El legislador Máximo Kirchner presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que cuenta con el respaldo de legisladores del bloque de Fuerza Patria, para “brindar instrumentos al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de mitigar el impacto sobre aspectos centrales de la actividad económica derivados de la actual coyuntura geopolítica mundial”.
La iniciativa surge como una respuesta directa a la volatilidad de precios en energía y alimentos provocada por el conflicto bélico en Medio Oriente, intentando evitar que las fluctuaciones externas golpeen el bolsillo de los trabajadores y la estructura de costos de las PyMEs.
La propuesta consiste en declarar la Emergencia Pública en Materia Energética, Alimentaria y de Insumos Productivos Críticos por un plazo de doce meses. A través de esta medida, se pretende que el Estado nacional asuma un rol activo para regular el impacto de la renta extraordinaria que genera el shock externo, utilizándola para garantizar el abastecimiento interno y la estabilidad de los precios básicos en un contexto de alta incertidumbre logística y financiera global.
En el plano energético, el texto propone que la Secretaría de Energía tenga la facultad de “diferir, escalonar o modular la traslación de precios mayoristas de gas y electricidad a tarifas finales”. Para evitar un impacto abrupto en los hogares y comercios, se establecen topes trimestrales de variación. Asimismo, el proyecto prohíbe explícitamente la venta de activos estratégicos del Estado en este sector, argumentando que son herramientas necesarias para intervenir en el mercado y garantizar el suministro.
Respecto a la seguridad alimentaria, el proyecto declara como «bienes y servicios críticos» a toda la cadena logística y de almacenamiento de la Canasta Básica. Faculta al Ejecutivo a reorientar partidas para “compensar variaciones extraordinarias de precios de la canasta básica alimentaria, estableciendo como prioridades a los niños y niñas y las personas adultas mayores”, buscando que la inflación internacional no se traslade directamente a los alimentos esenciales.
Un punto destacado en materia de seguridad social es la propuesta de un refuerzo del 30% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los fundamentos de la iniciativa son tajantes al respecto: “El aceite, pan, leche y carne son derechos, no deben ser consideradas mercancías de especulación”. Con este incremento, se busca blindar el acceso a la nutrición básica frente a las subas en productos que tienen precios fijados por el mercado mundial.
En cuanto al sector productivo y el agro, la iniciativa contempla la creación de derechos de exportación móviles para el petróleo. El objetivo es captar la renta excedente cuando los precios internacionales suben y volcar esos recursos a un fondo destinado a subsidiar insumos clave como el gasoil y los fertilizantes. De esta manera, se busca proteger la capacidad productiva del campo y asegurar que la rentabilidad extraordinaria de un sector ayude a sostener los costos de producción de los demás.
El documento advierte que la intervención estatal es necesaria para que la suba de los combustibles no genere un efecto dominó: cuando sube el petróleo, sube el flete y, consecuentemente, suben el pan y la leche. Según el texto, la suspensión de la enajenación de activos energéticos busca “preservar recursos estratégicos para la estabilización económica y social”, defendiendo la soberanía operativa del país en plena crisis internacional.
La iniciativa busca, además, fortalecer las reservas internacionales del Banco Central aprovechando los altos precios de exportación, pero sin que ello implique desatender el mercado interno. Se plantea que el Estado funcione como un amortiguador o «colchón» frente a la volatilidad externa, reasignando las ganancias excepcionales para sostener la demanda agregada y evitar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores vulnerables.
El proyecto presentado por Máximo Kirchner lleva las firmas de los diputados y diputadas Emir Félix, Jorge Ávila, Jorge Araujo, Juan Carlos Molina, Ana María Ianni, Pablo Todero, Martín Aveiro, Marcelo Mango, Andrea Freites, Jorge Glinski, Adriana Serquis, Carlos Castagneto y Julia Strada.
Finalmente, la declaración de emergencia busca dotar al Gobierno de herramientas rápidas para responder ante escenarios de desabastecimiento. La meta de fondo es aprovechar la posición de Argentina como exportador de energía para que esa riqueza se traduzca en tarifas sostenibles y no en una presión inflacionaria adicional para la población.