El caso Chocobar marcó un antes y un después dentro del modelo de seguridad impulsado por el gobierno de Mauricio Macri que aplica con mano firme la ministra Patricia Bullrich en nación y su par Cristian Ritondo en provincia, quienes alrededor del policía procesado por matar a Pablo Kukoc por la espalda inauguraron una dinámica casi de acompañamiento explícito al accionar violento de las fuerzas de seguridad. Frente a ello, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), junto a otros organismos, presentaron Muertes naturalizadas: letalidad policial sin control y sin justicia, un informe que refleja el recrudecimiento del gatillo fácil en los últimos años con un fuerte anclaje en la “doctrina” instaurada desde la llegada del macrismo al poder.
“Durante 2017 y 2018, las autoridades políticas, incluido el presidente de la Nación, celebraron como positivo y heroico que un funcionario mate en nombre del Estado y avalaron de este modo las intervenciones policiales violentas y abusivas”, relata el preocupante puntapié inicial del documento desarrollado junto a la Asociación Pensamiento Penal (APP), la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Lanús y Xumek.
“Este informe tiene un corte temporal en fines de 2015 y comienzos de 2016. Si bien el caso Chocobar marcó un caso bisagra, hay un montón de variables que fueron operando durante el tiempo. Hay una serie de elementos que hacen propicio que exista un Chocobar”, dijo a Contexto la referente del CIAJ, Sofía Caravelos, quien hizo foco sobre un estado generalizado de falta de control sobre el uso de la fuerza por parte de efectivos, quienes aun poseen la facultad de portar armas las veinticuatro horas del día. “Es una exigencia de tipo social, bajo esta idea de que un policía ‘es policía todo el tiempo’. Esto lo habilita a intervenir en situaciones que no son de su competencia”. La abogada hizo hincapié en la falta de controles de armas y la figura de la legítima defensa como catalizador, en muchos casos, del ejercicio injustificado de la violencia.
Sofía caravelos: “Este informe tiene un corte temporal en fines de 2015 y comienzos de 2016. Si bien el caso Chocobar marcó un caso bisagra, hay una serie de elementos que hacen propicio que exista».
En esta línea, las cifras vertidas en el informe muestran además otra problemática particular: una porción importante de las muertes es ocasionada por efectivos policiales que en el momento del hecho estaban fuera de servicio, de franco o retirados. “Esta tendencia pone de manifiesto un patrón de uso de armas de fuego que tampoco parece ser percibido como un problema por las autoridades políticas. Por el contrario, en los últimos tiempos parece alentado desde las máximas autoridades”, expresa el informe.
Según Caravelos, el actual contexto nacional “habilita el uso de la violencia como forma de establecer determinados modos de intervención”. La abogada expresó: “La violencia no se habilita sólo porque Macri recibe a Chocobar para felicitarlo, sino que también se habilita en los marcos de violencia estatal al permitir el hacinamiento carcelario o en reprimir una manifestación porque ‘jode en mi escenario político’”.
Dentro de este espectro, toma fuerte relevancia el amplio número de femicidios sufridos por colegas, parejas o familiares de alguien vinculado a una fuerza de seguridad. Según el informe, entre 2010 y 2017 el CELS registró 32 casos de femicidios cometidos por funcionarios de seguridad sólo en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano bonaerense –diez de las víctimas eran mujeres que también pertenecían a las fuerzas de seguridad–. Tres de cada cuatro tenían 35 años o menos.
