Por Daiana Giménez
Basándose en informes presentados por organizaciones sociales, la CEDAW indagó a la delegación argentina por parte del Estado sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. El Gobierno, encabezado por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de Mujeres, optó en varias ocasiones por llamarse al silencio, mentir o realizar promesas a futuro. «Ustedes tienen muy buenas leyes, pero todas sus expresiones son declamativas. Queremos que nos digan qué es lo que ha llevado adelante el Estado argentino en el cumplimiento como Estado parte de los derechos de las mujeres», manifestaron desde la ONU ante las evasivas de las representantes argentinas.
Organizaciones como OTRANS, el Frente LGTBI, Amnistía Internacional, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Plurales, el CELS y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres(CLADEM), se presentaron en Ginebra con documentación sobre siete puntos: políticas públicas, violencia y discriminación, acceso al aborto, salud de las mujeres, situación de mujeres trans y travestis, mujeres privadas de libertad, y mujeres rurales e indígenas, destacando la regresividad expuesta por el macrismo durante estos meses. Las respuestas de la comitiva nacional no ayudaron al respecto. «La presentación de Fabiana Tuñez y la defensa fue extremadamente grosera en el modo como mentía, pero al mismo tiempo era todo exponencial», señaló Claudia Vázquez Haro, una de las exponentes ante la ONU.
EN ARGENTINA SEÑALAN QUE SE REALIZAN ENTRE 460 Y 600 MIL ABORTOS CLANDESTINOS AL AÑO Y QUE ESA ES LA PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE MATERNA.
Desconociendo el aborto no punible en Argentina, contemplado desde 1921 y ratificado por la Corte en 2012, la representante del INDEC sostuvo, al preguntarsele sobre los números de muertes por prácticas abortivas, que no contaban con esos datos, “porque en nuestro país el aborto es un delito”. El informe presentado por las organizaciones en ese sentido es contundente: en Argentina señalan que se realizan entre 460 y 600 mil abortos clandestinos al año y que esa es la principal causa de muerte materna.
“El Gobierno reconoció que no cuenta con información sobre la cantidad de abortos punibles y no punibles practicados en Argentina. La falta de un diagnóstico sobre el estado de situación de los derechos reproductivos de las mujeres impide trabajar en políticas públicas integrales para evitar más muertes de mujeres y niñas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
En cuanto a los derechos de las mujeres trans y travestis, la delegación argentina tuvo que responder por la persecución y violencia policial que viven en particular las migrantes, pero se llamaron al silencio, de la misma forma que cuando se las indagó por el recrudecimiento de la violencia. En este eje sólo respondieron en cuanto a la situación laboral, señalando que las mujeres trans están siendo incluidas en el Programa Ellas Hacen. Desde OTRANS señalan que esto es falaz. “Mintieron groseramente”, sostuvo Vázquez Haro, parte de esta organización y del Frente de Organizaciones TLGBI, desde donde presentaron el primer informe del mundo sobre esta temática en la CEDAW.
“¿Saben ustedes por qué el Gobierno argentino no ha liberado a Milagro Sala cuando la ONU se ha pronunciado al respecto?”, preguntó la representante de El Líbano a las argentinas, en referencia a la exigencia del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del organismo. Las argentinas señalaron que la dirigente de la Tupac Amaru contaba con causas de corrupción y que era el Superior Tribunal de Jujuy quien debía expedirse al respecto.
“NOS PREOCUPAN LAS POLÍTICAS REGRESIVAS QUE SE MANIFIESTAN EN UNA FUERTE REDUCCIÓN PRESUPUESTARIA EN ÁREAS SENSIBLES Y DIVERSOS PROYECTOS DE REFORMA DE ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES QUE REPERCUTEN EN LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS DE LAS MUJERES.”
“Nos preocupan las políticas regresivas que se manifiestan en una fuerte reducción presupuestaria en áreas sensibles y diversos proyectos de reforma de estructuras gubernamentales que repercuten en la protección y garantía de derechos de las mujeres”, señalaron en su lectura las organizaciones argentinas, en clara alusión al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), la cual no incluye ni reconoce a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
En ese sentido, desde el Comité destacaron la importancia del Primer Paro Nacional de Mujeres, desarrollado el 19 de octubre pasado, y la necesidad de políticas públicas urgentes en cuanto a la violencia de género. Esa regresividad que señalaron desde la Coalición de organizaciones, en el Paro (al igual que en la marcha de junio y en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario) se puso de manifiesto también. En todos los casos, la organización ha señalado que, en un contexto de ajuste, la violencia y los femicidios se ven en aumento. De hecho, diversas organizaciones sociales señalan que hoy una mujer es asesinada cada veintitrés horas: siete horas menos que el año pasado.
“Nuestras fuentes alertan una profunda preocupación por la regresividad en muchos avances que ustedes han tenido en años anteriores”, concluyeron desde la CEDAW, y pidieron avances al respecto. El 21 de noviembre, este Comité brindará el informe final con las recomendaciones para el Gobierno nacional.
