Este viernes, la audiencia N°15 del juicio que investiga la presunta red de explotación sexual vinculada al caso Johana Ramallo fue suspendida tras el cambio de representación legal de Marta Ramallo. La madre de la joven decidió apartar a sus abogadas y designar nuevos defensores, quienes solicitaron la postergación para poder interiorizarse en el expediente. Con la reanudación del debate recién prevista para febrero, la causa cierra un año judicial sin definiciones de fondo, aunque con la expectativa de abrir una nueva etapa en el proceso.
Luego de un mes atravesado por constantes reclamos de Marta Ramallo al Tribunal por las suspensiones reiteradas, la novedad en el juicio fue un importante cambio en la querella. Horas previas a la audiencia, la madre de la joven desaparecida en 2017 pidió la renuncia de Silvina Peruggino y Valeria Monetta, sus representantes legales durante los últimos siete años. Fue el presidente del Tribunal, el juez Germán Castelli, quien detalló que fue notificado de esta decisión durante la noche y confirmó que asumirán la representación los abogados Ignacio Fernández Camillo y Andrés Emanuel Noetzly.
En este marco, Fernández Camillo tomó la palabra. «No tenemos conocimiento de nada de la causa», sostuvo e inmediatemente pidió la postergación del debate, para interiorizarse, y no «vulnerar ningún tipo de derecho de la víctima». Tras ello, Castelli, feria judicial mediante, anunció que la próxima audiencia será recién el 06 de febrero a las 09.15 horas.
La relación de Marta Ramallo con las letradas venía con un fuerte desgaste y los últimos dos meses fueron determinantes. Por un lado, la madre de Johana venía reclamando ante los jueces mayor celeridad en la causa frente a las suspensiones constantes registradas desde principios de noviembre, las audiencias exprés, el faltazo de testigos, y la falta de preguntas por parte de fiscales y magistrados. Ese reclamo también fue trasladado en reiteradas oportunidades a las abogadas, a quienes además se les cuestionó la desestimación de algunos testigos. En ese contexto, la incorporación de una nueva representación legal abre una etapa distinta, con la expectativa de aportar una mirada renovada sobre el expediente y reordenar la estrategia judicial de cara a lo que viene. Ahora Fernández Camillo y Noetzly, tendrán un mes y medio para interiorizarse en una causa que supera los 70 cuerpos.
Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 en 1 y 63, parte de la zona roja de La Plata, captada, se presume, por una red de explotación sexual que operaba en ese lugar. Hasta ahora llegaron al banquillo Carlos Rodríguez, conocido como “El Cabezón”; Hernán D’Uva Razzari; Hernán Rubén García; Carlos Alberto Espinoza Linares; Mirko Alejandro Galarza Senio; Celia Benítez; Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos están acusados de integrar una banda criminal, con cargos que van desde comercio de estupefacientes y explotación sexual hasta encubrimiento agravado y falso testimonio.
Meses de audiencias, testimonios y pocas definiciones
Desde el inicio del juicio, en mayo, se convocaron unas quince audiencias, aunque varias de ellas fueron suspendidas o se extendieron apenas por unos minutos. Por el recinto desfilaron testigos de todo tipo, comenzando por Marta Ramallo, cuya declaración resultó clave para sumar un nuevo imputado en la causa paralela que investiga la muerte de Johana. Los imputados, en tanto, no rompieron el pacto de silencio y solo estuvieron presentes de manera presencial en las dos primeras audiencias del debate. Los jueces y fiscales, también prefirieron optar por la virtualidad en la mayoría de las audiencias.
En el transcurso del juicio también declararon familiares, amistades, vecinos de los imputados, personas que pagaban por sexo en la zona roja de La Plata, médicos, trabajadoras de uno de los hoteles de la zona, taxistas y trabajadores de la estación de servicio de 1 y 63, donde cámaras de seguridad registraron el 26 de julio de 2017 las últimas imágenes de Johana con vida.
En algunas oportunidades, los testimonios resultaron contradictorios, mientras que otros aportaron escasos elementos nuevos para el esclarecimiento del caso. Así, el año judicial se cierra con un proceso que sumó declaraciones, pero que aún no logró traducirse en definiciones judiciales concretas. En este contexto, la llegada de nuevos abogados a la causa aparece como una instancia clave para intentar reencauzar el juicio.
