por José Manuel Welschinger
El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires presentó una impugnación al nombramiento de Carlos Rosenkrantz como postulante a ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsado por el presidente Mauricio Macri, amparados en el Decreto 222/2003, según el cual los colegios pueden elevar observaciones antes de los nombramientos públicos. Para la entidad bonaerense, el posible nombramiento del abogado en la máxima autoridad judicial del país supondría una violación al principio de independencia de los poderes, puesto que el Gobierno de Cambiemos se encuentra íntimamente relacionado con grupos lobbystas afines a los intereses corporativos de la empresa Farmacity, que actualmente litiga contra el Estado.
“No es bueno que esté Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, como vice jefe de Gabinete; y que al mismo tiempo uno de los jueces propuestos sea Rosenkrantz, abogado de la firma que lleva un juicio que tiene Farmacity contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, explicó María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia.
Según la presentación del Colegio, la empresa Farmacity se encuentra sosteniendo litigios contra el Estado para incrementar su expansión territorial sobre el suelo provincial, a la vez que para ampliar su oferta con la venta de productos prohibidos por ley para su comercialización en farmacias (como golosinas y artículos personales). Estos juicios, en los que Rosenkrantz pleitó contra la provincia, permanecen abiertos, ya que la empresa insiste en eximirse de las leyes que le impiden su desembarco sobre el territorio bonaerense.
El Colegio además señaló que Rosenkrantz omitió su vinculación con Farmacity en la presentación de Declaraciones Juradas y Currículum Vitae para su postulación.
EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS ADEMÁS SEÑALÓ QUE ROSENKRANTZ OMITIÓ SU VINCULACIÓN CON FARMACITY EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS Y CURRÍCULUM VITAE PRESENTADOS PARA SU POSTULACIÓN COMO CORTESANO.
A su vez, Reinoso también desmintió que los pacientes pudieran beneficiarse con el ingreso de las cadenas en la provincia, ya que el precio del medicamento es único en todo el país, es decir que no se trata de un tema que se ajuste a las leyes de la competencia de mercado. “Farmacity podrá ofrecer mejores precios en otros productos, pero no en los medicamentos; y además representa un modelo comercial que nada tiene que ver con la mirada sanitaria y el rol social de la farmacia que defendemos en la provincia”.
Desde el Colegio se advirtió que la cadena realizó sucesivos intentos por instalarse en la provincia. En 2012, comenzaron contra el Estado un juicio donde querían romper los parámetros que establece la Ley 10.606 para la instalación de farmacias, la normativa que establece una distancia mínima de trescientos metros entre farmacias, la regulación de la densidad poblacional que establece una farmacia por cada tres mil habitantes, y la prohibición de ser una Sociedad Anónima. Actualmente, las causas se encuentran en la Suprema Corte provincial, ya que el Colegio ha ganado los juicios en primera y segunda instancia, motivo especial para evitar la oportuna entrada de Rosenkrantz como ministro de la Corte nacional, si las causas llegaran hasta ese punto.
En 2013, el Ministerio de Salud de la Nación dictó un marco legal en el que se estableció que las farmacias sólo pueden dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos y productos destinados a la higiene o estética. Sin embargo, Farmacity ingresó en la provincia hacia fines de ese año mediante la fundación de Simplicity, una cadena dedicada a la venta de productos de entretenimiento, belleza, moda, regalería, spa y decoración; instalando su primer local en Morón, expandiéndose luego hacia la ciudad de La Plata y San Isidro. “El Colegio observará esta designación –sostuvo Isabel Reinoso–; nos preocupa sobremanera”. Para la presidenta del Colegio de farmacéuticos, resistir el nombramiento de Rosenkrantz significa la defensa de un modelo de salud replicado por muchas provincias, a diferencia del modelo shopping impuesto por las cadenas. “La ley provincial es una norma de corte sanitarista, que concibe a la farmacia como un servicio público y no como un comercio”, expresó Reinoso.
El hombre lobby
La designación por decreto de Carlos Rosenkrantz como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ensayada por el flamante presidente Mauricio Macri durante el mes de enero, fue una de las medidas que más polémica desató dentro del panorama político nacional, ya que fue el primer asunto en el que las fuerzas que respaldaron a Cambiemos durante su campaña debieron salir a enfrentar al nuevo Gobierno, a la vez que fue la primera medida en la que el nuevo Presidente debió dar marcha atrás.
Sin embargo, aunque no se lo nombrara por decreto, la recomendación de Rosenkrantz para la Suprema Corte resultó ser no menos polémica al comenzar a tratarse el tema en la Cámara de Senadores.
Los principales argumentos en contra de su promoción hacia el máximo tribunal giran en torno a su actividad como abogado de las grandes empresas, que van desde Clarín y La Nación, hasta el Grupo De Narváez, Carbap y Mac Donald’s (empresa a la que defendió en 2001 durante un célebre caso de hamburguesas contaminadas que dejó hospitalizados a varios niños).
Como si eso fuera poco, Rosenkrantz ha defendido a la azucarera Ledesma en una causa que permanece pendiente respecto de la complicidad civil durante la última dictadura militar.
Respecto de los lazos que mantiente con el empresario Mario Quintana (ex CEO de Farmacity y actual vice jefe de Gabinete), así como con el PRO, datan desde hace décadas: en 1988 publicó un libro escrito junto a Horacio Rodríguez Larreta, luego compartió negocios inmobiliarios con Nicolás Caputo (el amigo de Macri que recibió las millonarias contrataciones directas en CABA), y también recibió decretos especiales en la Ciudad de Buenos Aires que favorecieron la permanencia de Farmacity sorteando la reglamentación nacional, mientras la empresa era defendida por el abogado.
Para desestimar las posibles sospechas de lobbysmo en la Corte, durante su presentación ante el Senado Rosenkrantz aseguró que se abstendría de fallar en los casos que involucraran a las partes que en el pasado fueron representadas por su firma. “Me excusaré, porque creo que hay razones de decoro que así lo indican, aun cuando no dudo en modo alguno de la imparcialidad con que puedo analizar los casos que traigan ante los estrados del tribunal”, sostuvo el abogado.
Respecto del caso de Farmacity, Rosenkrantz aseguró: “Fui contratado para defender una cuestión de policía entre Nación y provincia; obvio que me excusaré si llega a la Corte”.
También cabe señalar que uno de los principales motivos de oposición para su inclusión en la Corte gira en torno a los intereses del Grupo Clarín en desligarse de los amparos presentados ante la Justicia para no adecuarse a la Ley de Medios, que ya se encontrarían caducados. En febrero de 2015, el Grupo presentó una medida cautelar para evitar su adecuación de oficio a la Ley 26.522, ratificada luego por la Corte Suprema durante el mes de noviembre, que, según algunas interpretaciones, habría tenido duración hasta el 1º de febrero de 2016.
