En representación de distintos colegios provinciales y convocados por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, se manifestaron para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) deniegue el recurso de queja de Farmacity, ya que su modalidad mercantilista y de sociedad anónima atenta contra la Ley Provincial N° 10.606 que regula el ejercicio profesional y establece ciertas pautas para las farmacias.
Las dos restricciones pertenecen al artículo 3° de la ley, donde dispone que haya una farmacia cada 300 metros, a fin de “asegurar la atención y calidad del servicio”, y autoriza la habilitación de una por cada 3.000 habitantes para que haya una distribución sanitaria racional. Sostienen que estos criterios fueron recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El otro punto de contraste es que Farmacity es una sociedad anónima, cuando la ley acepta como figuras de propiedad a un farmacéutico responsable o sociedades hechas entre estos.
«Repudiamos y rechazamos que se vulnere la ley y se haga a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos. Nos preocupa que haya presiones políticas para intentar atropellar las instituciones democráticas de la provincia», manifestaron desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, que nuclea a 4.500 farmacias y que ha puesto una dura resistencia a la embestida de la poderosa empresa.
«Nos preocupa que haya presiones políticas para intentar atropellar las instituciones democráticas de la Provincia.»
“Esto permite tener farmacias no solo concentradas donde hay mayor gente, sino también en las periferias, que es donde la población más vulnerable necesita un fácil acceso al medicamento. En caso de que ingresen estas cadenas, no tendrían este acceso porque se concentran en las zonas céntricas de las ciudades donde hay mayor poder adquisitivo”, señaló a Contexto Marcelo García, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata.
“Desde los Colegios no impedimos el ingreso de Farmacity a la provincia, en tanto se adecuen a las leyes vigentes”, añadió.
Los farmacéuticos bonaerenses habían encendido la alerta luego de que la CSJN aceptara tratar el caso, a pesar de que previamente la Justicia bonaerense lo había rechazado de plano.
En concreto, la preocupación se basa en los vínculos que existen en el caso: Mario Quintana, actual vicejefe de Gabinete de la Nación, fue fundador de la cadena y CEO hasta diciembre de 2015, mientras que el juez de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, como abogado tuvo de cliente a la empresa durante su litigio con el Estado provincial, que comenzó en 2012.
“Como vemos venir un lobby y una presión política sobre la Corte, salimos a la calle en reclamo de que la Corte Suprema avale lo que falló la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires”, sintetizó Marcelo García.
«vemos venir un lobby y una presión política sobre la Corte.»
Para los farmacéuticos hay un choque entre dos miradas sobre el sistema sanitario: uno con la mirada prioritaria desde la cuestión sanitaria y otro desde el negocio.
Por el lado de la empresa, afirman que la Ley N° 10.606 impide la libre competencia, de ahí que haya llevado el reclamo a la CSJN después de los reveses de la Justicia provincial. La ley fue sancionada en 1987 y tuvo una modificación en 2004 que no alteró los artículos mencionados. “Siempre fue respetada, no se han cambiado sus lineamientos básicos”, sostuvo Marcelo García.
El defensor del pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, por su parte, ha respaldado durante la disputa al Colegio de Farmacéuticos de la provincia. “Hay una ley vigente que debe respetarse y estamos en contra de que el capricho de un empresario perjudique a los bonaerenses», afirmó. Además la Defensoría intervendrá en la causa bajo la figura de amicus curiae para acompañar a los farmacéuticos.
Las Cámaras empresarias también se posicionaron contra el avance de Farmacity. Miguel Lombardo, presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, afirmó en diálogo con AM 1230 que “hay una legislación vigente que regula la instalación de farmacias en territorio provincial, que hasta tanto no se cambie hay que cumplirla”.
Y agregó que “estos grupos económicos pueden dañar severamente, en principio, el equilibrio de la localización de las farmacias, que en la provincia están regladas por posturas de la OMS”, visto que “se instalan donde los mercados y concentraciones urbanas les significan una buena rentabilidad”.
