El ministro de Economía, Luis Caputo recibió una denuncia penal de diputados de Unión por la Patria bajo la acusación de haber intervenido en el funcionamiento técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación, liderada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, señaló que el funcionario habría postergado deliberadamente una actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar que los aumentos tarifarios impacten en las estadísticas oficiales.

La denuncia que recayó en los tribunales federales de Comodoro Py apunta Caputo por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, violación de secretos, falsificación de documentos públicos y el quebrantamiento del secreto estadístico, este último tipificado en la Ley 17.622.

El eje de la polémica radica en una decisión técnica que el INDEC ya tenía resuelta. En octubre de 2025, el organismo había dispuesto que a partir de enero de 2026 se implementaría una nueva canasta y metodología para medir el IPC, basada en pautas de consumo actualizadas. Sin embargo, el ministro ordenó frenar este esquema hasta que finalice el proceso de recomposición de tarifas.

Para los denunciantes, esto representa una injerencia política en la definición técnica de la metodología de cálculo del índice, un indicador que incide de manera directa en la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación paritaria de trabajadores del sector público y privado, la determinación de contratos y el diseño de políticas económicas. 

La diputada Julia Strada explicó a través de sus redes sociales que Caputo “ordenó que se mantenga el cálculo del Índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados”, lo que buscaría “postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor”.

Un segundo punto de la denuncia se apoyó en la actividad del ministro en la red social X. Los legisladores sostuvieron que Caputo reconoció públicamente que existían diferencias en los resultados según la metodología aplicada y, lo que es más grave, adelantó el dato inflacionario de enero de 2026 antes de su publicación oficial.

“El Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique. Y adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial”, remarcó el escrito presentado con el patrocinio de las abogadas Paula Ballesty y Griselda Bustamante Sanabria.

Esta conducta configuraría una violación de los artículos 13 y 17 de la Ley 17.622, que prohíben taxativamente la divulgación anticipada de información sensible para preservar la transparencia y la confianza en el sistema estadístico.

Desde el bloque opositor recordaron que ya existía un pedido de interpelación en el Congreso (expediente 7203-D-2023) para que el ministro brindara explicaciones sobre la situación del INDEC, amparado en el artículo 71 de la Constitución Nacional.

La Justicia deberá ahora determinar si existió un abuso de autoridad y si el Poder Ejecutivo vulneró la independencia técnica de un organismo cuya credibilidad es clave para el funcionamiento de la economía.