Sin un mero artículo que infiera un beneficio para los trabajadores ni mencione los cambios tecnológicos imperantes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la denominada Ley de Modernización Laboral con 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, deberá ahora volver al Senado de la Nación Argentina debido a la eliminación del artículo 44, el único punto modificado respecto de la versión que había obtenido media sanción en la Cámara alta. El oficialismo busca que el trámite quede cerrado antes del 1° de marzo, cuando el Presidente inaugure el período de sesiones ordinarias.
El número final fue el resultado de un esquema de alianzas amplio: los 95 diputados de La Libertad Avanza sumaron al PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales como Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y representantes de Provincias Unidas. El quórum fue el primer campo de batalla. Pasadas las 14, el oficialismo logró sentar a 130 legisladores, apenas uno por encima del mínimo necesario. Gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Saenz, Hugo Passalacqua y Claudio Vidal determinantes para habilitar el inicio del debate al ordenar a sus diputados dar quórum, aun cuando algunos luego votaran en contra en general.
La sesión tuvo su momento más áspero cerca de las 22, cuando el bloque de Unión por la Patria intentó hacer caer el debate por falta de quórum al advertir que buena parte del oficialismo no estaba en sus bancas. El presidente de la Cámara, Martin Menem, fue rodeado por legisladores opositores que lo acusaron de dilatar la votación para permitir el regreso de los libertarios al recinto. Hubo gritos, acusaciones de “traición” y reproches reglamentarios. Antes, el jefe del bloque peronista, German Martinez, había denunciado la existencia de “packs” ofrecidos para conseguir quórum o votos afirmativos y cuestionó el recorte en la lista de oradores.
En el debate de fondo, las críticas apuntaron al carácter regresivo de la norma. Juan Grabois interpeló directamente a los diputados que respondían a gobernadores peronistas: “No sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”. Maximo Kirchner cuestionó a quienes dieron quórum pero votaron en contra y advirtió que la ley, que vinculó a exigencias del Fondo Monetario Internacional, “va a fracasar” y “no habrá excusas para el fracaso que vendrá”. También sostuvo que el Fondo de Asistencia Laboral está pensado para “subsidiar despidos de hombres y mujeres de nuestro país”.
El diputado Sergio Palazzo fue tajante: “No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios”. Sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), explicó que se financiará con recursos que hoy integran el Sistema Integrado Previsional Argentino y resumió el mecanismo con una frase que recorrió el recinto: “Con la plata del abuelo le van a pagar la indemnización al nieto”. En el mismo sentido, Miguel Angel Pichetto advirtió que el FAL “se va a financiar con la plata de los jubilados”. Horacio Pietragalla escenificó su rechazo entregándole unas cadenas a Menem como símbolo de lo que definió como un retroceso “hacia la esclavitud”.
Desde el oficialismo y sus aliados, el argumento central fue que la legislación vigente expulsa empleo y alimenta la informalidad. El libertario Lisandro Almirón planteó que la legislación laboral “existe para proteger a los trabajadores”, pero que “primero tiene que haber trabajo”, y defendió la necesidad de dejar atrás un marco que —según su visión— desalienta la formalización. El radical Diógenes González justificó el acompañamiento en nombre de las pymes, a las que atribuyó el 70% del empleo privado y la necesidad de reducir litigiosidad.
En cuanto al contenido, la ley introduce cambios estructurales. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes obligatorios que hoy se destinan al sistema previsional, para asistir a las empresas en el pago de indemnizaciones. Se modifica el cálculo indemnizatorio excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y premios, se fija un tope máximo y se habilita el pago en cuotas de las indemnizaciones judiciales. Se habilita el banco de horas, permitiendo jornadas de hasta 12 horas con compensaciones posteriores en lugar de pago de horas extras. Se amplía el listado de servicios esenciales —incluyendo educación— obligando a garantizar entre el 50% y el 75% de prestación en caso de huelga y se exige autorización previa para asambleas en horario laboral. Se priorizan convenios por empresa sobre los sectoriales y se elimina la ultraactividad. Se crea la figura del “prestador independiente” para trabajadores de plataformas, excluyéndolos de la Ley de Contrato de Trabajo. Se derogan estatutos históricos como el del periodista (Ley 12.908), el del viajante y el del peluquero, y se elimina la Ley de Teletrabajo.
La principal concesión del oficialismo fue retirar el artículo 44, que reducía al 50% o 75% el salario durante licencias por enfermedad o accidente no laboral. Ese punto había generado rechazo social y presión de bloques aliados tras la polémica pública por su alcance. Al eliminarlo, el proyecto debe volver al Senado, que podrá ratificar la nueva versión o insistir con la original. Una estrategia recurrente de esta gestión: proponer una una batería de modificaciones numerosas, para que dar marcha atrás con alguna como para fingir permeabilidad.
Así, la reforma avanza hacia su tramo final con un oficialismo que celebra una victoria legislativa y una oposición que anticipa judicialización por violación del principio de progresividad y del artículo 14 bis de la Constitución.