Tras el asesinato de Lucas González a manos de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el modo de accionar de la fuerza de seguridad metropolitana quedó en el foco de todas las miradas. Una reciente investigación del periodista Nahuel Gallota destapó la presunta existencia de una asociación ilícita entre efectivos policiales y funcionarios de CABA, con el objetivo de extorsionar y encubrir episodios como los que desembocaron en la muerte del joven futbolista.
En ese marco, los legisladores porteños del Frente de Todos, Leandro Santoro y Victoria Montenegro, formalizaron este martes una denuncia en los tribunales de Comodoro Py para que se investigue a fondo lo presentado en la nota de Gallota, publicada en Clarín.
«A partir del lamentable asesinato de Lucas, la opinión pública tomó conocimiento de brigadas de la Policía de la ciudad que actúan de manera ilegal en el sur. La nota publicada ayer denuncia que existen por lo menos dos o tres móviles más no identificados, sin chapa patente, conducidos por policías de la ciudad vestidos de civil, que se dedican a extorsionar a los vecinos del sur. Cobran coima y extorsionan a vendedores ambulantes, feriantes», sostuvo Santoro en diálogo con la prensa, tras presentarse en los tribunales federales.
«Entendemos que las bandas de la Policía de la ciudad no son cuentapropistas; alguien habilita a que trabajen de esa forma», sostuvo, por su parte, la legisladora porteña Victoria Montenegro, en referencia a la presunta connivencia entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad y grupos de la Policía Metropolitana para realizar delitos tales como cohecho, exacciones ilegales, encubrimientos, entre otras, sobre la comunidad.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso sobre los efectivos de la fuerza metropolitana involucrados en el asesinato de Lucas González. Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López –inspector, oficial y oficial mayor, respectivamente– declararon frente a la Justicia y ahora permanecen detenidos en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.
Asimismo, evalúan la posibilidad de un procesamiento contra otros policías ante la sospecha de haber «plantado» un arma en el vehículo donde viajaba González junto a sus compañeros, y por difundir una versión falsa sobre una supuesta persecución y tiroteo en el hecho.
Los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim, de la Procuvin, analizaban esta tarde la posibilidad de solicitar nuevas detenciones de efectivos de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que acudieron al lugar del hecho horas después de lo ocurrido para adulterar la escena del crimen y así encubrir a los tres acusados por el asesinato.
«Los que se encargaron de plantar el arma no son los mismos que se encargaron de matar a Lucas», expresó Gregorio Dalbón, abogado defensor de la familia de la víctima. «El hecho está esclarecido. Lo que vamos a hacer ahora es unir las pruebas contundentes y algunas que le hemos sugerido a la fiscalía. Con algunas vamos a estar de acuerdo, con otras, calculo que no», indico Dalbón en declaraciones a la prensa.
