La tensión entre el Congreso y el Gobierno nacional escaló tras la decisión del oficialismo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público y de avasallar las facultades del Parlamento.
El planteo, que podría derivar en la remoción del funcionario, se funda en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a interpelar al jefe de Gabinete mediante un “voto de censura”. Este mecanismo fue incorporado en la reforma constitucional de 1994 como un control especial del Legislativo sobre el Poder Ejecutivo y tiene como consecuencia la destitución del funcionario si se alcanza la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.
Los legisladores opositores recordaron que el Congreso aprobó la norma con amplias mayorías, rechazó el veto presidencial de Javier Milei y obligó al Ejecutivo a promulgarla, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución. Sin embargo, el Gobierno dispuso mediante el Decreto 681/2025 suspender su ejecución hasta que se definan las fuentes de financiamiento en el Presupuesto nacional, lo que para UP constituye un “avasallamiento de la división de poderes”.
“Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Guillermo Francos a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para ser interpelado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional, a los efectos del tratamiento de una moción de censura y/o, en su defecto, la remoción, por la decisión de suspender la ejecución de la Ley N° 27.793 de emergencia nacional en materia de discapacidad”, sostuvieron los diputados en la presentación.
Consultado por el tema, Francos ratificó que asistirá al Congreso si es citado. En declaraciones a Radio Rivadavia, rechazó la maniobra de la oposición y defendió la postura del Gobierno: “Lo que pedimos está expresado en la legislación vigente. La Ley de Administración Financiera y la Ley 24.629 establecen que toda norma que disponga gastos debe especificar de dónde salen los recursos. Si no lo hace, queda suspendida hasta que se incorporen las partidas en el Presupuesto”.
La tensión gira en torno a la aplicación de la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. El Congreso sancionó la norma tras un fuerte reclamo de organizaciones del sector por el deterioro en las prestaciones y la falta de recursos. Aunque el Ejecutivo debió promulgarla luego de que ambas cámaras rechazaran el veto de Milei, inmediatamente dictó un decreto para condicionar su puesta en marcha.
