Por Miguel Croceri (*)
“Tal vez no estemos tan lejos del momento en que se sepa definitivamente si Cristina Kircnher irá a la cárcel (ya tiene edad para cumplir la prisión en su casa, aunque esa será siempre una decisión del juez), y si podrá -o no- ser candidata en las elecciones legislativas” de este año. La frase encomillada es textual de la columna de opinión publicada el primer día de este mes por Joaquín Morales Solá en el diario La Nación. (Nota del 01/06/25).
Al provenir de un veterano periodista que representa los intereses de las oligarquías locales, la embajada de Estados Unidos y en general los sectores de derecha y antiperonistas, su artículo fue tomado como una señal de que la Corte se apresta a ratificar la condena contra Cristina como broche final del simulacro de juicio denominado “causa Vialidad” (porque se refiere a rutas que construyó Vialidad Nacional cuando ella era presidenta de la Nación).
El fallo condenatorio incluye la “inhabilitación absoluta perpetua” para desempeñar cargos públicos. Es decir, la proscripción para siempre.
El viernes reciente (06/06), el periodista Eduardo Feinmann dijo por Radio Mitre que “habría acuerdo unánime en la Corte para confirmar la condena” que afectaría, de manera definitiva, la vida personal y el futuro político de quien fuera dos veces jefa del Estado y una vez vicepresidenta, y que hoy preside el consejo nacional del Partido Justicialista (PJ). Según esa versión, la decisión se daría a conocer este martes. (Posteo del 06/06).
La sentencia fue emitida en diciembre de 2022 por un tribunal de primera instancia y ratificada en noviembre de 2024 por la Cámara de Casación. En todos los casos actuaron jueces que habían mantenido relaciones políticamente promiscuas con Mauricio Macri, y que en general habían perpetrado actividades clandestinas antikirchneristas.
El multimedios alternativo El Destape, una de las plataformas periodísticas digitales que siempre publicó noticias rigurosas sobre el tema, informó reiteradamente -por ejemplo- que dos de los jueces “visitaban asiduamente en secreto a Macri tanto en la Quinta de Olivos como en la Casa Rosada”, y que “lo hacían en fechas cercanas a cuando fallaban en contra de dirigentes kirchneristas”. Otros jueces, y asimismo el fiscal que acusó a la líder política en primera instancia, “jugaban al fútbol en la quinta” particular de Macri. Mientras que el juez que instruyó inicialmente la causa, fue parte del grupo que viajó clandestinamente a Lago Escondido y se alojó en la mansión del ultra-millonario inglés Joe Lewis, invitado por al menos dos jerarcas del grupo empresarial Clarín. (Informe del periodista Franco Mizrahi, nota del 13/11/2024).
Todo listo en la Corte Suprema
La semana pasada, la Corte Suprema anunció una decisión previa que resultaba necesaria para luego dictar la probable maniobra proscriptiva: rechazó la recusación que la actual titular del justicialismo había presentado contra el juez Ricardo Lorenzetti. La medida fue adoptada por este último junto con Horacio Rosatti y Carlos Rozankrantz, o sea con los otros dos miembros del máximo tribunal, que actualmente solo cuenta con esos tres integrantes. (Crónica de La Política Online, nota del 04/06/25).
Así, el todopoderoso órgano judicial quedó en condiciones de tomar la resolución que se le ocurra, tal vez en cualquier momento de estos días, o bien dentro de seis meses o un año, o dentro de dos años o nunca. El funcionamiento de la judicatura argentina es aberrante y catastrófico, al punto tal que la Corte jamás tiene plazos legales para pronunciarse sobre ningún expediente que llegue a su consideración. Lo hace si quiere y cuando quiere, según sus cálculos políticos.
Frente al peligro de decisiones aberrantes, proscriptivas y antidemocráticas que -en caso de consumarse- pretenderán tener apariencia de “legalidad”, las personas comunes del pueblo y las organizaciones que aspiran a representar sus intereses tienen derecho a monifestarse de forma pacífica en los lugares públicos que mejor convengan a sus legítimos reclamos.
En tal sentido, el sitio apropiado para movilizarse no sería, por ejemplo, la sede de la Corte Suprema en el tradicional edificio de Tribunales de la ciudad de Buenos Aires, sino los propios domicilios de los jueces. Porque en caso de hacerlo en la sede institucional del Poder Judicial, el reclamo social quedaría diluido y perdería fuerza apenas se produjera la desconcentración de la gente.
