En medio de la campaña electoral, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria por decreto, firmada por el presidente Javier Milei y que se publicará en las próximas horas. Según explicó esta mañana el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, la medida busca «evitar el caos y el abuso de muchos vivos».
Adorni sostuvo que la inmigración en Argentina históricamente fue “virtuosa, basada en el trabajo y el respeto por la ley”, y que “aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina”. Sin embargo, aseguró que “en algún momento el rumbo se desvió”, y que actualmente la normativa migratoria “invita al caos y al abuso de quienes están lejos de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”.
El vocero argumentó que hoy «entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas», y cuestionó que «las condiciones de deportación son demasiado flexibles». Detalló que «cualquier condenado con pena menor a tres años puede ingresar al país», y criticó lo que denominó “tours sanitarios”, es decir, extranjeros que “vienen, se atienden y se vuelven inmediatamente a su lugar de origen”. Según Adorni, en solo ocho hospitales nacionales se gastaron $114 millones el año pasado en atender a pacientes extranjeros. También señaló que “cualquier inmigrante con una condena menor a cinco años puede seguir viviendo en Argentina, lo cual representa un peligro para los demás”.
La medida busca endurecer los requisitos para el ingreso y la permanencia en el país. Entre los principales ejes se encuentran: la prohibición de ingreso a cualquier persona con antecedentes penales; la expulsión inmediata de quienes crucen por pasos no habilitados; la deportación de todo extranjero condenado en Argentina y la ampliación de los requisitos para acceder a la residencia permanente, que aún no fueron detallados.
A la par de estas restricciones, el Gobierno también anunció medidas que, aunque ruidosas, tendrían poco impacto práctico. Una de ellas es la habilitación a las universidades públicas para cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes; la otra, el cobro por el uso del sistema de salud a inmigrantes ilegales o con residencia transitoria o temporal.
Sin embargo, ambas iniciativas con la Constitución y con marcos normativos vigentes. En el caso de las universidades, la Ley de Educación Superior establece en su artículo 2 la gratuidad de los estudios de grado en instituciones públicas. Además, los estudiantes extranjeros ya deben presentar documentación que acredite su identidad, y en caso de no tener regularizada su situación migratoria, se les otorga un plazo de hasta dos cuatrimestres para hacerlo. En este caso, además de reformar la política migratoria, debería hacerlo propio con la educativa.
Por otro lado, el artículo 6 de la Ley de Migraciones vigente garantiza el acceso igualitario a derechos como salud, educación, justicia, trabajo y seguridad social para los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.
En el caso específico de la salud, aun si el Gobierno nacional avanzara con un DNU que modifique este articulado, en la práctica la mayoría de los servicios sanitarios son provistos por las provincias. En ese sentido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ya anunció que en la Provincia de Buenos Aires la atención sanitaria seguirá siendo gratuita para los extranjeros.
De hecho, desde el Ministerio de Salud provincial remarcaron el año pasado que “solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a personas extranjeras”.
Desde la ONU ya salieron a rechazar este anuncio. El vicepresidente del Comité de Derechos para los migrantes del organismo internacional, Pablo Ceriani Cernadas cuestionó en sus redes duramente esta medida. «Nuevamente, politización de la migración con fines electorales y tergiversando la realidad. Argentina tiene el % de inmigrantes + bajo de su historia, las estadísticas de delitos no cambia hace décadas, y los/as migrantes pagan impuestos como todos los habitantes», publicó al compartir un tuit de Patricia Bullrich.
