A más de dos años de sancionada la Ley de Bibliotecas Provinciales, cuyo principal objetivo consistía en desplazar el decreto-ley vigente desde la última dictadura cívico-militar y aumentar los fondos de sustentabilidad, la normativa continúa sin ser reglamentada. El abandono del proyecto, que al día de la fecha mantiene a las bibliotecas bonaerenses con deudas por pagos atrasados y unas 65 sin funcionar, se presenta como resultante de un proceso de parálisis y ajuste que en los últimos dos años afectó a toda la gestión de Cultura en territorio bonaerense.
A mediados de 2015, luego de un trabajo de tres años en foros de los que participaron dirigentes de bibliotecas, bibliotecarios, instituciones educativas y vecinos, se sancionó la Ley N° 14.777 de Bibliotecas de la Provincia, que reemplazó al decreto-ley de la última dictadura cívico-militar que regía hasta ese momento -fundado en criterios tales como sancionar instituciones que «atenten contra el sentimiento nacional y la esencia occidental cristiana» o quitar la categoría de «biblioteca popular»-. Otro de los puntos fundamentales de la nueva ley de 2015 es la de otorgar más fondos a las instituciones de los vigentes hasta entonces.
Lo cierto es que para junio de 2016 se encontraban adeudados todos los pagos desde noviembre de 2015. Varias instituciones fueron llevadas a juicios por bibliotecarios tras meses de no cobrar.
«Uno de los puntos más preocupantes es el atraso en los pagos de subvenciones mensuales estipuladas en la normativa anterior a la nueva ley. Hay instituciones con un mínimo de tres meses de atraso y, a su vez, la AFIP insiste por las cargas sociales del personal de la biblioteca», dijo a Contexto el referente de la Federación de Bibliotecas Populares de Buenos Aires, Luis Zurueta, respecto de los conflictos administrativos acarreados por desfinanciamiento y que ha provocado una baja del 15% de las 506 bibliotecas vigentes en 2015.
«Este problema, sumado a la no reglamentación de las bibliotecas, nos da la impresión de que al gobierno no le interesa la labor social y cultural que representamos», agregó.
Debido a que las bibliotecas siguen bajo el régimen del decreto-ley, hasta tanto no se reglamente la nueva ley, las bibliotecas suspendidas por falta de pagos del Estado no pueden reabrir, ya que el marco legal vigente no las ampara.
Bajo la órbita del Ministerio de Gestión Cultural de Provincia, a cargo de Alejandro Gómez, la gestión de estas instituciones quedaría en manos de la Dirección de Promoción Literaria –ex Dirección de Bibliotecas-. Según informaron a Contexto fuentes vinculadas al área, este órgano se encuentra sin dirección desde la renuncia de Natalia Hidalgo, al igual que la sede de la Biblioteca Central de la provincia de Buenos Aires. Esta situación, combinada a la iniciativa de Vidal de «achicar la planta de cargos políticos», dio como resultado que ahora solo exista una coordinadora contratada sin autoridad para dar respuesta a la tarea.
El freno a la legislación de las bibliotecas populares se suma a una serie de golpes que la gestión de María Eugenia Vidal asestó en los últimos tiempos a la administración en materia cultural, como es el caso del ajuste al Archivo Histórico «Dr. Ricardo Levene», cuya Dirección corre riesgo de ser eliminada y significaría, según informaron sus trabajadores, un «plan de desjerarquización» del organismo.
La inacción del Estado provincial en cultura llamó la atención incluso al diario La Nación, que esta semana fue crítico con el deterioro de espacios e instituciones históricas como el teatro Martín Fierro, más conocido como Anfiteatro del Lago, o los teatros de la Comedia o el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, en estado de abandono a pesar incluso de haberse oficializado partidas presupuestarias para su restauración.
Además de «ahorrarle» a la provincia la inversión en construcción de escuelas que constituía la recientemente disuelta Unidad Ejecutora Provincial, la Administración de María Eugenia Vidal apuesta al ajuste en los espacios culturales más básicos.
