Por Pablo Pellegrino
A través de un decreto publicado el martes en el Boletín Oficial, Mauricio Macri pasó la tijera por diversas áreas del Estado para cumplir con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo alcanzado con el organismo de crédito para paliar la crisis financiera de los últimos meses.
La medida congela los ingresos al sector público hasta diciembre de 2019 y, según el gobierno, le permitirá “ahorrar” unos 20.000 millones de pesos. Alcanza a todas las áreas de la Administración nacional, aunque excluye de la prohibición de nuevas designaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Servicio Penitenciario, a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a las Universidades Nacionales y a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
LAURA ALONSO (DIPUTADA NACIONAL UC): «Forma parte de la política brutal de ajuste que está llevando adelante MACRI no sólo de cara al sistema universitario, sino al conjunto de las funciones del Estado”.
No obstante, en el caso de las universidades, la tijera pasa por otro lado: los contratos de asistencia técnica celebrados entre el Estado y dependencias universitarias nacionales y provinciales públicas y privadas.
“Forma parte de la política brutal de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional no sólo de cara al sistema universitario, sino al conjunto de las funciones del Estado”, dijo a Contexto Laura Alonso, la diputada nacional del Frente para la Victoria y exsubsecretaria de Políticas Universitarias durante la gestión de Cristina Fernández, quien presentó en el Congreso un pedidos de informe al Ministerio de Educación para que explique de qué manera reemplazará la asistencia y consultoría que recibe de parte de las universidades.
“El gobierno se está deshaciendo de personal altamente calificado y que ejerce tareas de control que son indelegables, y, en el caso de los convenios de asistencia técnica que implica fuentes de trabajo concretas que se pierden, el Estado también se está perdiendo la posibilidad de contar justamente con una asistencia técnica de instituciones públicas que financia el propio Estado”, sostuvo.
La diputada recordó que dichos convenios cobraron preponderancia durante el gobierno de Néstor Kirchner a partir de un decreto firmado en 2004 en el cual las universidades pasaban a ocupar el lugar que durante los años noventa ocuparon las ONG y los organismos privados.
Además de la caída de los convenios, Alonso destacó el “enorme nivel” de subejecución presupuestaria y “el anuncio que hicieron funcionarios del gobierno en marzo en Jujuy que implicó la paralización de todas las obras de infraestructura dentro del sistema universitario y además el recorte de 3.000 millones de pesos del presupuesto que había sido votado”. “Si a eso le sumamos el exorbitante incremento de tarifas que afecta sensiblemente al sistema, estamos hablando de una merma importante en el presupuesto de las universidades”, agregó.
Paro de Conadu
El mismo día en el que el gobierno de Cambiemos anunció el recorte que, además, congela los ingresos al sector público hasta diciembre de 2019, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que no iniciarán las clases en el segundo semestre del año por la falta de oferta salarial que está frenada desde abril.
Carlos De Feo, secretario general de Conadu, explicó a Contexto que la medida de fuerza fue decidida luego de un plebiscito universitario nacional en el que más del 85% de los docentes universitarios decidieron no dar clases desde el 6 de agosto hasta, por lo menos, el 10 del mismo mes, cuando evaluarán cómo continuar con el reclamo en caso de no tener respuestas.
“En un principio nosotros teníamos un reclamo del 25% de aumento salarial. Hoy el porcentaje no lo podemos saber, por eso pedimos una oferta razonable con una cláusula de actualización, preferentemente automática, pero no tenemos ninguna respuesta”, dijo el dirigente, y adelantó que “la semana siguiente al paro queremos hacer un gran acto conjuntamente con los estudiantes, los no docentes y las autoridades, porque el problema salarial es muy importante, pero la situación presupuestaria de las universidades es muy complicada también”.
“Estamos en julio y el último recurso que mandaron de gastos de funcionamiento fue en febrero y les deben más de 2.000 millones de pesos. Hay universidades que no pudieron pagar el último día hábil como hacían antes porque no tenían recursos, incluso hay algunas que todavía no pagaron el medio aguinaldo”, explicó en ese sentido, y consideró: “Es una situación complicada y parece que, con lo que se viene, será peor”.
CArlos de feo (CONADU): “En un principio nosotros teníamos un reclamo del 25% de aumento salarial. hoy el porcentaje no lo podemos saber, por eso pedimos una oferta razonable».
También destacó la subejecución presupuestaria que afecta al sector y recordó que durante el ejercicio 2017 la cifra fue de 10.000 millones de pesos. “Esa es una cantidad enorme de dinero para las universidades. Pensemos que los gastos de funcionamiento fueron de alrededor de 15.000 millones; es una barbaridad”, dijo.
De Feo manifestó que “todas estas acciones son para dar señales al Fondo, es un alineamiento que sobreactúan. El tema es que lo hacen sobre el lomo de los trabajadores”, y concluyó: “El golpe que le están pegando a la Universidad es brutal, por eso es importante que podamos hacer un gran frente en conjunto entre docentes, estudiantes, no docentes y autoridades para poner a la Universidad pública en pie de guerra, porque si no se la llevan puesta”.
