrir a fondos previsionales.
En concreto, dice: “Adicionalmente a lo previsto en el ARTÍCULO 31, autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse con la Administración Nacional de la Seguridad Social a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema integrado Previsional Argentino”.
El objetivo sería financiar “la ejecución de proyectos y/o programas sociales actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, atender el déficit financiero y/o regularizar atrasos de Tesorería”. La falta de un dato específico le agrega más gravedad al asunto.
Fue el vicepresidente de esa bancada, Walter Abarca, quien salió a denunciar que el endeudamiento que reclama Vidal no se ciñe sólo a lo que dice el 31 sino a 102 mil millones de pesos, sin contar lo que saldría del FGS.
Según la planilla N° 10, el “endeudamiento público e incremento de otros pasivos alcanza un total de $102.425.912.596. Para llegar a ese número se tiene en cuenta la deuda externa ya mencionada pero también deuda interna a corto plazo, préstamos a corto plazo, y préstamos a largo plazo”.
Desde Unidad Ciudadana en general y desde el FpV-PJ en particular ya habían advertido que ese Ejercicio buscaba priorizar la toma y el pago de la deuda. “Es un presupuesto que viene de la mano de un gobierno que no construye jardines y destruye el trabajo. Que no sigan empobreciendo a la provincia”, había señalado Saintout tras reunirse con intendentes.
Justamente, son los jefes comunales los más preocupados con esta ley de leyes, ya que transfiere a las comunas los subsidios al transporte, la tarifa social de luz y los costos de la disposición de residuos en CEAMSE. Se calcula que la transferencia sería monstruosa: 25 mil millones de pesos.
