Por Fernando M. López
Mientras el gobernador jujeño Gerardo Morales se encontraba en China, el juez penal Gastón Mercau decidió dejar en libertad a María Molina y Elba Jesús Galarza, integrantes de la organización Tupac Amaru. Ambas cumplían su arresto en la Comisaría de la Mujer de San Salvador de Jujuy desde el pasado 28 de abril, en condiciones totalmente irregulares e inhumanas.
Uno de los abogados defensores de Milagro Sala, Luis Paz, dijo a Contexto que “hay una mirada diferente a partir de la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas”, que a fines de octubre reclamó al Estado argentino excarcelar “de inmediato” a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur.
“No es lo mismo bancar actitudes autoritarias que estar en Estado de derecho. Algunos funcionarios del Poder Judicial de la Provincia han visto en esta resolución de la ONU que la razón está de nuestro lado. Ahora tienen la oportunidad de poner las cosas en su justo lugar, ordenando la liberación de Milagro Sala y de los otros compañeros detenidos arbitrariamente”, completó Paz.
La división de aguas no sólo se advierte en Jujuy. El Gobierno de Mauricio Macri ya empezó a calcular el costo político a nivel internacional de mantener a Sala tras las rejas. La nota publicada ayer en el diario La Nación sobre las “reuniones de urgencia en la Cancillería” para analizar el tema fue más que sintomática.
Sin embargo, la posición de Morales sigue siendo intransigente. El radical-macrista prefirió rechazar la resolución de la ONU, arrogándose tener “la verdad”, antes que cumplir lo que dictan los tratados internacionales firmados por nuestro país.
“Morales le está ocasionando un daño irreparable a la democracia argentina. Su autoritarismo es el gran responsable del deterioro de la imagen de la República en el mundo”, afirmó Paz.
Molina y Galarza
Las dos integrantes de la Tupac Amaru que quedaron en libertad este jueves habían sido detenidas por orden del juez Pablo Pullen LLermanos, quien actuó a partir de un único testimonio, el de Yésica Paes, hija de Jorge Rafael Paes, procesado en dos instancias por tentativa de homicidio y sobreseído por el mismo magistrado luego de denunciar a Milagro Sala en una de las causas en su contra.
La defensa había reclamado la nulidad de las actuaciones del juez al considerar que no estaba habilitado por el Código Procesal Penal y que se movía por un “ánimo netamente persecutorio”. Pullen Llermanos fue más tarde apartado de la causa y la competencia quedó en manos de Mercau, quien finalmente resolvió en favor de las militantes.
“La evaluación que hace Mercau en el contexto de la detención de Molina y Galarza tiene que ver con la falta de elementos probatorios, lo que hacía imposible la continuidad de una reclusión prolongadísima y arbitraria”, explicó Paz a este medio.
El letrado señaló que, además de las numerosas irregularidades que se cometieron durante el proceso, Molina y Galarza estuvieron casi siete meses detenidas sin agua caliente, obligadas a dormir en el piso, entre otras “condiciones catastróficas” que fueron constatadas y denunciadas por diputados del Parlasur, legisladores nacionales y organismos de derechos humanos.
Trescientos
Milagro Sala fue encarcelada el 16 de enero de este año, por lo que hoy cumple trescientos días como presa política de Gerardo Morales. Tras asegurarse el control del Poder Judicial, el gobernador pidió su detención por una protesta que encabezó la Tupac Amaru en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, donde se reclamaba la continuidad laboral de las cooperativas. Luego le fueron sumando varias causas en su contra para mantenerla en el penal de Alto Comedero.
En el acampe que se realiza desde hace una semana en Plaza de Mayo, ayer hubo una vigilia con la participación de diversos músicos y este viernes el Grupo de Curas en Opción por los Pobres llevará a cabo una misa para exigir que se cumpla la resolución de Naciones Unidas.
El organismo internacional determinó que se da un entramado de “acusaciones consecutivas” contra Sala para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, vulnerando la independencia judicial.
Entre otras irregularidades, la resolución remarcó que no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva de la dirigente, ya que no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, que se le impidió el derecho de defensa, por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan, y que se trasgredieron los fueros que posee como parlamentaria del Mercosur.
