El abogado Gregorio Dalbon denunció a la flamante senadora Patricia Bullrich y a su hijo, Francisco Langeri Bullrich, a quienes acusa de los presuntos delitos de evasión impositiva, lavado de dinero y asociación ilícita, a través de una cadena gastronómica que tiene domicilio fijado en la casa de la exministra.
La denuncia también apunta al fundador de las firmas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A, Fernando Goijman, socio de Francisco Langeri Bullrich quienes tienen unos 70 locales distribuidos en todo el país, mientras que también tiene presencia en Uruguay, Brasil, Estados Unidos y España.
Según surge de la denuncia, que retoma una investigación periodística, la cadena Tostado declararía una facturación anual superior a los 63 millones de dólares y, en paralelo, acumula cheques rechazados. “Situación que contrasta marcadamente con la supuesta envergadura económica del grupo empresario y que podría indicar desmanejos financieros, subfacturación o simulación de solvencia”, indica la denuncia.
El escrito de Dalbon da cuenta que una de las dos sociedades propietarias de Tostado, tendría fijado su domicilio en la vivienda de la exministra de Seguridad, situada en la calle Beruti al 3800, por lo que pide que se la investigue.
“En este caso, lo que se puso en conocimiento de la Justicia es un entramado de relevancia penal que exige una investigación integral, especialmente en lo referido a los vínculos familiares con la firma Tostado y la eventual utilización de estructuras para encubrir responsabilidades. Se le acaba la impunidad a Bullrich”, dijo el abogado tras presentar la denuncia en diálogo con PERFIL.
“Langeri, hijo de la senadora, aparece vinculado a una red de más de 70 bares y locales gastronómicos operados a través de distintas razones sociales y esquemas de franquicias registrados como Tostado Franquicia S.A. y Tostado Brandig S.A.”, describió.
“Dicha expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento”, agregó.
