Por Miguel Croceri (*)
El 16 de enero de 2016, la líder popular jujeña Milagro Sala -junto con otras personas que integraban la organización por ella liderada, la “Tupac Amaru”- fue tomada como prisionera. Los verdugos conformaban/conforman una articulación entre poderes políticos, judiciales, policiales y del espionaje, al servicio de grandes intereses económicos locales y extranjeros.
Dentro de unos meses se cumplirán diez años desde que empezó el ataque contra los derechos humanos de una referente social y política de las luchas populares, y de todo aquel grupo de militantes, en su gran mayoría mujeres. A lo largo del tiempo la casi totalidad de las víctimas recuperaron su libertad, pero Milagro sigue sufriendo como presa política hasta hoy. Desde octubre de 2023 se encuentra en La Plata, adonde fue trasladada para cirujía y tratamientos por graves enfermedades.
Prácticamente una década después del inicio de su cautiverio, las mismas estructuras de poder antidemocrático que pretenden someter al pueblo y a la Nación bajo el dominio de oligarquías locales y factores de poder internacionales, han confirmado que meterán presa a Cristina Kirchner y además le prohibirán de por vida el ejercicio de cargos públicos.
Sin embargo el hostigamiento de jueces y fiscales contra la ex mandataria de la República y actual presidenta del consejo nacional del Partido Justicialista (PJ), no empezó con ella ni tampoco se trata -en absoluto- de un proceso exclusivo de Argentina.
El fallo condenatorio, ratificado el pasado martes (11/06) por la Corte Suprema de Justicia, es el último paso -hasta ahora- de una persecución política con apariencias de “legalidad” y disfrazada de “lucha contra la corrupción”, que se viene ejecutando en toda América Latina contra líderes/lideresas y fuerzas políticas populares y soberanistas.
Y al menos en nuestro país, dicho fallo ha marcado también el comienzo de una nueva etapa histórica, cuyo futuro nadie puede conocer pero que se exhibe en estos días con grandes movilizaciones ciudadanas en el espacio público callejero, y además con una renovada activación de estructuras dirigenciales que permanecían aletargadas o directamente inmóviles.
Odio, no solo mediante “discursos”
En los últimos años, el concepto de “discursos de odio” se ha incorporado a la retórica política, a los análisis respectivos, a diversos estudios académicos, a la terminología usada por medios de comunicación y usuarios/as de redes digitales, etcétera. Su propagación se realiza mediante las cadenas mediáticas hegemónicas y los algoritmos en las redes que son manejados por las empresas de la tecno-oligarquía planetaria.
Sin embargo, una clave necesaria para interpretar la realidad de Argentina y de todo el subcontinente latinoamericano es advertir que los ataques contra líderes populares no consisten solo ni principalmente en lanzar “discursos” en su contra, sino en el accionar devastador de un “Poder Judicial del odio”. (Tema comentado en un artículo que Vaconfirma publicó hace casi dos años. Nota del 01/10/2023).
En otras naciones de la región, el funcionamiento de estructuras corrompidas de la judicatura (mal llamada “justicia”) ha provocado por ejemplo el encarcelamiento y proscripción de Lula Da Silva -revertido después por cambios en la composición de los más altos tribunales brasileños y por rupturas de las alianzas políticas entre ciertos jueces y el bolsonarismo-; la proscripción y exilio del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, así como la prisión de su ex vicepresidente Jorge Glas y también el exilio de otros/as dirigentes de su partido; la destitución del ex mandatario hondureño Manuel Zelaya (año 2009); el aval judicial para el derrocamiento parlamentario en Paraguay del presidente Fernando Lugo (año 2012); similar situación contra Pedro Castillo, que ejerció por poco tiempo la presidencia de Perú; el sabotaje actual contra el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro; y la persecución en Chile contra el dirigente de izquierda y ex precandidato presidencial Daniel Jadue. (Los distintos casos fueron especificados en el artículo de este mismo autor “Cómo sacar del juego a líderes populares”. Nota del 13/08/2023).
Mientras que en nuestro país fueron víctimas de la corrupción judicial, mediante el invento de delitos y el simulacro de juicios con apariencia “legal”, el ex vicepresidente Amado Boudou, quien sufrió la cárcel y tiene prohibido de por vida ocupar cargos públicos como ahora también Cristina; y asimismo ex funcionarios kirchneristas que fueron encarceladoe en distintos momentos, como Julio De Vido, Carlos Zannini y Héctor Timerman (este último no llegó a estar detenido en un penal pero fue sometido a prisión domiciliaria gravemente enfermo, hasta su fallecimiento a finales de 2018). También dirigentes como Luis D’Elía y Fernando Esteche, y empresarios de medios no alineados con las grandes corporaciones, como Gustavo Ferreyra (ex propietario de Radio del Plata), y Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo (el cual incluye al canal televisivo C5N).
Particularmente criminal fue el martirio de Timerman, el ex canciller que a causa de la infame persecución no pudo viajar a Nueva York y continuar allá complejísimos tratamientos -que solo se realizaban en esa ciudad estadounidense- para un tipo particular de cáncer que padecía. (“Eso fue un golpe que le causó la muerte”, explicó años después el sociólogo Jorge Elbaum, quien fue amigo personal de la víctima. Declaraciones a Radio Provincia de Buenos Aires, nota del 17/07/2021).
