Por Mariana Yannuzzi
Casi en un abrir y cerrar de ojos, las imágenes mutaron, los retratos de las plazas llenas, con familias enteras festejando las fechas patrias, los actos, las reuniones, cambiaron por las balas de goma y las fotografías de los círculos ensangrentados como marcas de que algo anda realmente mal. El que no trabaja es un vago y el que lo hace un ñoqui; de la misma manera, el que reclama es un violento y el que se solidariza, nuevamente, un infiltrado. La represión es legitimada por un intendente que la justifica y declara que “los manifestantes irán presos”.
Un torbellino de decisiones políticas pretende desandar derechos conquistados con la lucha de todxs en la última década o impedir su ejercicio. No se trata de un simple “reacomodamiento de personal”. Con la persecución ideológica se sientan las bases de otro Estado más chico, descomprometido, organizado con lógica del management empresarial. Otro Estado con otros privilegiados. Semejante proceso de reorganización sólo podrá cerrar con represión.
Los despidos no sólo dejan sin trabajo a más de 4.500 familias, sino que ponen de manifiesto cuál es la posición del Gobierno frente a doce años de ampliación de derechos, que permitieron, por ejemplo, la igualdad jurídica para las personas trans de nuestro país, amparadas por la Ley de Identidad de Género 26.743. Una ley que hizo posible también acceder a trabajos formales dentro del Estado. Cabe mencionar que en 2015 la provincia de Buenos Aires se convertía en la primera en sancionar una la ley pensada en la inserción laboral, para que el 1% del total del personal estatal sean personas trans.
Recordemos que los índices de la realidad trans argentina publicados en el libro La gesta del nombre propio (2005) daban cuenta de que el 99% de las personas trans se encuentran en estado de prostitución. La contracara del proceso de inclusión laboral trans son los recientes despidos de tres compañeras que trabajaban en el municipio de La Plata cumpliendo funciones en la ONG Las Mirabal.
Un día antes de la represión en la municipalidad de nuestra ciudad, Mirabal y Otrans se manifestaron frente al municipio para reclamar se reincorpore a las trabajadoras trans a sus puestos de trabajo.
“El despido de las compañeras trans significa un retroceso de las políticas de inclusión laboral para nuestro colectivo, y también para las 4.500 personas que se quedaron sin su fuente de trabajo y que han sido reprimidas por gendarmería, por orden del intendente Julio Garro. Estos hechos nos preocupan profundamente”, expresó a Contexto la Lic. Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans.
«El despido de las compañeras trans significa un retroceso de las políticas de inclusión laboral para nuestro colectivo, y también para las 4.500 personas que se quedaron sin su fuente de trabajo». Claudia Vazquez Haro, otrans.
Por su parte, dos de las trabajadoras fueron despedidas mientras estaban internadas en el hospital, producto de la violencia de género. “Remarcamos la situación de la compañera Laura Elena Moyano, y Vanesa Rial, quienes también fueron despedidas y nos dijeron que sus contratos se los iban a renovar”, expresó Vásquez Haro.
En relación con el reclamo del día jueves, el encargado de recibir a las organizaciones fue el secretario general del municipio, Javier Mor Roig, quien expresó: “No queremos que esto se entienda como un acto en contra del colectivo trans platense. Hemos despedido a 4.500 personas, de ellas hay que ir viendo la situación de cada uno y veremos a quienes volvemos a contratar».
Mientras se espera la pronta reincorporación de todas las compañeras trans a sus puestos laborales y que la nueva dirección de políticas de género aborde las problemáticas de manera integral, el intendente Garro intenta no “ofender” a nadie explicando que los despidos son generales y ya verán, quién sabe bajo qué criterio, quiénes quedarán adentro o afuera del municipio.
Acá ni siquiera dieron lugar a «arriesgar salario a cambio de empleo», sino que directamente los echaron a todos, o al menos eso es lo que se entiende de las palabras emitidas por el intendente, que entre alegría y represión deja sin trabajo a gran parte de la población. Ahora habrá que esperar, con el DNI en el bolsillo por si nos paran por averiguación de identidad, cuáles serán los próximos pasos de esas botas que pisan fuerte.
