por Miguel Croceri (*)
Considerando todo el mundo, Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pasivo llega casi a U$D 60.000 millones (sesenta mil millones de dólares), y representa el 8,3 % del PBI nacional (Producto Bruto Interno), es decir de todo lo que produce la economía nacional durante un año. Dicho endeudamiento fue contraído en su totalidad durante los gobiernos de Mauricio Macri (45.000 millones) y luego de Javier Milei (14.000 millones entregados hasta el momento). Hace diez años, cuando terminó la etapa de gobiernos kirchneristas, no se le debía siquiera un solo dólar al FMI: la deuda era de cero dólar (U$D 00,00).
El conjunto de la sociedad argentina está pagando continuamente esa deuda, aunque la abrumadora mayoría de la población ni se entera. Es un tema que “a la gente no le interesa”, como dirían los discursos demagógicos (incluidos los de referentes políticos, económicos, periodísticos, comunicadores/as digitales, etcétera, del llamado “campo nacional y popular” y/o asimismo del progresismo, la izquierda, la centroizquierda y otras identidades político-ideológicas que pueden tener algunas afinidades). A la gente no le interesan estos temas por dos tipos de fenómenos, que son dos caras de la misma moneda: por un lado los sectores dominantes ocultan deliberadamente la información para generar ignorancia y desconocimiento social, y por otro lado -en el reverso- las dirigencias que aspiran a representar los intereses del país y los demás enunciadores públicos de similar orientación, no se ocupan en lo más mínimo de informar, difundir, divulgar ese tipo de saberes, los cuales podrían contribuir a orientar, esclarecer y educar cívicamente a la población respecto de asuntos determinantes para la vida cotidiana de las personas y sus familias.
Pero la deuda se paga de todos modos, más allá de que “la gente” se entere o no. Sin embargo, el Estado argentino carece de fondos propios -reservas en el Banco Central- para afrontar los vencimientos, y hacia el final de la semana pasada tuvo lugar una novedad fundamental (en el peor sentido de la expresión): Argentina le pagó al Fondo Monetario con una parte del préstamo que otorgó EE.UU. bajo la modalidad de un “swap” (definido genéricamente con un “intercambio de monedas”). Traducido al criollo, esto significa que para pagar intereses -apenas intereses, nada de capital- de la deuda con el FMI, el Banco Central de nuestro país tomó nueva deuda. Esta vez, con el gobierno norteamericano.
No solo el gobierno estadounidense
Los anuncios de Bessent respecto de las más trascendentes medidas que involucran a las finanzas argentinas y que, por lo tanto, determinan el funcionamiento del conjunto de la economía nacional -y de las economías de los hogares; y de las empresas chicas, medianas o grandes; y de los Estados nacional, provinciales y municipales-, ya son parte de la nueva realidad que afecta a nuestra Patria.
El episodio que marcó la nueva situación histórica tuvo lugar hace un mes y medio -más precisamente a partir del jueves 9 de octubre-, cuando faltaban poco más de dos semanas para las elecciones legislativas que definirían el futuro del gobierno de Javier Milei y el destino nacional, al menos en lo inmediato.
En esa jornada el mencionado secretario estadounidense (en realidad un “ministro”, según la denominación equivalente en la casi totalidad de las naciones) comunicó que el Tesoro compraba pesos -o sea que vendía dólares, para que su cotización no siguiera disparándose-, como forma de favorecer al gobierno de Javier Milei. También anunció un “swap” por 20.000 millones de dólares, que sería implementado por diferentes bancos.
Poco después, en los días más definitorios de la campaña electoral, Donald Trump recibió a Milei en Washington y además le dio el más enfático apoyo de forma pública: “Usted va a ganar la elección, lo vamos a respaldar completamente”, pero en cambio, “si pierde no vamos a ser tan generosos con Argentina”, dijo el presidente de EE.UU.
Bajo el régimen de la ultraderecha mileísta, sostenido a su vez por la violenta ofensiva imperial encarada por Trump para expandir el dominio geopolítico absoluto sobre América Latina, Argentina está dejando de ser un país soberano y adopta paulatinamente el lugar de una provincia económica de Estados Unidos.
Y esa condición humillante no significa solo depender de la voluntad de funcionarios públicos de la mayor superpotencia de Occidente -o sea del gobierno estadounidense propiamente dicho (o “administración”, como allá se acostumbra llamar) y sus distintos
“Departamentos” (equivalentes a “ministerios”), más las múltiples estructuras del dispositivo militar más grande de la historia de la humanidad, el Congreso, el aparato judicial, las infinitas ramificaciones de los servicios secretos, etcétera, etcétera-, sino que implica estar sometidos al conjunto de los poderes capitalistas que tienen su epicentro en EE.UU.
