Por Santiago Fernández
Realmente, en el contexto político que la argentina está viviendo en los últimos cuarenta días, la noticia que ayer nos llegaba a la mesa de trabajo de la radio sobre la idea que anda dando vueltas de “sub negociar” los derechos de transmisión del fútbol argentino no sorprende para nada. Casi que lo esperábamos. Cuando, en estos días de indignación permanente, nos llovían como cataratas las noticias de cierres de programas sociales inclusivos, ajustes en políticas públicas, despidos de trabajadores en el Estado, yo pensaba: ¿ninguna va a zafar? Y no, por ahora no. Todas tienen un cierre, un cese, un ajuste o una modificación.
Cuando allá por la maratónica campaña, donde el hoy presidente acomodaba promesas según el termómetro del asesor ecuatoriano y gritaba: «Futbol para todos va a continuar, pero con algunos cambios», también me preguntaba ¿cómo van a hacer?, si los que laburamos en esto de conseguir anunciantes para sostener los gastos de una transmisión deportiva sabemos que el límite de posibles tiempos de aviso muchas veces genera un inconveniente en la misma financiación.
La pensaron, le encontraron la vuelta, pero, como no podía ser de otra manera, favoreciendo a un par de empresas privadas, dándole la espalda a un importante sector de la sociedad que si, esto llega a concretarse, perderá un derecho conquistado más.
Trascendió la idea, y es la siguiente: con la excusa de “recuperar” menos del diez por ciento de lo que el Estado invierte en comprarle los derechos televisivos a la AFA para este 2016 (1.900 millones de pesos), el Gobierno quiere venderle a los dos canales más importantes («El Trece» y «Telefe»), por la suma de 150 millones de pesos, los derechos de exclusividad para que se repartan los partidos donde jueguen los equipos grandes del fútbol argentino (Boca, River, Independiente y Racing). De esta manera, le otorgan a empresas privadas los partidos más «vendibles». Así, la posibilidad de explotarlos publicitariamente, comercializando el producto y obteniendo ganancias. Seguramente, tanto el Grupo Clarín como Telefónica ya sacaron cuentas, proyectaron mercado y esperan agazapados este acuerdo para salir beneficiado económicamente con una nueva política del Gobierno de Mauricio Macri.
Pero, como se viene viendo, este tipo de ideas es un combo: no se puede darle a uno sin quitarle al otro. Al estar los partidos más “importantes”, convocantes en estas pantallas, no estarán en la de la Televisión Pública. ¿Y qué significa esto? Resignar alcance masivo y gratuito a lo largo del territorio nacional. Lo que podría pasar es que el que vive en una ciudad en donde no haya repetidora de los canales 13 y/o Telefé y no sean abonados al servicio de televisión por cable, no podrían ver estos partidos. Por ende, por esta y otras cuestiones a confirmar, el fútbol por tele sería para menos.
Pero, si queremos enmarcarlo en un análisis político teniendo en cuenta los últimos meses, uno se puede preguntar dos cosas: primero, si este tipo de medida es o no una de las tantas devoluciones de favores que el Gobierno de Cambiemos tiene programadas con las empresas periodísticas que brindaron sus medios para la campaña del hoy presidente. Segundo, si forma parte de un acuerdo para mantener el blindaje mediático que la gestión actual tiene en los principales canales de televisión.
“Fútbol Para Todos”, como una política pública apuntada a recuperar valores y derechos quitados por empresas privadas sobre algo tan cultural y propio como el fútbol, es una realidad a defender que parte de una decisión política que estamos aplaudiendo desde el año 2009. Para argumentar este avance, siempre recurro a recordar cómo más de una generación de futboleros habíamos naturalizado que para ver los goles teníamos que esperar al domingo a la noche, para ver partidos completos había que tener cable, y para ver los clásicos había que abonar un plus por el codificado. Había que salir a encontrar libre una silla en un bar, estar obligado a pedir una gaseosa, o denigrado a rastrear la disponibilidad de un amigo, tía o primo que sí pagaba por esos servicios y coordinar para ir a ver el partido a su casa.
Buscando inclusión con política de Estado, se designó una cantidad de dinero para financiar la adquisición de los derechos y la producción de las transmisiones para que el fútbol argentino fuera televisado por canales de aire. Ahí está el fondo de la cuestión: ante esta “marcha atrás” disfrazada de reestructuración, lo que se pone en juego es este tipo de cosas.
Falta confirmar detalles. Tiene mucho olor a trascendido y a un gran intento de tantear el panorama. Pero esta posible “vuelta de tuerca” dentro del FPT del “cambio” va a tener muchos tecnicismos legales, acuerdos de producción y comerciales. Escuché hablar de que pondrían sus propios periodistas, que quieren llevar un partido a las 11 de la mañana, etcétera. Poca confirmación, pero la esencia es clara: beneficiar a un par de empresas a costa de sacarle a una importante porción de la población este derecho adquirido desde hace siete años.
Más allá de la idea, que en cuestión de días puede convertirse en decisión tomada, hay que decir que viene ligada a la coherencia que día a día viene mostrando este nuevo Gobierno. De lo que estoy seguro es de que lo intentarán.
