La fórmula del progresismo colombiano, Gustavo Petro – Francia Márquez, representantes del partido Pacto Histórico, consiguió el primer lugar en las elecciones colombianas con el 40,3 % de los votos. El segundo lugar lo obtuvo el partido de derecha, maquillado de centroderecha, Liga de Gobernadores Anticorrupción, que llevaba en la formula a Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. La Constitución colombiana indica que para ganar en primera vuelta es necesario obtener más del 50 % de los votos, por lo cual, las dos fórmulas más votadas deberán pasar a una segunda vuelta que, en este caso, se llevará adelante el 19 de junio.
Tras conocerse los resultados, Gustavo Petro aseguró: «Hoy hemos ganado. Hoy es un día de triunfo».
«Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al presidente Duque, el presidente Duque, ha sido derrotado […] Se acaba una época», aseguró.
Luego agregó: «Queremos invitar a todas la sociedad colombiana a hacer un cambio de verdad […] Hoy se define qué clase de cambio: si suicidarse o avanzar».
«Nosotros lo que queremos aquí es justicia social […] Estamos a un millón de votos de ganar», e invitó a todos a sumarse al cambio.
En la misma línea, el senador Ivan Cepeda señaló en Twitter: «por primera vez una fuerza alternativa y progresista alcanza una victoria significativa en primera vuelta presidencial con más de 8 millones y medio de votos. Hemos derrotado al uribismo y tenemos la bancada más poderosa en el Congreso de la República. El 19 de junio venceremos».
Un dato significativo es que el candidato de la ultraderecha, Federico Gutiérrez, que contaba con el apoyo del uribismo, quedó en tercer lugar con solo el 23 % de los votos. Gutiérrez ya anunció su apoyo al Rodolfo Hernández, un candidato que se presenta como de centroderecha, pero que aseguró que admiraba a Hitler.
Colombia necesita un cambio histórico
Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, el destino de Colombia fue interrumpido, la derecha se apropió del poder y la violencia enmarcó la vida cotidiana de esa sociedad.
En 1964 comenzó el conflicto armado más largo de la historia de América Latina. Surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M-19).
Durante décadas Colombia vio crecer la corrupción política y la desigualdad. Vio nacer y consolidarse a las organizaciones criminales del narcotráfico, los grupos paramilitares y el sicariato. El país se transformó en el principal aliado de Estados Unidos en la región y, también, en uno de los principales proveedores de droga para el gigante norteamericano y para Europa.
En la década de 1980 se realizó un proceso de paz que derivó en que muchos miembros de la guerrilla dejaran las armas y se sumaran a la vida política. En aquel momento, los exguerrilleros crearon el partido Unión Patriótica (UP), y en las elecciones de 1986 obtuvieron 14 cargos al Parlamento, 17 para diputados provinciales y 135 para concejales.
La respuesta de la derecha y sus grupos paramilitares fue sangrienta. En corto tiempo, más de 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, entre ellos, dos candidatos a presidente: Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Una verdadera masacre en la que el Estado, por acción u omisión, tuvo la principal responsabilidad.
En 1999, durante los Gobiernos de Andrés Pastrana (Colombia) y Bill Clinton (Estados Unidos) puso en marcha el Plan Colombia. El país sudamericano se llenó de bases militares bajo control estadounidense. La violencia no paró de crecer.
En 2002 llegó a la presidencia Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 / 2006 – 2010), quien se transformó en uno de los referentes de la violencia de la ultraderecha. En el marco de su Gobierno, y con Juan Manuel Santos en el ministerio de Defensa, se inventó el concepto de «falsos-positivos». El Ejército comenzó una campaña de secuestro y asesinato de civiles (la mayoría de ellos, campesinos) a quienes luego se los disfrazaba de guerrilleros muertos en combate. La intención era mostrar efectividad en la lucha contra la guerrilla.
A los cientos de miles de muertos y secuestrados se suman los desplazados internos a causa de la violencia. Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7,7 millones de personas debieron dejar sus hogares de manera forzada. Lo que convirtió a Colombia en el país con mayor cantidad de desplazados internos a causa de la violencia. A lo que se agregan los millones de colombianos que debieron salir del país por la violencia o la apremiante la situación económica.
Luego de un largo proceso de negociaciones, en 2016 se firmó en La Habana (Cuba) el Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014 / 2014 -2018) y la guerrilla de las FARC-EP.
Tras la firma del acuerdo, Santos fue Premio Nobel de la Paz. Poco tiempo después Colombia se sumó como socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La implementación del Acuerdo de Paz hizo que la exguerrilla se desmovilizara, entregara las armas y se transformara en partido político, que pasó a llamarse, primero, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común (FARC) y, luego, Comunes.
El Gobierno incumplió gran parte de lo firmado. Desde la firma del Acuerdo de Paz se ha asesinado a un dirigente social cada tres días, lo que lleva la cifra de muertos a centeneras: líderes populares, defensores de derechos humanos y, en especial, líderes campesinos.
La llegada al Gobierno de Iván Duque (2018), un alfil de Álvaro Uribe, fue un duro golpe para todo el proceso de paz y marcó claramente un retroceso.
Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, desde la firma de los acuerdos de paz, en 2016, hasta la fecha, han asesinado más de 1.300 líderes y lideresas sociales. De estos, más de 900 fueron asesinados durante el Gobierno de Iván Duque.
A ese dato terrible se suma que al menos 319 firmantes de los acuerdos han sido asesinados, y más de 500 organizaciones sociales fueron víctimas de amenazas. Tan solo en lo que va de 2022 se produjeron veinte masacres. Los datos también muestran que durante 2020, 2021 y enero de 2022 se produjeron 179 masacres que causaron la muerte de 726 personas.
Según el Índice de Gini, el coeficiente que se utiliza para medir la desigual, Colombia está entre los diez países más desiguales del mundo. Entre las tantas consecuencias de esta desigualdad, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), en lo que va de 2022 al menos 21 niños menores de cinco años murieron por desnutrición o causas asociadas a este padecimiento.
Todo ello llevó a que en 2021 se produjera un estallido social. La derecha respondió con la violencia que la caracteriza. Durante el primer mes, según datos de la organización no gubernamental Temblores, la represión produjo 3.155 casos de violencia policial, 955 casos de violencia física, 43 personas asesinadas presuntamente por las fuerzas de seguridad, 1.388 detenciones arbitrarias, 46 personas que perdieron uno o los dos ojos por las balas de goma que las fuerzas de seguridad disparan a las caras de los manifestantes, 165 personas heridas con armas de fuego (aunque se supone que la policía debe contener las manifestaciones sin armas letales) y 22 casos de violencia sexual (el más grave de ellos, el de una niña de diecisiete años que se suicidó tras denunciar haber sido violada por miembros de la Policía).
Esa larga historia trágica colombiana es consecuencia de todos los años de Gobierno de la derecha y la ultraderecha.
Gustavo Petro es el único candidato que representa un cambio real para el país. El 19 de junio, Colombia puede dar el paso decisivo para construir un presente y un futuro mejor para todos y cada uno de los colombianos y las colombianas.
