La escena fue una de esas que funcionan como espejo: público, artistas y celebridades aplaudiendo a científicos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, coreando “Conicet, Conicet”, mientras en los despachos oficiales se ultiman borradores para recortar la autonomía del propio organismo que subía al escenario. La transmisión en vivo de la expedición al cañón submarino Mar del Plata —la producción “Fondo del Mar”, realizada junto al Schmidt Ocean Institute— se consagró con el Martín Fierro de Oro en la entrega de los premios a los canales de streaming 2025, un reconocimiento que celebra a la vez divulgación científica, innovación audiovisual y alcance educativo.
La cobertura en directo —imágenes a gran profundidad obtenidas con tecnología de exploración oceánica, la explicación de equipos intergeneracionales de investigadores y la interacción con escuelas y público general— convirtió a la misión en un fenómeno de redes durante julio y agosto. Más allá del valor simbólico del galardón, la transmisión mostró que la ciencia pública puede articular conocimiento, entretenimiento y formación de vocaciones: una expedición que permitió al público acompañar en tiempo real la exploración de los abismos del Atlántico Sur y el hallazgo de especies apenas soñadas en aguas nacionales.
Pero mientras subían los aplausos en la gala, en Balcarce 50 y en la Secretaría Legal y Técnica posiblemente circulaban borradores de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a modificar la gobernanza del Conicet: centralizar decisiones sobre qué se investiga, cómo se asignan fondos y potenciar una “provincialización” orientada a alinear proyectos con demandas productivas regionales —energía, minería, salud— en detrimento, señalan críticos, de líneas de investigación básicas o de humanidades y ciencias sociales.
La tensión no es sólo discursiva. Fuentes del propio Conicet y especialistas legales advierten que la estructura del organismo —su Directorio y procesos de elección y financiamiento— está amparada por normas con rango de decreto-ley (1661/96) y por prácticas institucionales que no se modifican por simple DNU sin delegación expresa del Congreso. Es decir: el camino urgente elegido por el Ejecutivo puede chocar con recursos jurídicos y una oleada de amparos que ya se anticipa desde el ámbito científico.
Esa eventual reforma, tal como fue bosquejada en los borradores que trascendieron, no sólo busca reordenar incentivos: pretende priorizar perfiles “técnicos” y productivos en los concursos de ingreso y promoción, restringir la autonomía de selección de proyectos y dar mayor discrecionalidad al poder político en la distribución presupuestaria. Para un organismo que hoy nuclea a decenas de miles de trabajadores y maneja una arquitectura federal de centros e institutos, el riesgo es una recomposición del campo científico según lógicas de corto plazo y rentabilidad inmediata.
Las reacciones desde la ciencia fueron inmediatas: celebración por el premio —recibido por Nadia “Coralina” Cerino, Emiliano Ocampo y Mariano Martínez— y, a la vez, alarma por la ofensiva política. En el escenario, Cerino pidió llevar “la ciencia a cada niño”; fuera de él, investigadores, sindicatos y observadores jurídicos se preparan para plantear recursos y movilizaciones que pongan freno a cualquier intento de desmantelar la pluralidad de saberes y la autonomía científica.
¿Qué está en juego? Más que cargos o nombres: está la definición pública de la ciencia que queremos. El Martín Fierro de Oro al Conicet no es sólo un trofeo: es la materialización mediática de una idea de ciencia pública abierta, pedagógica y vinculada con la sociedad. La reforma propuesta por el Gobierno —y el uso acelerado de DNU como herramienta para imponerla— abre una disyuntiva clara: ¿orientar la investigación exclusivamente hacia demandas productivas visibles y urgentes, o sostener un sistema plural que también financie estudios sobre democracia, educación, cultura y desigualdad, áreas que no siempre rinden en indicadores económicos inmediatos pero son fundamentales para la vida social y política?
En esa tensión simbólica entre gala y decreto reside una política cultural mayor: el reconocimiento público a la divulgación científica como bien común choca con la pretensión de subsumir el conocimiento a lógicas de mercado y utilidad inmediata. Para quienes pensamos la cultura y la ciencia como parte de una rueda productiva que incluye lo simbólico, lo educativo y lo social, el desafío es doble: celebrar los hitos (y aprovecharlos para expandir apoyo popular a la ciencia pública) mientras se construyen barreras legales y políticas que garanticen la autonomía del Conicet frente a los avatares del poder de turno.
La escena de los investigadores recibiendo la ovación es, entonces, un acto político en sí mismo: una muestra pública de cariño y legitimidad hacia la investigación pública. Si el Gobierno insiste en intentar cambiar por decreto lo que la ingeniería legal y la historia institucional consagran, la pelea no será sólo entre tecnócratas: será una disputa por el sentido y la dirección de lo público en la Argentina del siglo XXI. Y ese debate, a diferencia de muchos otros, se juega simultáneamente en el laboratorio, en el auditorio y en la pantalla.