(Cuando Timerman murió, la ex presidenta Fernández de Kirchner lo despidió a través de sus redes con una honda y conmovedora reflexión humana y política. “Héctor se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos sufrimos con motivo de la firma del Memorando de Entendimiento con Irán para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado”. (Información de Página 12, nota del 01/01/2019). abe agregar que dentro de un mes, el 18 de julio, serán 31 los años transcurridos desde el atentado. Y la impunidad sigue siendo la misma).
La democracia que empezó en 1983
La reciente confirmación de la condena contra Cristina, que incluye seis años de cárcel e “inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos”, produce en estos momentos una tembladeral político inédito desde el fin de la dictadura genocida en diciembre de 1983.
Millones de personas han empezado a desplegar en todo el territorio nacional un proceso de movilización para reclamar la libertad de la ex presidenta y denunciar la violación del pacto democrático que, según la interpretación generalizada, sustentó la vida cívica de la Nación durante más de cuatro décadas.
Pero esta última percepción -la supuesta vigencia hasta ahora de dicho pacto- puede ser contrastada con una interpretación muy diferente. Porque durante el gobierno de Mauricio Macri no solo tuvo lugar un cambio de autoridades, sino que en ese periodo se instauró un régimen político y corporativo basado en gravísimas violaciones al Estado de Derecho.
Dicho régimen se rearmó a niveles aún más extremos desde hace un año y medio con Javier Milei como presidente, como lo muestra la violencia represiva que se desata contra las protestas populares en general, y de forma particular las manifestaciones de jubilados/as frente al Congreso.
Solo a modo de ejemplo, cabe recordar que bajo el macrismo ocurrieron crímenes políticos perpetrados por personal armado del Estado con aval del gobierno (los más notorios tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y al joven mapuche Rafael Nahuel); asesinatos policiales por la espalda defendidos enfáticamente por el presidente de la Nación y su ministra de Segurida (la misma de ahora); existencia de presas/os políticas/os, lo cual no sucedía desde la dictadura; implantación de estructuras ilegales de espionaje y amedrentamiento a personas y organizaciones; y procesos penales fraudulentos destinados a justificar el encarcelamiento de opositores/as. (Un detalle de numerosos hechos consta en una reseña y crítica incluida en la edición de Vaconfirma el 10 de diciembre de 2018, fecha aniversario de la recuperación ciudadana del país: “La democracia que conocimos hace 35 años terminó en 2015”. Nota del 10/12/2018).
El sistema de persecución empezó a montarse en los inicios de 2016 y su primera víctima fue Milagro Sala. Al cabo de los años transcurridos, la referente jujeña y líder de la organización Tupac Amaru continúa detenida.
Las/los abogados/as y demás militantes que siempre lucharon por su libertad, mucho tiempo después de su detención lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispusiera el atenuante de la prisión domiciliaria. En diciembre de 2018 la dirigente fue llevada a su casa y allí continuósu detención.
En ese encierro sufrió la muerte de su hijo menor, Sergio Chorolque Sala (de 37 años, quien estaba enfermo y falleció en enero del ‘23), y meses después también la de su compañero de vida, Raúl Noro (el cual murió en agosto del mismo año, a los 80 de edad).
Semanas más tarde, debido a graves complicaciones en su salud, a principios de octubre de 2023 ella fue trasladada a La Plata para ser operada y recibir los tratamientos correspondientes. Actualmente sigue en la ciudad con atención médica y acompañamiento personal, pero no hay información oficial acerca del estado en que se encuentra. El 16 de enero pasado recibió la visita y solidaridad de amigos/as y militantes que volvieron a reclamar su libertad.
Enero de 2025, en La Plata. En la vivienda donde guardaba reposo por serios problemas de salud, Milagro Sala recibió la solidaridad de militantes y dirigentes cuando se cumplían nueve años de su detención.
Tanto Milagro Sala como Cristina Kirchner son víctimas del “Poder Judicial del odio” que hace casi diez años comenzó a imponerse en nuestro país, en complicidad con los poderes mediáticos hegemónicos.
Ese sistema judicial corrompido ha pervertido lo que debiera ser un servicio de justicia para la sociedad, y constituye el instrumento mediante el cual las clases sociales privilegiadas y los intereses imperiales de Estados Unidos -como epicentro de un esquema de poder mundial que incluye al Fondo Monetario Internacional (FMI)- tratan de mantener sometidos a los pueblos de América Latina.
Durante la mayor parte del siglo XX lo hacían mediante la violencia militar de las dictaduras. Actualmente lo ejecutan a través de la violencia jurídica y mediática, y por esa vía hoy están perpetrando el encarcelamiento y proscripción de la líder -o lideresa- política más importante de nuestro país.
Argentina, en defensa de su voluntad democrática, sus derechos soberanos y sus aspiraciones de justicia social y una vida digna para el pueblo, enfrenta el desafío histórico de elaboraruna respuesta colectiva y victoriosa para revertir la nueva realidad política que hoy le imponen las oligarquías locales y la dominación extranjera.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
