El sector farmacéutico en alerta contra el decretazo de Milei

Organizaciones de profesionales vinculados al área presentaron una denuncia en rechazo de las medidas de desregulación en la venta y recetarios de medicamentos, y advirtieron sobre el peligro de lógica que “fomenta la automedicación”.

En simultáneo con la puesta en vigencia del DNU 70/2023, continúan las presentaciones judiciales contra la medida lanzada por Javier Milei. En este caso, profesionales del sector farmacéutico se organizaron para enviar un mensaje de rechazo hacia el DNU que, en esta área, presenta puntos que ponen en peligro la integridad de la población en torno al acceso a medicamentos.

«Lo que pretende imponer el DNU va en contra de objetivos sanitarios, y en contra de lo que se recomienda en los países más avanzados para nuestro sector. El DNU propone una mercantilización de las farmacias y considera al medicamento un bien de consumo más puesto en el mercado, sin controles ni regulaciones sanitarias, lo que (dadas las particularidades del sector) resultaría en incrementos de precios y dificultad de acceso para la población», expresaron desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR).

La entidad expresó su adhesión a la acción que llevaron adelante este viernes desde distintas asociaciones del sector, quienes presentaron una medida judicial en contra del decretazo, tal como hicieron gremios y organizaciones de distintos ámbitos. 

«Nos movilizamos a Tribunales porque entendemos que retrotrae la farmacia Argentina. Pretende que las farmacias funcionen sin farmacéuticos, lo cual es un despropósito, y que los medicamentos se vendan en quioscos, estaciones de servicios, supermercados», dijo a Contexto Rubén Sajem, director del CEPROFAR, al momento de acompañar la presentación de un amparo judicial redactado por constitucionalistas. 

En ese sentido, desde el sector advirtieron que la venta de medicamentos no recetados fuera de las farmacias «ya se ha demostrado que genera riesgo sanitario y automedicación», y además «la elevación de los precios», ya que se venderían mucho más caros que en una farmacia.

A través del DNU también se da de baja la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), desalentándose así la producción pública de medicamentos y su relación con la investigación nacional y pública, esencial para el desarrollo nacional en esta área.

«Se habilita a las droguerías a entregar medicamentos al público. En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos», alertaron.


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