Tras la divulgación de una deuda de casi 500 mil pesos que Aerolíneas Argentinas le “perdonó” esta semana a la empresa MacAir –vinculada con la familia Macri–, los diferentes sindicatos del sector aeronáuticos tomaron la decisión de unirse para defender la aviación nacional y hacer frente al Gobierno de Cambiemos, a cuyos funcionarios –muchos de ellos propietarios de firmas aéreas– acusan de ser “competidores” de Aerolíneas Argentinas.
Asimismo, desde el año pasado, varios de estos sectores sindicales comenzaron a advertir sobre el enorme riesgo que implica la apertura de rutas aéreas a firmas foráneas de bajo costo, hecho que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo.
“Siempre que corrió peligro la actividad aeronáutica, en especial de las empresas nacionales, los sindicatos se unen para enfrentar ese tipo de situaciones. En los últimos meses, lo que parecía imposible, dirigentes enfrentados históricamente por distintos motivos se han unido para defender fuentes de trabajo y la política de aviación argentina”, dijo a Contexto Hugo Perosa, referente de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), gremio que combinó fuerzas con la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) paras conformar este nuevo frente.
“A diferencia de otras actividades, la aviación es un campo donde gran parte del Gabinete nacional tiene intereses creados, casi desde el presidente para abajo. Cada uno viene con una firma de aviación bajo el brazo; si no son propietarios directos, son promotores de intereses extranjeros”, sostuvo Perosa, y añadió: “Cuando comenzó este Gobierno, lo que más nos preocupaba es que uno de los miembros principales del Gabinete sea el CEO de la compañía chilena LAN. Ya de por sí era preocupante que el transporte quedara en manos de un grupo empresario competidor, pero ahora vemos con claridad las relaciones que hasta el propio Macri tiene con las empresas low-cost que vienen a arrasar el mercado”.
Cabe destacar que la estrategia de las empresas low-cost –o bajo costo– promueven un sistema de financiación de “dumping” de precios reducidos que, frente a las empresas regulares, eliminan la capacidad de competencia. En este sentido, la firma Latam en Argentina ya comenzó a cobrar por servicios de comida y bebida para poder competir.
En esta línea, la APTA lanzó un comunicado donde exigió que “no se reemplacen las rigurosas normas aeronáuticas argentinas (RAAC), por las más blandas y menos exigentes latinoamericanas LAR, con el único propósito de bajar los costos de los operadores aéreos”.
Como agravante, continúa en curso la causa que investiga el juez Sergio Torres, donde se denuncia una condonación de deuda por medio millón de pesos por parte de Aerolíneas Argentina a la empresa MacAir, propiedad de Macri y luego vendida a Avianca.
Según un documento difundido por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Aerolíneas Argentinas desestimó una deuda que la firma de la familia presidencial mantuvo durante más de dos años por unos $481.229,18.
“Actualmente, la prescripción de este tipo de deudas se encuentra comprendida dentro del artículo 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece el plazo genérico de 5 años contados desde el día en que la prestación se tomó exigible”, fundamentaron desde Aerolíneas en el documento de condonación.
“Teniendo en cuenta la carencia de antecedentes disponibles para perseguir el cobro del Crédito esta Gerencia opina que la deuda es incobrable”, concluyeron en el texto, que fue firmado el pasado 26 de octubre de 2016, bajo la gestión de Isela Costantini.
Mientras tanto, los gremios están alerta para trazar líneas de acción. “Va a haber una estrategia gremial y judicial. Todo lo que se pueda denunciar ante la Justicia los sindicatos lo van a denunciar. Y como siempre tendremos nuestra disposición dirigida a la lucha sindical cuando sea necesaria”, concluyó Perosa.
