Con el eco aun latente del discurso de Javier Milei pronunciado anoche en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, la Confederación General del Trabajo se movilizó hacia Tribunales para judicializar la ley de reforma laboral. Luego de la aprobación del proyecto del oficialismo ocurrida la semana pasada, la central obrera movilizó para formalizar la acción judicial de amparo que vite que la ley entre en vigencia.
“Ante una multitud de compañeras y compañeros en Plaza Lavalle, hicimos entrega formal de nuestro planteo a la Justicia y llevamos adelante un acto central encabezado por nuestros cosecretarios generales, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, acompañados por dirigentes y dirigentas de los sindicatos presentes”, indicó la central a través de sus redes sociales.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, en declaraciones públicas.
A través de su representación legal, la CGT busca plantear la inconstitucionalidad de la ley, debido que esta vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales. Se trata de una dinámica que ordena el derecho laboral y establece que, una vez que un derecho ha sido reconocido y alcanzado, no puede ser eliminado ni recortado, sino sólo mejorado.
Por otro lado, la CGT demanda la revisión de determinados artículos por sus respectivos contenidos. Es el caso del artículo 98 que incrementa de forma generalizada las actividades laborales consideradas “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios, factor que interviene de manera central en el derecho a huelga.
Asimismo, se cuestiona el artículo 133, que restringe el derecho de realizar asambleas en los ámbitos y horarios laborales; y el 134, que redefine como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como forma de protesta.
También el 141 que habla de “prácticas desleales” sobre la convocatoria de asambleas, y los artículos 142 y 143, que habilitan a iniciar acciones judiciales por esas “prácticas desleales”.
“La acción forma parte de nuestra estrategia gremial: defender derechos constitucionales y señalar que la legislación impulsada por el Gobierno nacional es regresiva para las y los trabajadores”, aclararon desde la central.