El intento de ajuste de Javier Milei vuelve a recibir un fuerte revés judicial, en este caso vinculado al mentado financiamiento universitario. Tras la acción judicial que frenó la aplicación de la mentada reforma laboral debido a un pedido de la CGT, la Justicia ahora rechazó la apelación realizada el año pasado por el Gobierno contrala ley de financiamiento de la educación superior.
La decisión que obliga a Milei a cumplir con el financiamiento fue tomada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes consideraron “poco serios” los argumentos del Gobierno para apelar a la ley.
Al abordar el caso, la Cámara consideró que la “insistencia legislativa en los términos del art. 83 de la Constitución impone al Poder Ejecutivo una obligación de ejecutar la ley, sin que pueda suspenderla apoyándose en una norma anterior de igual jerarquía”
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacaron la decisión judicial y se pronunciaron a través de sus redes sociales: “Es una excelente noticia para la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos”. Desde el CIN remarcaron que la medida “obliga a recomponer los salarios del personal de la educación superior y los montos asignados a becas estudiantiles”.
El pedido del Consejo pedía la ratificación de una resolución de primera instancia que declaraba la vigencia de la ley de Financiamiento Universitario y que la gestión de Milei se negó de manera tajante a cumplir. Esta decisión de primera instancia la había tomado el juez federal Enrique Cormick, que había hecho lugar a un amparo del CIN y otras instituciones dependientes de la comunidad universitaria, como hospitales, institutos y colegios secundarios.
En tanto, la noticia también impactó en el sector gremial. “El Poder Judicial nos dió la razón y ratificó lo que sostenemos las y los trabajadores y el conjunto del sistema universitario: el Gobierno Nacional debe ejecutar la ley, atenerse a derecho y pagar la deuda que tiene con docentes, no docentes y estudiantes”, indicaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La decisión judicial cobra relevancia al darse en la misma semana en que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 a cargo de Raúl Ojeda hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) donde se ordena suspender numerosos artículos la Ley de reforma laboral N°27.802, al considerar que existen indicios suficientes de “inconstitucionalidad” y peligro en la demora mientras se tramita la causa principal.