Es así que entre el jueves y viernes recientes (días 20 y 21/11), hubo una nueva señal de inestabilidad monetaria y cambiaria con motivo de decisiones adoptadas por la banca “J.P. Morgan”, uno de los entramados financieros más poderosos del planeta. El gigantesco emporio económico anunció que los principales bancos resolvieron “archivar” el rescate del gobierno de Milei con 20.000 millones de dólares -que Bessent había anunciado antes de las elecciones-, y que solo analizarían opciones por montos más bajos, cercanos a los 5.000 millones. Previamente, en un comunicado conjunto emitido en Washington la semana anterior (el jueves 13/11), los gobiernos de EE.UU. y Argentina anunciaron que ambos “acordaron un marco para profundizar la cooperación bileteral en comercio e inversiones”.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dirigido por Hernán Letcher y Julia Strada, elaboraron de inmediato sus “Consideraciones sobre el marco con lineamientos para el acuerdo comercial” entre los dos países.
“Se supone que es un marco para un acuerdo de concesiones recíprocas -dicen los especialistas- pero solo Argentina asume compromisos. (…) Ni siquiera se hace un listado de las concesiones que haría EE.UU. en beneficio de nuestro país, y en cambio se detallan numerosas concesiones hacia Estados Unidos en cada uno de los puntos: barreras arancelarias y no arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo y eliminación de ‘distorsiones’ de empresas públicas sobre algunos mercados, entre los ejes más importantes”.
En ese marco, advierten de modo categórico que “el futuro acuerdo implicaría una rendición sin precedentes de soberanía en todas las materias: comercial, económica, laboral, jurídica y ambiental. Argentina, más que un socio comercial, se convertiría en una sucursal estadounidense”.
Desde 2015 en adelante
Los hechos de la actualidad constituyen un absoluto contraste con lo que sucedía antes de que las clases oligárquicas locales y los intereses extranjeros tomaran el control del Estado nacional, a partir de la elección que ganó Mauricio Macri en 2015.
Para situar la diferencia respecto de la etapa iniciada en 2003 por Néstor Kirchner, puede tomarse como referencia una expresión lanzada por Cristina siendo presidenta, a comienzos de 2011, solo tres meses y medio después de que muriera su compañero de vida y mandatario predecesor. “Lo más importante de estos ocho años, desde que Néstor Kirchner asumió, es que las decisiones se toman desde la Casa Rosada y no las impone nadie desde otro lugar”, dijo esa vez la jefa del Estado.
Durante el cuatrienio 2015-2019 aumentaron a niveles enormes los montos de dinero público destinados a los acreedores extranjeros, y desde entonces la hegemonía del capital financiero mundial sobre nuestro país fue prácticamente indetenible. La debacle paulatina de las finanzas del país empezó en abril de 2016, cuando el macrismo le pagó 9.300 millones de dólares a las corporaciones usureras trasnacionales conocidas como “fondos buitre”.
Un año después, en junio de 2017 y junto al entonces ministro Luis Caputo -el mismo de ahora-, Macri endeudó a las siguientes generaciones de argentinas y argentinos a lo largo de un siglo, mediante la emisión de un bono pagadero a 100 años de plazo. El momento cúlmine del endeudamiento que actualmente estrangula a la economía y a toda la vida nacional, fue perpetrado mediante el préstamo del Fondo Monetario Internacional en julio de 2018. En esa operación -y aunque la cifra inicial era todavía mayor-, Argentina sumó al pasivo nacional casi 45.000 millones de dólares. (Ese fue “el peso más difícil” de la deuda heredada por el gobierno del Frente de Todos, según información verificada por la plataforma “Chequeado” en junio de 2021, mientras se aplicaba el plan de vacunación masiva para enfrentar la tragedia del Covid y el presidente Alberto Fernández encaraba una renegociación de la deuda externa.
Los dramas cotidianos que sufre/sufrimos actualmente la gran mayoría de la población en nuestro país, no nacieron de la nada. Todo lo contrario. Por eso las grandes decisiones que afectan a la vida de las personas comunes del
pueblo, se toman en los centros de poder del capitalismo global. Lo hacen el gobierno de Trump, el Fondo Monetario Internacional, la banca J.P. Morgan, los fondos buitre y todo tipo de poderes visibles u ocultos.
Así se llega a que Argentina sea tratada como una provincia económica de Estados Unidos. Como una colonia dependiente de intereses foráneos. Como un enclave cuyos recursos están disponibles para empresarios rapiñeros y saqueadores. Como una población dispuesta al malestar y/o al sufrimiento infinitos.
Hoy el gobierno de Milei es el principal culpable de tales calamidades, junto con las corporaciones que se benefician y las dirigencias políticas cómplices. Pero es necesario advertir que no todo es obra de un perverso desquiciado y cruel, sino de causas más complejas y de responsables que han provocado daños tremendos a lo largo de mucho tiempo.
(*) publicado en www.vaconfirma.com.ar
