El inicio del ejercicio presupuestario de 2026 confirma la profundización del ajuste fiscal del Gobierno nacional. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución de la Administración Pública Nacional (APN), el gasto total en enero de 2026 experimentó una caída real del 22% respecto al mismo mes de 2023. El informe pone en números el impacto de la motosierra sobre áreas sensibles como la seguridad social, la obra pública, la educación y la salud pública, y la asistencia alimentaria.
“Si bien se trata de un período inicial del ejercicio presupuestario, estos datos permiten identificar las primeras señales de la orientación fiscal del año, caracterizada por un marcado sesgo contractivo”, advirtió el CEPA.
En primer lugar, los datos de ejecución en el área de Desarrollo Social y Educación muestran partidas prácticamente paralizadas. Según el CEPA, programas críticos como el Plan Nacional de Protección Social, el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y la partida para Comedores Comunitarios y Merenderos, registraron una caída del 100%. Es decir, no se ejecutó un solo peso para estas áreas en el primer mes del año.
En el ámbito educativo, la situación es similar. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el programa Conectar Igualdad y el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles también muestran una ejecución nula (-100%). La infraestructura y equipamiento escolar sufrieron un recorte del 99%, dejando a la educación pública en una situación de extrema vulnerabilidad ante el inicio del ciclo lectivo.
Por su parte, el sistema científico-tecnológico, blanco constante de la retórica oficial, muestra caídas generalizadas: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación se redujo un 76%, el CONICET un 21% y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) un 24%.
En salud, instituciones de referencia como el Instituto Malbrán (-34%) y la ANMAT (-56%) presentan bajas significativas en sus recursos. Por el lado de la previsión social, la ANSES registró un recorte del 10% en términos reales, mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió una poda del 72%.
Incluso las fuerzas de seguridad y armadas, áreas usualmente preservadas en el discurso gubernamental, no escaparon al ajuste: la Policía Federal sufrió un recorte del 38%, Gendarmería del 29% y el Ejército Argentino del 18%.
En tanto, los Servicios de la Deuda Pública continúan absorbiendo una porción central de la caja estatal: en enero representaron el 8% del gasto total ejecutado. Esta prioridad financiera contrasta con el desfinanciamiento de la educación, la salud y la ciencia.
A contramano de la tendencia general de ajuste, el informe destaca un fuerte incremento en los recursos destinados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de Presidencia, cuyo presupuesto ejecutado creció un 69% en términos reales.
Desde las organizaciones sociales y los gremios advierten que este nivel de subejecución presupuestaria no solo paraliza la gestión estatal, sino que profundiza la recesión. La caída del 44% en el presupuesto del INTI y del 87% en el Instituto de Investigación y Desarrollo evidencia el impacto sobre el sector productivo, que enfrenta además la competencia de productos importados en un contexto de mercado interno deprimido.
El modelo económico de Javier Milei, basado en apertura importadora, salarios por debajo de la inflación y endeudamiento externo, tiene al recorte del gasto como eje central. Este rumbo fiscal, respaldado por el FMI y los Estados Unidos para asegurar el pago de la deuda, mantiene en alerta a la oposición, los gremios y las organizaciones sociales por su impacto productivo y social.