Setenta trabajadores fueron despedidos del Ministerio de Defensa de la Nación. Nueve de ellos pertenecen al Área de Archivos de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, oficina encargada de la desclasificación y apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas, y de prestar apoyo a la Justicia en las causas por delitos de lesa humanidad.
En el día de ayer, en Alsina y Paseo Colón, la puerta de esta cartera, los trabajadores del Ministerio de Defensa realizaron una jornada para exigir la reincorporación de los despedidos, víctimas del ministro Oscar “el Milico” Aguad, que sin explicación alguna los dejo en la calle en medio de las fiestas.
“Nos dijeron que venían por orden de Modernización, que venían a ajustar a las estructuras del Ministerio y ellos entendían que sobraba gente en diferentes áreas”, explicó a Contexto Julia Anillan, delegada de ATE.
El plan de achicamiento del Estado encabezado por el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra es desplegado en los diferentes Ministerios donde la tijera de Cambiemos sigue avanzando con los recortes, llevándose a cuestas políticas públicas y trabajadores.
En Defensa, una de las principales áreas afectadas es la Dirección Nacional de Derechos Humanos, donde despidieron a cuatro trabajadores encargados de elaborar informes para la Justicia en causas de lesa humanidad, a cinco del equipo técnico ocupado en el control y acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas, y a una trabajadora del área de género, que tenía como uno de los roles centrales recibir denuncias de violencia de género dentro de las Fuerzas.
“Hay una avanzada contra los trabajadores estatales: se los ha demonizado desde hace bastante tiempo y se los viene despidiendo sistemáticamente y contratando a funcionarios de turno. Los despidos en Defensa se enmarcan en ese proceso”, dijo a Contexto Nahuel Jalil, delegado de ATE, uno de los despedidos del área de Archivo.
Al respecto de los cesanteos en Archivo, desde ATE y CTA advierten que “dejan los juicios sin medios de prueba básicos contra los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y dificultan el control civil sobre los archivos de las Fuerzas Armadas”.
“Por otro lado, estos despidos se dan en una nueva avanzada en el marco de los derechos humanos por intentar hacer retroceder ciertas políticas que venían siendo políticas de Estado, como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, agregó Jalil, quien destacó en ese sentido la prisión domiciliaria a los represores.
Los despidos en Defensa “ponen en jaque los elementos que se ponían para los juicios de lesa humanidad y los informes que se elaboraban”, agregó el delegado.
Además de Derechos Humanos, en el Ministerio se avanzó con un recorte en diferentes áreas. A pesar de los reclamos, el milico Aguad no atendió aún a los trabajadores ni a los delegados. Desde ATE remarcaron que “prácticamente no lo hemos visto en el Ministerio”.
