Por Alejandro Palladino
El juez federal Carlos Rozanski declara hoy en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la denuncia presentada hace seis años por Julio Piumato, titular del gremio de judiciales, por supuesto “acoso laboral” a los empleados judiciales. Rozanski señaló que el reflote de la denuncia archivada responde a una persecución en su contra para impedir el avance de los juicios de lesa humanidad que recaen en sectores civiles y empresariales.
El magistrado que preside el TOF N° 1 de La Plata, que condenó al represor Miguel Etchecolatz, al cura Christian Von Wernich, y que realizó los juicios de La Cacha, Circuito Camps y la Unidad 9, dijo que Piumato busca “desestabilizar” los juicios, y sostuvo que la denuncia coincidió con el juicio por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 9, que Piumato intentó “sabotear”.
Rozanski unió cabos: los intereses del macrismo por manejar el Poder Judicial, como herramienta de capital político; los intereses corporativos de Clarín y La Nación para presionar para que no avancen las causas de lesa humanidad en las que están implicados civiles; y la relación entre jueces acusadores del Consejo de la Magistratura ligados al Gobierno con el gremialista Piumato.
“Esto es una afrenta de la corporación judicial con el visto bueno de la alianza Cambiemos para avanzar sobre los jueces que fueron protagonistas de la profundización del proyecto de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos doce años”, dijo a Contexto Matías Moreno, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata y miembro de la asociación Hijos de la capital bonaerense, una ciudad donde Rozanski se convirtió en un emblema en cuanto al enjuiciamiento de represores.
“Ojalá que el Poder Judicial adopte la misma celeridad que adopta para perseguir a jueces comprometidos con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, con las causas que quedan pendientes acerca de la complicidad civil y empresarial, como las causas Blaquier, Loma Negra y Papel Prensa. Nosotros no vemos la misma vocación”, señaló Moreno.
El titular del TOF N° 1 recibió el apoyo de entidades de la sociedad civil. Entre ellas, la “expresión de solidaridad” de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Y la presentación como Amicus Curiae del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH), organismo que definió como “improcedente” la denuncia formulada contra Rozanski.
Otro punto formulado por Rozanski fue la situación de otros dos jueces perseguidos en condiciones similares a la suya. La línea en común entre ellos tres, afirmó, es haber tenido participación en la causa de lesa de humanidad Papel Prensa, empresa que pertenecía a la familia Graiver durante la dictadura, expropiada ilegalmente por el Gobierno represor y cuyas mayores acciones están en manos de Clarín y La Nación.
Rafecas y Freiler también ingresan en el rótulo de jueces a los que les reactivan denuncias antiguas presentadas en el Consejo de la Magistratura en los últimos tiempos, entre el avance judicial, del Ejecutivo y de los medios corporativos.
La denuncia de Piumato fue trabajada por los periodistas Jorge Lanata y Romina Manguel en el programa Periodismo Para Todos, fomentando la idea de que tanto él como Rafecas y Freiler serían desplazados por el Gobierno. De hecho, el juicio político contra Rozanski fue revivido dos semanas después de la emisión del programa de Canal 13.
Rafecas tuvo en sus manos la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de iraníes por la causa AMIA, que fue rechazada por “inexistencia de delito”. En marzo fue presionado por el oficialismo para reabrir la causa, aunque sin éxito. Algo similar ocurrió con Freiler, que rechazó recientemente supuestas pruebas presentadas por la DAIA, que no evidenciaron indicios de delito. A su vez, Freiler fue denunciado por enriquecimiento ilícito, pero no prosperó. Además, formó parte de la sala que confirmó el procesamiento de Macri en la causa por escuchas telefónicas ilegales.