En cambio, marchar pacíficamente hasta las viviendas de integrantes de un tribunal, haciéndolo bajo estrictas medidas de precaución para no producir daños a ninguna persona, sería una demostración rotunda de que una parte de la ciudadanía repudia la condena y proscripción contra Cristina, y de que tales decisiones judiciales no cuentan con licencia social.
Frente al edificio donde vivía Cristina
Desde el fin de la última dictadura (1976/1983), hubo escasas situaciones de repudio frente a los domicilios particulares de algún/alguna integrante de los poderes públicos. Los pocos casos ocurridos tuvieron lugar durante el estallido nacional de diciembre del año 2001 que se prolongó a lo largo de 2002, y posteriormente en 2008, cuando manifestantes ligados al poder agropecuario se expresaban de modo hostil delante de las casas de referentes kirchneristas.
La ex mandataria Fernández de Kirchner fue la única dirigente política y además la única funcionaria de primera línea en las instituciones del Estado -es decir de quienes fueron presidente/a o vicepresidente/a de la Nación, presidente/ta o vice de las cámaras del Congreso, o jueces de la Corte Suprema, etcétera- cuya vivienda fue “marcada” -o sea señalada públicamente, identificada ante toda la sociedad- por sectores adversarios a su liderazgo y al sector que representa, como forma de hostigarla y maltratarla política y personalmente.
A mediados de 2022, a partir del accionar de una activista de ultraderecha que residía en el mismo edificio y a quien las cadenas mediáticas dominantes mencionaban en tono simpático e ingenuo como “la vecina de Cristina”, el lugar se convirtió en blanco de odio y furia antikirchnerista y antiperonista.
Por esa época se realizaban las audiencias orales y públicas de la “causa Vialidad”. En agosto de aquel año tuvieron lugar los alegatos del proceso.
Las exposiciones de los fiscales eran cataratas de mentiras e inventos para justificar una condena que ya estaba resuelta de antemano. El fiscal Diego Luciani pronunciaba un alegato mientras iba leyendo, lo cual está prohibido por las normas procesales penales. Pero lo disimulaba porque trasmitía a través de una pantalla, mirando constantemente al costado, donde tenía su libreto escrito.
Por burda que parezca la maniobra, la complicidad del tribunal -y del resto del Poder Judicial- legitimaba todo a través de un criterio ilegal e impune que se puede resumir, como metáfora, con una clásica expresión de los arbitrajes deportivos: “Siga, siga”.
Aún estaban en vigencia ciertas normas de cuidado sanitario por la pandemia del covid. Desde hacía largo tiempo dichas normas no eran obligatorias sino solo optativas, pero fueron la coartada perfecta para que Luciani realizara su exposición a distancia, mediante una comunicación digital, desde un lugar físico que no era la sala de audiencias y que le garantizaba privilegios e impunidad.
Canales de televisión como TN y La Nación Más transmitieron el alegato en directo, horas y horas durante varios días, para multiplicar socialmente los sentimientos de odio hacia Cristina, hacia todo el kirchnerismo, y también hacia el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández y el conjunto del peronismo y sus aliados.
En parte -y aunque hasta el propio peronismo solo le echa la culpa al gobierno del Frente de Todos-, Javier Milei es un emergente de ese estado de ánimo políticamente violento que las corporaciones fomentaron en el conjunto de la población.
Una “vecina” extremista y peligrosa
“La vecina de Cristina” que vivía en el mismo edificio se llamaba Ximena de Tezanos Pinto. Había marcado públicamente ese lugar mediante carteles colgados en su ventana y con vista a la calle -un piso más arriba del que habitaba la entonces vicepresidenta de la Nación-, en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. La complicidad de los medios hegemónicos y la reproducción de mensajes en las redes digitales amplificaban con alcances infinitos el señalamiento del domicilio.
A partir de ese clima generado tanto por una activista que habitaba el mismo inmueble como por el conjunto del poder comunicacional, y mientras se realizaban los alegatos fiscales del “Poder Judicial del odio” (ver comentario que publicó Vaconfirma el año pasado, nota del 18/08/2024), .
