El Espacio Audiovisual Nacional (EAN) llevó este miércoles su reclamo al Congreso de la Nación para advertir sobre las consecuencias que tendría la aprobación de los artículos 210 y 211 del dictamen de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Según explicaron referentes del sector, esas disposiciones implican el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el debilitamiento de otros organismos culturales estratégicos.
La conferencia de prensa se realizó en el Anexo de la Cámara de Diputados y reunió a representantes de las principales entidades del audiovisual junto a legisladores de distintos espacios políticos, trabajadores del sector y reconocidas figuras de la cultura. Entre los presentes se destacaron los directores Bruno Stagnaro, Marcelo Piñeyro, Juan Carlos Desanzo, Celina Murga y Lorena Muñoz, así como las actrices Mercedes Morán, Julieta Díaz y Alejandra Flechner, y los actores Luis Ziembrowski y Diego Velázquez. En paralelo, decenas de intérpretes y realizadores expresaron su apoyo a través de videos que serán difundidos en los próximos días.
Durante el encuentro, las organizaciones alertaron que el proyecto oficialista propone eliminar las asignaciones específicas que hoy sostienen al INCAA, a la Televisión Pública y a Radio Nacional, incluyendo los recursos provenientes del valor de las entradas de cine y del gravamen a los servicios de comunicación audiovisual. De concretarse, advirtieron, el sistema de fomento quedaría virtualmente paralizado.
“No se trata de un recorte más, sino de la desaparición del cine nacional como política pública”, sintetizaron desde el EAN. Según explicaron, el desfinanciamiento implicaría que la producción audiovisual quede limitada casi exclusivamente a capitales privados o plataformas extranjeras, profundizando la concentración del mercado y debilitando la diversidad cultural.
Las críticas también apuntaron al modo en que estos artículos fueron incorporados al proyecto. El presidente de Argentores, Miguel Ángel Diani, advirtió que las disposiciones se sumaron en la etapa final del debate legislativo, lo que podría derivar en su aprobación sin un análisis profundo de su impacto. Por ese motivo, reclamó su rechazo en el Senado.
Desde la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), Daniel Pensa remarcó que las industrias audiovisuales de todos los países con producción relevante se sostienen mediante políticas públicas combinadas con inversión privada, y alertó sobre el “daño irreversible” que provocaría el desmantelamiento del sistema de fomento.
Una preocupación que se repitió en las distintas intervenciones fue la planificación de largo plazo que requiere la actividad audiovisual. La directora Inés de Oliveira Cézar, en representación de DAC, señaló que la eliminación del Fondo de Fomento impediría el desarrollo de nuevos proyectos y golpearía especialmente al cine independiente. En la misma línea, Amparo Aguilar, de Proyecto Cine Independiente, subrayó el impacto sobre el empleo y las oportunidades para las nuevas generaciones de realizadores.
Más allá de la dimensión cultural, el sector puso el acento en el impacto económico y federal del audiovisual. La presidenta de APIMA, Vanesa Pagani, recordó que el financiamiento del INCAA no proviene del presupuesto general del Estado, sino de recursos propios de la actividad, y advirtió que la reforma implicaría perder su autarquía financiera. Otros referentes destacaron el efecto multiplicador del cine en las economías regionales, la generación de empleo directo e indirecto y la presencia argentina en festivales y mercados internacionales.
“El debilitamiento del sector no solo es una pérdida simbólica, también es una pérdida de divisas, de trabajo calificado y de desarrollo productivo”, señalaron desde la CAIC, citando estudios que muestran el retorno económico de la inversión pública en cultura.
El reclamo del Espacio Audiovisual Nacional cuenta además con un fuerte respaldo de personalidades de la cultura y la política. Más de 600 figuras firmaron una carta dirigida a senadores, entre ellas Juan José Campanella, Guillermo Francella, Mercedes Morán, Oscar Martínez, Soledad Villamil, Cecilia Roth y Cristina Banegas, junto a productores y referentes audiovisuales de distintos países.
En un contexto en el que el gobierno de Milei avanza con una reforma laboral presentada como modernización, pero cuestionada por su impacto regresivo en múltiples sectores, el conflicto con el cine argentino expone una disputa de fondo sobre el rol del Estado en la producción cultural y el trabajo creativo.
Como parte de las medidas de visibilización, el Espacio Audiovisual Nacional convocó a una movilización para el próximo miércoles 11 de febrero a las 12 horas, desde el Cine Gaumont hasta el Congreso, día en que el Senado tratará el proyecto de ley. El objetivo, señalaron, es defender no solo una industria, sino una política cultural que durante décadas sostuvo al cine argentino como expresión artística, actividad productiva y símbolo de identidad nacional.