El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sigue su camino en la Banca de la Mujer, Justicia y Salud, las comisiones a las que fue girado en el Senado. Este miércoles, veinticuatro nuevos expositores y expositoras dieron sus puntos de vista sobre la iniciativa que espera conseguir media sanción el viernes para ser tratada el 29 en el recinto.
La primera de las oradoras fue la médica ginecóloga y especialista en medicina legal del hospital zonal de Trelew (Chubut), Estela Manzano, quien apoyó el proyecto al considerar que «evita secuelas físicas y sufrimiento psíquico de las mujeres por haber sido forzadas» a llevar adelante un embarazo no deseado.
Manzano sostuvo que la principal razón para apoyar esta normativa «es que no se pueden salvar las dos vidas porque un aborto a cualquier edad gestacional es menos peligroso que un parto de acuerdo a todas las estadísticas».
En contra, la médica obstetra María de Uarraza consideró que el proyecto busca «legitimar el aborto a libre demanda y sin límite de edad gestacional, aumentar la cantidad de abortos y ampliar cobertura de aborto irrestricto en todo el país y amedrentar a los médicos que se resisten a obrar en contra de las leyes de la humanidad». En un duro discurso, la médica se refirió a «hospitales públicos abortistas», «fetos desmembrados», «trabajo sucio», «fetos de veinticuatro semanas que lloran», «para las pobres la solución es que aborten para ahorrarse una asignación universal por hijo», «con la objeción de conciencia con esta ley no podemos ni siquiera disuadir a una paciente de lo que sería un suicidio emocional». Sus palabras fueron cuestionadas por varios senadores.
Otro de los médicos que generó polémica fue Gabriel Flores Ciani, quien también es pastor evangelista. En su discurso, aseguró que ninguna mujer «va a quedar esclavizada por dar a luz, de ninguna manera; cuando la mamá huele la cabecita del recién nacido emite oxitocina que la prepara para amar a su recién nacido, más allá de la violación. La psiquis está preparada para amar». Además, aseguró que «el cerebro está cableado para querer a Dios. Desde los orígenes de la evolución, el hombre ha sido un ser espiritual, y esto en la mamá surge desde que registra que en su vientre hay un ser viviente. Y esto no es religión».
Uno de los que le respondió a Flores Ciani fue el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, que hizo las veces de orador. «No estamos cableados», aseguró. «El aborto existe, existía en 1921 cuando se hizo la reforma del Código Penal, existía en 2018 y existe ahora. El aborto ilegal sigue en la agenda de nuestro país como una deuda social. El Estado como garante del bien público como es la salud no debe desentenderse, porque las complicaciones por aborto inseguro son una cuestión de salud pública», sostuvo el exfuncionario macrista.
Al igual que en Diputados, el Senado contó con la presencia de la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, quien dio detalles de las implicancias económicas y cómo la legalización podría favorecer al sistema de salud. «Se gasta mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal que si se hicieran dentro del sistema», sostuvo, por lo que consideró que «es falaz creer que nos va a costar más caro como sistema».
En ese sentido, la funcionaria nacional explicó que «un 75 % de los abortos tiene contactos igual con el sistema de salud (aunque se practiquen en el sector privado), lo que significa que, si bien la práctica se hace fuera del sistema porque es ilegal, el resto de las atenciones que requiere el aborto, como el control o terminar un aborto incompleto, terminan llegando en el sistema de salud». En ese sentido, detalló que un aborto clandestino con complicaciones que llega al sistema de salud público implica un costo de 85.000 pesos por práctica.
Otra de las polémicas del día se dio entre una de las oradoras y la senadora Beatriz Mirkin. La médica Gabriel Moya, genetista en contra del proyecto, comparó la iniciativa con el holocausto, por lo que la legisladora tucumana salió al cruce. «¿Usted está planteando que quienes estamos a favor de una posición se asimila a eso? ¿Qué busca? Soy judía. No se lo voy a permitir, se ha pasado de rosca ya», y consiguió el respaldo de la neuquina Silva Sapag.
«Me estoy refiriendo a hechos históricos, a que había una legislación que permitía el exterminio de personas con discapacidad», replicó Moya, por lo que la presidenta del plenario, Norma Durango, tuvo que interrumpir el intercambio.
La médica ginecóloga y jefa del programa de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la provincia de San Luis, Yolanda Bertazzo, destacó que «los equipos de salud somos los que estamos todo el tiempo al lado de las mujeres y las personas con capacidad de gestar», y resaltó las diferencias del sistema de salud público a medida que «nos alejamos de los centros urbanos». Destacó que «la interrupción del embarazo es una práctica ancestral que ha existido, existe y existirá por más sanción moral, social o legal que le impongamos. Nadie debe obligar a maternar, como tampoco a abortar. Solo pedimos tener el derecho a decidir».
El momento más emotivo de la jornada lo protagonizó la médica tucumana Cecilia Ousset, quien en Diputados contó que a pesar de ser católica y objetora de conciencia acompaña la iniciativa, al tiempo que relató cómo acompañó una interrupción legal del embarazo (ILE) en el caso Lucía, niña a la que el sistema de salud de su provincia dilató y obstaculizó la práctica.
Tucumán «no es tierra santa, es la tierra en donde todos los derechos reproductivos no se aplican. En Tucumán no se aplica la ESI, no tiene protocolo ILE. Es la tierra que niega todas las herramientas a las personas con capacidad de gestar», dijo Ousset.
Por otra parte, se refirió al riesgo que corren las mujeres pobres. «Jamás vi a una mujer con plata morir con un aborto o tener secuelas por eso», afirmó. En este marco, recordó el caso Belén, mujer de su provincia que pasó tres años presa tras un aborto espontáneo. «No todas somos Belén, porque a la cárcel solo van las pobres».
«Ninguna menor de edad tiene que pasar por lo que yo pasé»
Sobre el final, Ousset leyó una carta de Lucía. «Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que pasar por lo que yo pasé. A mí a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días», comienza la carta.
«Otros me dicen asesina porque dicen que mi provincia es provida. Deciles que cuando dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningún aborto es legal y se enojan con nosotras aunque seamos menores», leyó la médica.
«Deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día. Bah, ¡qué día! ¡ni un solo segundo!», concluye la carta.
