Por Fernando M. López
En estos once meses de cambios neoliberales, los sectores populares fueron los más afectados. Se les expropian, sin previo aviso, enormes cantidades de recursos para redistribuirlos entre un pequeño grupo de ricos; se les recorta en vivienda, salud, deporte y educación; se les quita derechos adquiridos; se los condena al desempleo, el hambre y la marginación.
En medio del desastre social que produce la rapiña macrista, no sorprende que las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires sean asfixiadas por el retaceo de los escasos subsidios que les corresponden por ley.
En territorio bonaerense hay unas quinientas bibliotecas populares reconocidas oficialmente. El ministro de Gestión Cultural, Alejandro Gómez, debería garantizar que cada una de ellas reciba 7.887 pesos por mes, pero desde que fue designado por la gobernadora María Eugenia las demoras se hicieron eternas.
Las bibliotecas se organizaron y, en junio, luego de varias protestas, logaron que la provincia desembolsara los seis meses de subsidios que les debía. Desde entonces no pagó más y, ahora, la crisis se hace insostenible.
Luis Zurueta, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Buenos Aires, explicó a Contexto que con esos fondos se cubre parte de los salarios y las cargas sociales de los bibliotecarios.
“A este Gobierno le cuesta entender que somos entidades culturales sostenidas con el esfuerzo de los propios vecinos. Un bibliotecario debe cobrar de bolsillo entre 14 y 15 mil pesos, y son las comisiones directivas las que terminan haciéndose cargo de toda esa situación, cuando deberían ocuparse del desarrollo cultural y social, y de la promoción de la lectura en los barrios”, remarcó.
En La Plata, además del retaceo provincial, se suman las irregularidades del intendente Julio Garro, que también mantiene una deuda importante con las más de treinta bibliotecas populares del distrito.
Según explicó a este medio Manuel Negrín, de la asociación civil La Grieta y la Biblioteca Popular La Chicharra, la actitud de las nuevas autoridades fue la de “lavarse las manos” frente a las mensualidades adeudadas desde el año pasado.
“Para seguir cobrando el subsidio municipal, que ronda los 3.500 pesos mensuales, cada biblioteca tuvo que abrir un nuevo expediente. Esto implicó una especie de borrón hacia atrás, sin ningún tipo de explicación, ni formal ni institucional”, señaló Negrín, quien también integra el colectivo “Bibliotecas Populares en Lucha”.
Este miércoles habrá una movilización por las calles de La Plata hasta la sede de la cartera de Gestión Cultural, ubicada en 5 y 47, donde también se reclamará por la inmediata reglamentación de la nueva Ley 14.777, que crea el Sistema Provincial de Bibliotecas.
La norma, sancionada en agosto del año pasado, declara la lectura como un derecho humano y aumenta considerablemente los fondos para las bibliotecas populares, entre otros beneficios. Sin embargo, Vidal prefiere mantener vigente el decreto-ley de la última dictadura para seguir regulando la actividad.
“Entendemos que no se quiere implementar porque no sería de conveniencia en un contexto de políticas de Estado cada vez más regresivas”, sostuvo Negrín, aunque aclaró: “Persistiremos en el reclamo por este derecho adquirido, como también lo haremos con el tema de los subsidios adeudados. No me cabe ninguna duda de que, si las bibliotecas no reclaman, esos fondos irán a parar a otro lugar”.
