El proyecto político que asumió el poder en diciembre del año pasado es el mismo que instauró la dictadura cívico-militar genocida de 1976. Sus prioridades, intereses y modos de gestionar los asuntos colectivos son en esencia los mismos, y las diferencias deberían buscarse en las profundas transformaciones emancipatorias que en nuestro país ocurrieron durante los gobiernos kirchneristas, antes que en una voluntad macrista auténtica. De esa manera debe leerse, por ejemplo, el rechazo del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a la teoría de los dos demonios: las políticas de memoria, verdad y justicia y la lucha popular corrieron el límite hasta el punto de volver intolerable esa clase de posiciones. Pero una política de memoria auténticamente transformadora y soberana no puede ser ejecutada por un Gobierno antipopular, dirigido por la misma clase que se benefició obscenamente por las políticas de la Dictadura, y en muchos casos, por las mismas personas.
El Secretario de Culto, Santiago Manuel de Estrada, por caso, desempeñó el cargo de Secretario de Seguridad de 1976 a 1983 y, entre 1979 y 1983, fue también el interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados. Cercano a lo más avinagrado y retrógrado de la jerarquía eclesiástica, ya tenía experiencia como funcionario civil de Gobiernos de facto: había sido Subsecretario de Seguridad Social y Secretario de Promoción y Asistencia de la Comunidad durante la dictadura conducida por Juan Carlos Onganía. Carlos Manfroni no necesitó tener un cargo para defender el genocidio: desde el mensuario Cabildo vilipendió la democracia y la libertad (“producto de la hedionda Revolución Francesa”), el progresismo (“un infeccioso mal”), y el rock (“subversivo, anticristiano, antimetafísico y contracultural”). Su posterior trayectoria como apologista de la dictadura en diarios reaccionarios y universidades privadas iba a ser coronada con un cargo como Subsecretario de Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad, pero ante los cuestionamientos por sus antecedentes y carta abierta de Charly García en ese sentido, prefirió dar un paso al costado. Carlos Arroyo, intendente de una Mar del Plata asolada por el neonazismo, fue elegido para intervenir la Asociación de Conductores de Taxis en 1979. En 2007, melancólico, decidió acompañar al represor Luis Patti en su proyecto electoral, yendo como candidato a concejal en su boleta. Ariel López menos de dos meses como jefe de Gabinete del Municipio de Quilmes: su pasado como director de prensa de Berzategui entre 1982 y 1983 le impidió sostenerse en el cargo.
Esta historia también se reproduce mediante los vínculos familiares. Así como Ernesto Weber, el subcomisario asesino de Rodolfo Walsh, tuvo un hijo homónimo que capitaneó la represión en Avenida de Mayo y 9 de Julio cuando agonizaba el gobierno de De la Rúa, el legado de los Massot encontró en Nicolás Massot, el jefe de la bancada PRO en Diputados, su continuidad ejemplar. No es un prejuicio familiar: Nicolás es accionista de La Nueva Provincia, el diario abiertamente pro dictadura de Bahía Blanca, y ha defendido a su tío Vicente al asegurar que la causa donde se lo juzga como coautor del homicidio de dos obreros gráficos, entre otros cargos, fue “manipulada con fines de persecución mediática, como el gobierno anterior nos tenía acostumbrados”.
Una situación similar es la de Luis María Blaquier, titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Su tío también está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad, y el sobrino también tiene vínculos con un medio que apoyó la dictadura: integró el directorio del Grupo Clarín hasta que renunció para poder asumir en su nuevo rol. Otro que atiende de ambos lados del mostrador es Miguel Braun, Secretario de Comercio de Mauricio Macri: su familia es dueña de los supermercados La Anónima, y su prosperidad actual no sería tal si en 1980 el entonces Ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz no hubiera definido la estatización de la quebrada empresa Austral, de propiedad de los Braun, con el único fin de evitarles pagar la deuda que tenían con el Estado. Horacio Tomás Liendo, por su parte, probablemente desarrolle las aptitudes familiares en su rol como Director del Banco Central aprendidas de su padre, funcionario de Cavallo, y su abuelo, militar y Ministro de Trabajo de la Dictadura, y ejercitadas en el Estudio Liendo, entre cuyos clientes figuran empresas que han litigado contra el Estado argentino en tribunales internacionales.
La galería de dinosaurios es variada, pero todos tienen en común haber defendido durante la democracia a la dictadura y sus protagonistas. Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, lo hizo como abogado durante juicios por crímenes de lesa humanidad. También entra en esta lista Juan Manuel Lucioni, secretario de Seguridad de Tres de Febrero, militar retirado por Néstor Kirchner por participar de una actividad donde se reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.
Los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Comunicaciones, Oscar Aguad, cierran esta lista infame. El primero fue Director Académico del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, una de las entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura, y que propusiera la continuidad de los jueces que trabajaron durante ella. De Aguad es posible hallar fotografías junto al represor Luciano Benjamín Menéndez en actividades públicas, que muestran sus excelentes vínculos con militares y ex policías que administraron la masacre en Córdoba.
Esta nómina no debiera llamar la atención. Son los gestores de un proyecto político perverso de entrega de la soberanía política, exclusión social y dependencia económica, comandado por Mauricio Macri, un admirador de la intendencia dictatorial del brigadier Osvaldo Cacciatore, durante la cual sus empresas obtuvieron enormes beneficios. Esta línea, que va de la presencia de Vicente Massot en la Marcha del Silencio por el ex fiscal Alberto Nisman, al represor Héctor Pedro Vergéz exhibiendo una imagen de la pareja presidencial durante el juicio La Perla, sólo se cortará cuando un Gobierno emancipador y popular pueda retomar las políticas de memoria, verdad y justicia desde un compromiso auténtico contra la impunidad y la degradación de la humanidad.
