La reciente ratificación de la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema generó un fuerte revuelo político y social en la Argentina, con figuras del ámbito artístico y cultural expresando abiertamente su apoyo a la ex presidenta. Entre ellos, Lali, Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Juan Minujín, Malena Pichot y otros alzaron la voz no solo en defensa de la dirigente política, sino también en señal de alarma ante lo que consideran una avanzada contra la democracia y los derechos sociales. Por eso es que Iván Noble o Adrián Dárgelos, de posiciones menos explícitas, también salieron a repudiar la condena.
Pero este respaldo no es nuevo. A lo largo de los gobiernos kirchneristas, el sector artístico encontró una interlocución constante con el Estado, que no solo promovió políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector cultural, sino que también lo integró activamente en la construcción del relato nacional. El Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el INCAA y el Canal Encuentro fueron ejemplos concretos de un modelo que entendía la cultura como un derecho y una herramienta de transformación social. Festivales gratuitos, créditos a cooperativas artísticas, expansión de polos culturales y una fuerte inversión en industrias culturales caracterizaron esa etapa.
En contraste, el gobierno de Javier Milei ha adoptado una política de ajuste fiscal que incluye el desfinanciamiento sistemático de los organismos culturales. La eliminación o reducción de partidas presupuestarias al INCAA, la suspensión de festivales nacionales y la amenaza de cierre a instituciones como la Biblioteca Nacional o el Teatro Cervantes son parte de un modelo que considera a la cultura como gasto superfluo. A esto se suma un discurso que desprecia abiertamente al sector artístico, al que califica de «parásito», «ñoqui» o parte de la “casta”.
En momentos donde la cultura se convierte en terreno de disputa política, el posicionamiento de artistas y comunicadores no solo responde a afinidades partidarias, sino a una defensa del derecho a imaginar y construir colectivamente una identidad nacional que los contenga.
