La universidad pública argentina, bastión histórico de movilidad social ascendente, atraviesa hoy el momento más crítico desde el retorno de la democracia. Lo que comenzó como un discurso de “ajuste a la casta” se ha revelado, tras dos años de gestión de Javier Milei, como un ataque sistemático y asfixiante contra el corazón del sistema científico-educativo. En un escenario de desfinanciamiento presupuestario contra el sector, el eslabón más castigado es el cuerpo docente, cuyos ingresos han sido empujados en numerosos cargos a niveles de pobreza.
Un informe recientemente publicado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria (LSDU) confirmó una realidad devastadora: a diciembre de 2025, el salario real de un docente universitario representó menos de la mitad de lo que percibía en noviembre de 2015.
Los datos son elocuentes y exponen la magnitud del retroceso. Según el LSDU, el nivel salarial actual disputa los puestos más bajos de las últimas dos décadas. Peor aún, agregó que “es probable que, al compararlo con series históricas aún más extensas, el salario esté disputando los puestos más bajos desde el regreso de la democracia, lo que marcaría un retroceso sin precedentes en el poder adquisitivo del sector”, advirtió el informe.
Para comprender el nivel del ajuste de la gestión libertaria, basta observar la comparativa por períodos de gobierno. Mientras que las dos gestiones anteriores de Mauricio Macri y Alberto Fernández mostraron tensiones y pérdidas del poder adquisitivo, la pendiente de la era Milei es vertical. En apenas dos años, el deterioro ha superado con creces los ciclos previos, consolidando un “nuevo piso histórico” que parece no encontrar fondo.
Vale remarcar que gremios de docentes y no docentes, y rectores nucleados en el CIN vienen denunciando en los últimos dos años que esta situación no solo pone en riesgo la subsistencia de los trabajadores, sino que condena a la universidad a una fuga de cerebros masiva y a la precarización de la enseñanza.
El Gobierno de Milei avanzó en el último tiempo con el ajuste fiscal sobre las universidades mediante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso. A su vez, también vía un recorte de los fondos para las casas de estudios en el Presupuesto 2026, que prevé gastos $4,8 billones a las universidades nacionales, un aumento nominal respecto a 2025, pero insuficiente para los rectores, quienes, a través del CIN, habían pedido $7,2 billones para cubrir gastos operativos y salarios, exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.