Entonces, en búsqueda de una respuesta activa para defenderla política y personalmente, desde el sector liderado por Cristina se resolvió anticiparse a la presencia física de opositores en el lugar. Así fue que militantes del kirchnerismo y otros/as ciudadanos/as empezaron a concentrarse en las afueras del edificio en solidaridad con su líder y de manera preventiva.
Pero los hechos cambiaron drámáticamente en la noche del 1 de septiembre de aquel año: un criminal disparó con su pistola a centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta, quien milagrosamente salvó su vida porque la bala (o las balas, en plural) no salieron del arma.
Con posterioridad al ataque terrorista, se supo que Tezanos Pinto no era solo una mujer que promovía el odio contra su “vecina”, sino una activista peligrosa que recibía como “visitas” en su departamento a miembros de la violenta agrupación de ultraderecha Revolución Federal, la cual proclamaba consignas tales como “cárcel o bala al kirchnerismo”. Además, la mujer le “alquilaba” una habitación a la abogada de los integrantes de ese grupo extremista instigador de crímenes políticos. (Días después del atentado, el portal Perfil publicó detalles acerca de “quién es la vecina de Cristina”. Nota del 16/09/2022).
Manifestaciones estrictamente pacíficas
Los hechos de 2022 dejaron al descubierto que los poderes judiciales y mediáticos consideraron como algo normal el hostigamiento en la vivienda de una líder política que era vicepresidenta de la Nación y que antes había sido dos veces presidenta, siempre elegida mediante el voto mayoritario de la ciudadanía.
Actualmente, con una orientación política absolutamente contraria a las finalidades violentas que tuvieron aquellas manifestaciones de hace casi tres años, a los sectores de la ciudadanía que quisieran expresar su repudio a la proscripción de Cristina les asiste el derecho a movilizarse en paz frente a los domicilios de miembros del Poder Judicial.
Resulta inadmisible que por ejemplo funcionarios del actual gobierno nacional, asi como las cúpulas empresariales, los diplomáticos de Estados Unidos o de otras potencias extranjeras, etcétera, mantengan habitualmente negociaciones y/o ejerzan presiones -de manera pública o secreta- ante los más altos funcionarios judiciales, mientras que la gente común ni siquiera pueda expresar su opinión y su voluntad en el espacio público.
Las dirigencias comprometidas con los intereses democráticos y populares, empezando por el propio kirchnerismo, el resto del peronismo, los progresismos, las izquierdas, los feminismos, las centrales sindicales, los movimientos sociales, las/los representantes de las comunidades universitarias, científicas y culturales, el empresariado que defiende la producción nacional y, en fin, el conjunto de las organizaciones libres del pueblo y de la sociedad civil argentina, están en condiciones de realizar una convocatoria urgente.
Las protestas contra la corrupción judicial y la proscripción de la líder política más importante de la Nación deberían ser estrictamente pacíficas. Ejerciendo de forma plena el derecho a peticionar, manifestarse y participar activamente en la vida cívica, y con absoluto respeto a la integridad personal de los funcionarios ante los cuales se realiza el reclamo, como también sin daño alguno a cualquiera de sus bienes o propiedades.
El deseo de paz de todo el pueblo no debe confundirse con la resignación, la inacción y la impotencia. Todas las formas de lucha legítimas y legales son necesarias para enfrentar a corporaciones que han prostituido el Estado de Derecho y pretenden arrasar la convivencia política plural y democrática.
A Cristina la quieren “presa o muerta”, como ella misma dijera -tras mencionar con nombre y apellido a Héctor Magnetto, máximo jerarca del grupo empresarial Clarín- el 6 de diciembre de 2022, horas después de emitirse en primera instancia el fallo que ahora podría confirmar la Corte Suprema.
Fue una declaración frente a cámara, vibrante, emotiva y conmovedora. Allí anunció además que si quisieran podrían meterla “presa”, porque no sería candidata “a nada” en las elecciones que se realizarían meses después, en 2023, y por lo tanto no tendría fueros. (Así puede verse y escucharse en el video de 1 min. 50 seg. que se publica luego de finalizar este texto).
Esa vez también advirtió que la condena real no sería la cárcel, sino “la inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos” surgidos del voto ciudadano.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
