“Clarín está ocupando frecuencias de TV sin licencia”

Por Roberto Álvarez Mur

A casi una semana de que decenas de medios comunitarios se movilicen a las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para reclamar respuestas respecto del estancamiento en la gestión de lo dispuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de Macarena Marra Giménez, instó al organismo a aclarar cómo resolverán la situación de los canales comunitarios cuyas licencias se encuentran interferidas por los grandes medios.

Ese es el caso de Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, que ganaron sus licencias en un concurso para operadores de baja potencia en la TDA. Los tres se encuentran en proceso de habilitación definitiva, un paso que debe concluir el ENACOM.

Pares TV emite en Luján, en la provincia de Buenos Aires. Barricada TV y Urbana TV deben hacerlo en la frecuencia 33 de la TDA, un espacio que usurpa El Trece (Grupo Clarín), que lo utiliza para hacer pruebas a pesar de no contar con permiso para ello.

Si bien el reclamo se extendió desde fines del año pasado hasta la fecha, representa una de las batallas clave que presentaron las diferentes agrupaciones que nuclean medios comunitarios, y esta es la primera vez que llega a la instancia de un juzgado que, de hecho, inste a la autoridad a dar explicaciones respecto de la situación.

“LOS JUECES IBAN DECLARANDO INCOMPETENTES TODAS LAS PRESENTACIONES QUE HACÍA BARRICADA TV, CLARAMENTE POR LAS PRESIONES EJERCIDAS DESDE EL GRUPO CORPORATIVO.»

“Los jueces iban declarando incompetentes todas las presentaciones que hacía Barricada TV, claramente por las presiones ejercidas desde el grupo corporativo y la inacción del Gobierno. Por primera vez le dan lugar a una causa”, dijo Milcíades Peña, miembro de Urbana TV, en diálogo con Contexto.

“O apela el Gobierno, o presentan los papeles. Es muy simple. Desde hace meses que vienen poniendo el discurso de la ‘buena voluntad’. Este Gobierno ya agotó todas las expectativas favorables. Es una papa caliente porque hay que enfrentarse de una vez con el monstruo de varias cabeza que es Clarín”, dijo Peña en referencia a la larga espera a la que las nuevas autoridades arrojaron al millar de medios comunitarios por dar curso a las licencias y fomentos aprobados desde el año pasado.

“LA SITUACIÓN ES MUY CONCRETA: CLARÍN NO TIENE LICENCIA, Y ESTÁ OCUPANDO LA FRECUENCIA DE DOS CANALES QUE SÍ TENEMOS LICENCIA. ACÁ HAY UNA POTESTAD JURÍDICA DEL ESTADO QUE ESTOS TIPOS TIENEN QUE RESPETAR.»

“La situación es muy concreta: Clarín no tiene licencia, y está ocupando la frecuencia de dos canales que sí tenemos licencia. Acá hay una potestad jurídica del Estado que estos tipos tienen que respetar. El encargado de hacer cumplir la ley es quien administra el Estado. Y parece que se están tomando todo un año para esto. Pero para sacar un decreto que modifique la Ley de Medios fueron rápidos”, explicó el referente de Urbana TV.

En lo que respecta a los fondos concursables de la Ley, Urbana TV todavía no cobró un peso del monto. A comienzos de este año, el medio contaba con veintiún trabajadores; hoy ese número se redujo a siete. “Eso repercute en menor calidad de coberturas, pasamos de tener dos equipos de calle con periodista, productor y camarógrafo nocturnos, a no tener ninguno. Nos quedamos con un solo editor”, dijo Peña, y agregó: “Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la cuestión del diálogo y la pluralidad es una gran falacia”.

En tanto, desde Barricada TV lanzaron un comunicado donde ponen de manifiesto la contundencia de la situación: “La interferencia provocada por una señal cien veces más potente, propiedad del grupo de medios más poderoso de la Argentina, impide que las propuestas de Barricada TV y Urbana TV se encuentren con sus audiencias, afectando el derecho a la libertad de expresión de los emisores y de sus públicos, y afectando su sostenibilidad económica”.

El texto continúa: “Las voces de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y vecinas de los barrios más pobres; los intereses de quienes llevan adelante centros culturales o comedores populares; las preocupaciones de jóvenes estudiantes o de los clubes locales son de este modo censurados del discurso público”.


 

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