El jueves por la noche el Gobierno nacional anunció el fin de la quita de retenciones para la exportación de granos, luego de haberse completado en apenas tres días el cupo de liquidación de USD 7.000 millones previsto por el decreto 682/2025. La medida benefició de forma extraordinaria a una docena de grandes empresas agroexportadoras que se hicieron con una ganancia de USD 1.500 millones, mientras que los productores se quedaron por fuera del corto y jugoso negocio que había lanzado el ministro de Economía, Luis Caputo.
Por esta política de corto plazo, y en un contexto de crisis social y ajuste fiscal, el Estado dejó de recaudar más de USD 1.500 (0,23% del PBI), según el esquema de derechos de exportación que regía hasta el viernes pasado. Esa ganancia extraordinaria fue para apenas once empresas, según las declaraciones: Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM De acuerdo al reporte de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, casi el 80% de la liquidación correspondió a porotos de soja y subproductos.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de eliminar de forma transitoria las retenciones a los granos respondió más a la urgencia de la crisis cambiaria que a una estrategia de largo plazo para el agro. Con un Banco Central exhausto por la pérdida de reservas y bajo la presión de contener un dólar en alza, el Gobierno buscó forzar la liquidación inmediata de divisas ofreciendo un incentivo fugaz y millonario para los grandes exportadores.
Las críticas a esta maniobra provinieron desde diversos sectores del ámbito político y económico. El primer candidato a diputado de Fuerza Patria, Jorge Taiana, sostuvo que se trató de “otra estafa de Milei: ahora a los productores agropecuarios con las retenciones, cuyos beneficios se quedaron las cerealeras”. Y agregó que “igual que con Libra y las coimas en discapacidad, siempre la misma matriz: negocios para unos pocos, ajuste y abandono para el resto”.
El exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, dijo que esta medida fue de un “tributarismo feudal” y una “estafa monumental”. “No sacaron ni bajaron las retenciones, dejaron de cobrarlas” y denunció que se trató con “pacto” con la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que reúne a las grandes empresas aceiteras de exportación.
Desde el sector del campo, los cuestionamientos también llegaron por parte de la Sociedad Rural, cuyo titular, Nicolás Pino, quien pidió que la quita de retenciones sea permanente y mostró su descontento porque la medida habría sido solo aprovechada por las cerealeras y no por toda la cadena agropecuaria. «¿Llegó este beneficio al productor? ¿Lo pudo aprovechar o no lo pudo aprovechar? ¿Cómo pudo ser que en 48 horas se hayan emitido tantas DDJJ por tanto dinero? Hay que ser prudente hasta tener los datos concretos y ver cómo se generó esto y evaluar», planteó. Y lanzó: «Dejame pensar que la intención era otra, porque sino la frustración va a ser grande».
La Mesa Agroalimentaria Argentina, que nuclea a la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y Bases Federadas, también cuestionó con dureza la maniobra oficial. Señaló que la quita de retenciones no sólo fue un “beneficio fugaz para las grandes cerealeras” sino que dejó fuera de juego a los pequeños y medianos productores, a quienes nunca llegó el supuesto alivio impositivo.
En un comunicado advirtió que la medida profundiza la concentración del negocio agroexportador en pocas manos y vuelve a marginar a quienes sostienen la producción de alimentos en los territorios, “privilegiando la especulación financiera por sobre la producción real”.
EEUU pide, Milei obede
El trasfondo de la efímera quita de retenciones no puede entenderse sin el componente geopolítico. Apenas horas después del “regalo” a las cerealeras, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anticipó que las retenciones volverían y subordinó la ayuda financiera de Washington al cumplimiento de esa decisión.
La presión llegó luego de que la American Soybean Association (AAA) —que nuclea a más de medio millón de productores estadounidenses— reclamara públicamente por la medida, preocupada por la pérdida de competitividad frente a la Argentina en el mercado chino, su principal comprador de soja, bloqueado hoy por la guerra comercial entre Washington y Pekín.
“Argentina acaba de vender 20 cargamentos de soja a China tras eliminar sus impuestos a la exportación, mientras que EE. UU. aún no ha realizado ninguna venta de nueva cosecha debido a los aranceles del 20% impuestos por China”, afirmó la AAA.
Así, mientras el agro estadounidense denuncia que ya no puede colocar su producción en China, la Casa Blanca encontró en la fragilidad financiera de Milei la oportunidad para condicionar la política económica argentina: el swap por 20.000 millones de dólares, la compra de bonos y un crédito stand-by se ofrecen como salvavidas, pero atados a que Buenos Aires acomode su estrategia en beneficio de los intereses norteamericanos.
