La discusión por la reforma laboral no es ajena al campo de la cultura, dado que ante todo son trabajadores quienes lo constituyen. Referentes del sector advierten que, detrás del discurso oficial de “modernización”, se esconde un proceso de desfinanciamiento estructural que impacta directamente en el cine nacional, el audiovisual y el trabajo cultural en general.
Entre las voces que se pronunciaron públicamente se encuentra Florencia Saintout, quien a través de su cuenta en X fue categórica: “La reforma laboral de Milei, además de precarizar a los trabajadores y quitarles derechos, busca eliminar el cine nacional. Los ‘cambios’ introducidos son una mentira más. Los argentinos y las argentinas ya sabemos que podemos tener industria, empleo y un salario digno, y también soberanía cultural. Si los legisladores no pueden mirar a la cara al pueblo, es porque votan en su contra, como dice Cristina”.
La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires compartió distintas claves de un proyecto en debate no sólo modifica condiciones laborales generales, sino que altera los marcos legales que sostienen la producción cultural, el periodismo y el audiovisual argentino.
Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Según las advertencias difundidas, desde el 1° de enero de 2028 el organismo dejaría de contar con recursos propios y quedaría sujeto a decisiones presupuestarias anuales. Se eliminaría así el esquema garantizado por la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional (17.741) y por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), que establecía fuentes específicas de financiamiento.
Entre ellas, el 10% sobre el precio básico de las entradas de cine; el 10% sobre la venta y locación de videogramas; y un porcentaje de los gravámenes a estaciones de radiodifusión de televisión y servicios complementarios. La eliminación de estos mecanismos no es leída como un ajuste administrativo, sino como un vaciamiento estructural del sistema de fomento.
Además, se advierte que el ajuste comenzaría de manera inmediata: el mes posterior a la aprobación se eliminaría el procedimiento de cobro de los gravámenes previstos en la Ley 17.741, sin intimaciones, sin multas, sin intereses y sin embargos. “El sistema se vacía y se debilita desde ahora”, sintetizan los materiales difundidos por sectores culturales.
En ese marco, la consigna que circula con fuerza es clara: no se trata de modernización, sino de desfinanciamiento, precarización y concentración. Para quienes rechazan la reforma, el impacto no se limita a lo simbólico. La cultura no es un gasto —sostienen— sino trabajo, industria, identidad y democracia.
En términos generales, la reforma laboral impulsa cambios que flexibilizan condiciones de contratación, modifican esquemas indemnizatorios y reconfiguran derechos adquiridos. Desde el oficialismo se argumenta que estas medidas buscan dinamizar el empleo y atraer inversiones. Pero está claro que la flexibilización puede traducirse en mayor precariedad.
Mientras el Congreso avanza en el tratamiento del proyecto, las voces del campo cultural buscan instalar que lo que está en juego no es solo una reforma laboral, sino el modelo de país en materia de trabajo, industria y soberanía cultural.