Por Roberto Álvarez Mur
El allanamiento a los domicilios de tres ex gerentes del portal Télam suma un nuevo episodio de persecución política por parte de Cambiemos. La irrupción de las fuerzas de seguridad fue justificada por el Gobierno en base al presunto retiro de objetos personales de las instalaciones por parte de los ex trabajadores de la agencia, como también por la participación de estos en la agrupación política La Cámpora. El dirigente Andrés Larroque definió este accionar como “saña con el kirchnerismo”, y Eduardo «Wado» De Pedro apuntó: “Me llama la atención cómo un sector de la Justicia para algunas cuestiones mediáticas tiene una gran celeridad y no para responder por hechos como el del 19 y 20 de diciembre”. A través de las redes sociales, la concejala y decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, repudió «las burdas operaciones para ejercer persecución política en Télam».
“No me cabe duda de que lo que ha definido el Cuervo Larroque es correcto”, dijo a Contexto la abogada y representante de AFSCA, Graciana Peñafort.
“Hay un sector del Poder Judicial que está poniendo un especial énfasis en avanzar en las causar sin siquiera meditar en determinadas cuestiones. A mí me parece un tanto, si se quiere, exagerado un allanamiento frente a algo que pueda ser bastante normal”, dijo la abogada. Y agregó: “En este caso hay una causa penal y hay que analizar el contexto. He visto el video y no me parece que haya ninguna prueba visible de que la documentación sea la que se denuncia”.
En Twitter, la decana de Periodismo de La Plata denunció un «plan sistemático de censura» de la Alianza «macrismo-partido judicial-medios hegemónicos». Y detalló que su mecanismo es: «Avasallamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la democracia; estigmatización del periodismo opositor para luego perseguirlos; despidos en medios públicos amparados en una falsa y brutal idea de pluralidad; presión a los medios privados para desplazar a los periodistas con una postura crítica sobre el gobierno entreguista de Cambiemos; criminalizar a periodistas y trabajadores de prensa con las herramientas del partido judicial a su disposición.
«Los objetivos: acallar, adoctrinar y garantizar el blindaje mediático para llevar a cabo su plan de vaciamiento y represión», completó la decana y concejala platense del FpV.
«Los objetivos (del plan sistemático de sensura) son adoctrinar y garantizar el blindaje mediático para llevar a cabo el plan de vaciamiento y represión». Florencia Saintout, decana de Periodismo (UNLP) y concejala platense (FPV).
Asimismo, la jueza y titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, dijo a Contexto: “Esto no debería ni siquiera tener carácter público, ya que se encuentra en etapa sumarial, y la Ley establece que tal etapa debe ser secreta –salvo para las partes–, para evitar perjudicar el nombre del imputado”.
Garrigós de Rébori explicó: “El juez Bonadío acaba de citar a indagatoria a Guillermo Moreno por haber dicho que Clarín miente. Es decir, parece haber una moda por perseguir a los funcionarios del anterior Gobierno y manchar su imagen. En general, este Poder Judicial responde así a los cambios de Gobierno”.
«parece haber una moda por perseguir a los funcionarios del anterior gobierno y manchar su imagen. En general, este poder Judicial responde así a los cambios de gobierno”. María Laura Garrigós de Rébori, jueza.
La maniobra del Gobierno contra los trabajadores de la agencia de noticias Juan Dasso Freysz, María Inés Lopisi y Pablo Taricco, quienes fueron acusados de haber sustraído cajas y elementos de trabajo al finalizar su gestión dentro de Télam, fue replicada por los principales medios corporativos de Argentina, con especial hincapié en la actividad militante de los acusados. El diario La Nación lo llevó a tal punto de titular: “El Gobierno denuncia a La Cámpora por supuesto robo de documentos”.
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La respuesta de La Cámpora
“El allanamiento fue puesto en marcha en horas de la noche por personal de Gendarmería, a los efectos de intimidar a los compañeros Juan Dasso Freysz, Pablo Taricco y Mariana Lopisi, con el objetivo de que estos últimos dos renuncien a sus puestos de trabajo sin reclamar lo que le corresponde de acuerdo a la ley”, expresó un comunicado oficial emitido por La Cámpora a través de su portal web.
El texto continúa: “En esa propia ley se amparó el actual presidente de la agencia Télam y denunciante de nuestros compañeros, Ricardo Pousá, cuando en 2002 no renunció a su cargo de director pese al cambio de gobierno, comenzó un juicio a la empresa al ser despedido y cobró una suma cercana al millón de pesos.
Eso no es todo: el colmo de esta denuncia es que haya sido instigada por el ministro de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien por su paso por la función pública nacional durante el gobierno de Fernando De La Rúa, y en la Ciudad de Buenos Aires acompañando las gestiones de Macri, acumuló denuncias, imputaciones y procesos, algunos de los cuales continúan con causas abiertas, mientras que otras prescribieron por la inacción del Partido Judicial.
La misma ‘Justicia’ que no tiene preso a ningún compañero de gabinete de Lombardi por las muertes en la Plaza de Mayo y el resto del país por los asesinatos de manifestantes que reclaman el 19 y el 20 de diciembre de 2001, hoy actúa como un bufete de abogados a las órdenes de Macri.”
