Apertura indiscriminada de importaciones, desequilibrio cambiario y ausencia de políticas públicas son algunos de los factores que enumera la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) para describir la crítica situación del sector, al que calificaron directamente como “industricidio”. Según precisaron, ya se perdieron 42.000 empleos manufactureros, a los que se suman más de 125.000 puestos en la economía informal vinculada a la industria.
“Industria argentina en emergencia: convocatoria nacional ante el industricidio. A la sociedad argentina, es hora de abrir los ojos y actuar”, titularon los sindicatos en el comunicado donde desarrollaron, a través de distintos ejes, el impacto de la gestión de Javier Milei sobre el entramado productivo.
En primer lugar, advierten sobre “un proceso de deterioro industrial tan profundo como acelerado”, que no debe confundirse con una recesión, sino con “una desindustrialización inducida” por el Gobierno nacional. “Tal como ocurrió durante la dictadura y el mandato económico de Martínez de Hoz, en la convertibilidad de los años noventa y en el ciclo 2016–2019, vuelve a impulsarse una apertura sin controles, un desequilibrio cambiario persistente y la renuncia explícita a cualquier estrategia industrial. Ese camino ya lo conocemos: destruye capacidades productivas, tecnológicas y laborales que luego llevan años —y, a veces, generaciones— reconstruir”, señalaron.
En este punto, remarcan que, aunque ciertos indicadores macroeconómicos muestren mejoras, la contracción del sector fabril es evidente, lo que revela “el sesgo antiindustrial del modelo actual”. “Mientras las finanzas, la energía o algunas actividades primarias exhiben dinamismo, la producción manufacturera cae mes a mes. En lo que va de 2025, registra una contracción promedio del 9,5% respecto del mismo período de 2023”, detallaron.
En ese sentido, la CSIRA subrayó que este escenario provoca tanto el cierre de fábricas como la reducción del empleo. “Desde que asumió Javier Milei, el empleo industrial registrado descendió en 16 de los últimos 21 meses, acumulando una pérdida superior a los 42.000 puestos. A esto se suman más de 125.000 trabajos informales vinculados a la actividad industrial”, añadieron.
“El fenómeno no solo implica despidos directos; también destruye capacidades tecnológicas, saberes acumulados, redes de proveedores y mercados que demandaron décadas construir. Ya son casi 2.000 las empresas industriales que cerraron desde noviembre de 2023”, advierte el documento.
En las últimas semanas se sumaron nuevos cierres en distintos rubros. En el sector de electrodomésticos, Whirlpool clausuró su planta en Pilar y dejó a 220 personas desempleadas. En el textil, Luxo y Vulcalar, en La Rioja, cesaron sus operaciones y despidieron a 120 trabajadores. La autopartista Dana, en San Luis, redujo su personal con 50 desvinculaciones, mientras que en Santa Fe la histórica fábrica de ollas Essen echó a 34 empleados.
Otro punto central es la ausencia de políticas específicas para el área productiva, cuyo emblema fue el cierre de la Secretaría de Industria y de la Secretaría Pyme, ahora absorbidas por el Ministerio de Economía. “Mientras el mundo recupera a la industria como pilar de la competitividad del siglo XXI, en nuestro país se la desmantela sin pudor y sin ningún plan alternativo para reemplazarla”, advirtieron.
“Si continuamos por este camino, regresaremos a escenarios de desempleo, pobreza, marginalidad y fractura territorial que ya conocemos demasiado bien”, concluyeron.
