El anuncio del Ministerio de Salud sobre la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) generó una ola de críticas y preocupación en la comunidad médica, científica, en dirigentes de la oposición y en organizaciones de pacientes oncológicos. Mientras el Gobierno sostiene que la medida busca «eliminar la duplicidad de tareas» y «optimizar la eficiencia», los especialistas advirtieron que este cambio se traducirá en el debilitamiento de las políticas oncológicas con impacto negativo en el acceso a tratamientos.
Uno de los mayores temores es que la absorción del INC afecte la provisión de medicamentos oncológicos y el acceso a tratamientos. Médicos y organizaciones de pacientes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se reduzca la llegada de fármacos esenciales y se vean afectadas las campañas de prevención, claves para la detección temprana del cáncer.
Este anuncio se enmarca en un contexto de ajuste en el sistema de salud, con reducción de presupuesto en hospitales, programas sanitarios y despidos de trabajadores del sector. Hace algunas semanas, la Administración libertaria desmanteló el Programa de Cuidados Paliativos del INC, despidiendo a sus trabajadores y recortando la entrega de medicamentos. En este marco, la absorción del INC es percibida como un paso más en el debilitamiento de la atención pública oncológica, en un país donde el cáncer es la segunda causa de muerte.
«El cáncer es la segunda causa de muerte en Argentina, luego de las enfermedades cardiovasculares. El chiste de la motosierra es ahora la tragedia de miles de personas que se quedan sin tratamientos», afirmó Matías Gallastegui, médico generalista y docente de salud pública.
En su comunicado, el Ministerio de Salud justificó la medida argumentando la existencia de «estructuras duplicadas» y «fallas en la compra de medicamentos», mencionando que en 2023 se adquirieron 400.000 unidades de morfina que vencieron debido a «una mala planificación». Sin embargo, los expertos alertaron que los problemas administrativos no se resuelven con la disolución de organismos especializados, sino con mayor control y presupuesto.
En esa línea, Daniel Gómez, uno de los ex directores del INC, aseguró: «Se nos presenta esta medida como una simple reorganización administrativa, pero no nos engañemos: esto es un retroceso en la lucha contra el cáncer en Argentina. Puede ser que requiera mejores políticas, pero con un programa de mejora hubiera bastado».
Gómez añadió que «el INC no es una mera oficina burocrática. Es el corazón de la política oncológica en el país». En ese sentido, se explayó: «Ha sido un centro estratégico para la prevención, la detección temprana, la investigación y el acceso a tratamientos en un país donde el cáncer es la segunda causa de muerte y creciendo. Su existencia ha permitido una coordinación eficiente de programas nacionales, articulando hospitales, universidades, investigadores y pacientes».
Por su parte, el diputado nacional y presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, dijo que «cerrar el Instituto Nacional del Cáncer es otro error, justificarlo en la mala gestión es solo un reconocimiento a la propia incapacidad. Va a contramano del mundo».
Desde la oposición, en este caso desde el Gobierno bonaerense, la viceministra de Salud, Alexia Navarro, remarcó que este «‘cambio administrativo’ atenta contra el funcionamiento del Instituto, y con la salud de miles de personas que reciben y necesitan tratamiento».
En tanto, el ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, señaló que «el cierre del Instituto Nacional del Cáncer es una pésima decisión». «A partir de su creación en el año 2010, el control y tratamiento del cáncer en la Argentina se convirtieron en una política de Estado que hoy corre serio riesgo y esto puede traer graves consecuencias».
Creado en 2010, el Instituto Nacional del Cáncer ha sido un organismo fundamental en la prevención, investigación y tratamiento del cáncer en el país. Su misión ha sido coordinar programas de control y detección temprana, garantizar el acceso a medicamentos oncológicos y promover la capacitación de profesionales en la materia. Desde su creación, desarrolló estudios epidemiológicos claves e impulsó políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
