Por Fernando M. López
La ampliación indagatoria del policía exonerado Patricio Masana, único detenido por el asalto a la casa del intendente Julio Garro, no pasó desapercibida entre los ediles platenses, quienes este miércoles plantearon la necesidad de que la Justicia esclarezca el hecho y que el jefe comunal se preste a dar explicaciones.
El 2 de marzo pasado, cuando Garro sufrió el robo en su domicilio del country Gran Bell, denunció que le habían sustraído 25.000 pesos, una tablet y joyas de sus hijas, entre otros objetos. Ese mismo día era apresado el suboficial de la Bonaerense, implicado con los dos asaltantes que ingresaron a la vivienda, redujeron a sus ocupantes y se fugaron con el botín a bordo de una camioneta Mercedes Benz.
La primera indagatoria de Masana fue el 15 de marzo, pero en los últimos días solicitó volver a declarar ante la fiscal Virginia Bravo, manifestando que “había omitido algunos detalles”: concretamente, que el monto robado era mucho mayor a lo que denunció el jefe comunal y que “hubo un entregador”.
Luego de las diferentes cifras que difundieron los medios locales, Bravo aclaró ayer en diálogo con FM Blue que el efectivo mencionó en su ampliación indagatoria un monto de 4,5 millones de dólares. La fiscal confirmó, además, que la causa tiene una persona identificada con pedido de captura nacional e internacional, que es “quien aporta al autor material”, y que ninguno de los dos hombres que ingresaron a la casa del intendente son policías.
En el Concejo Deliberante la discusión se disparó cuando la concejala del Frente para la Victoria Nacional y Popular, Florencia Saintout, presentó un pedido de informes sobre el secretario de Seguridad, Daniel Omar Piqué, imputado por la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curí.
Saintout exigió que se investigue si se trató de un robo millonario y que también se avance en “todos los casos en que estarían involucrados distintos funcionarios del Gobierno municipal”.
“Estamos abiertos a una convocatoria de Garro para que aclare su postura”, agregó Guillermo Cara, concejal del mismo bloque; mientras que José Arteaga, del Frente Renovador, consideró que el tema “es de tanta gravedad que no da lugar a elucubraciones, pero tampoco para silencios”.
No sólo la oposición se refirió al caso. La edil radical en Cambiemos, Florencia Rollié, dijo a Contexto que “hay que esperar a que la Justicia avance en la investigación y se expida”, aunque admitió que “el intendente está en una situación muy complicada”.
“Antes de tomar cualquier determinación desde el Concejo, vamos a esperar unos días, porque la fiscal acaba de pedir varias medidas de prueba. Veremos qué sucede y, en función de lo que marque la Justicia, iremos resolviendo todas las acciones que están previstas en la ley”, añadió Rollié, que desde el oficialismo mantiene una postura crítica con la gestión de Garro e impulsa una investigación por irregularidades en el Mercado Regional de Frutas y Verduras.
Emilia
Otro tema candente de la sesión de este miércoles fue la indiferencia que mantiene Garro frente al caso de Emilia Uscamayta Curí, la joven ahogada durante una fiesta clandestina de fin de año en la localidad de Melchor Romero.
“Basta de impunidad, exigimos nuevamente verdad y justicia por Emilia”, dijo Saintout al presentar un pedido de informes para que el intendente explique por qué no suspendió preventivamente a su secretario de Seguridad, Daniel Piqué, como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades para “los funcionarios o empleados a quienes se imputara la comisión de irregularidades graves”.
El fiscal Álvaro Garganta imputó a Piqué como “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se lo acusa de haber ordenado retirar a los policías que tenían que impedir el evento donde murió la estudiante de periodismo. Su declaración indagatoria está prevista para este jueves.
En la causa también aparecen involucrados otros funcionarios, como el jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Martínez Garmendia.
La querella apunta, además, contra cuatro directores municipales que estuvieron en la fiesta: Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización) y Gerardo Gioglio (Nocturnidad).
