Por Fernando M. López
Tanta preocupación genera el Presupuesto 2017 de la gobernadora María Eugenia Vidal que sectores de la oposición que hasta hace poco se encontraban fragmentados lograron ponerse de acuerdo en una postura y estrategia común de cara al tratamiento del proyecto en la Legislatura.
Senadores, diputados e intendentes de extracción peronista, encabezados por la matancera Verónica Magario, titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), volvieron a reunirse este miércoles para consolidar la unidad de acción. Durante el encuentro decidieron lanzar una comisión integrada por diez representantes: seis legisladores (tres por Cámara) y cuatro jefes comunales, que buscarán exigir modificaciones a Provincia.
En concreto piden reducir un endeudamiento estimado para el año que viene en más de 90.000 millones de pesos; que los fondos para infraestructura y seguridad se financien con coparticipación y se ajusten por inflación; y que se revisen los recortes previstos en áreas como salud y educación.
“El endeudamiento que propone Vidal es inadmisible. La provincia está llegando a un límite que condena a las próximas Administraciones a no poder funcionar. Si el Presupuesto se aprueba en estas condiciones, transformaría el endeudamiento en algo crónico que finalmente va a tener un efecto devastador en la economía provincial”, explicó a Contexto el intendente de General Paz, Juan Carlos Veramendi, al salir de la reunión con los legisladores.
Intendente de General Paz: “El endeudamiento que propone Vidal es inadmisible. La Provincia está llegando a un límite que condena a las próximas administraciones a no poder funcionar.»
Por su parte, el senador Daniel Barrera recordó que ya en el Presupuesto 2016 se había aprobado un endeudamiento por 60.000 millones de pesos, del cual “aún no tenemos la debida información por parte del Ejecutivo de cómo se fue dando”.
“No podemos estar acompañando endeudamientos todos los años porque generan graves perjuicios y los terminan pagando todos los bonaerenses”, completó en diálogo con este diario.
Barrera también rechazó la actitud del ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien tras negociar con el Frente Renovador de Sergio Massa adelantó que la Ley de Leyes sería votada la semana próxima, sin tener en cuenta que se necesitan los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para sancionarla.
“Hay muchos puntos por conversar, entonces no entiendo cómo alguien puede poner fecha de tratamiento por fuera de la Legislatura. Esperemos que la Provincia tome nota de esto, no nos subestime y convoque a intendentes y legisladores para impulsar una mesa de consenso”, sostuvo el senador peronista.
senador barrera: “No podemos estar acompañando endeudamientos todos los años porque generan graves perjuicios y los terminan pagando todos los bonaerenses.”
La excusa de las obras
El Gobierno de Vidal busca crear la necesidad de hundir a los bonaerenses en una deuda impagable con los organismos internacionales de crédito bajo el argumento del “ambicioso plan de obras” que tendría en puerta, pero la realidad es que terminará destinando buena parte de esos recursos a cubrir gastos corrientes y cancelar vencimientos de los servicios de la deuda ya contraída. El déficit estimado en el Presupuesto 2017 es de alrededor de 35.000 millones de pesos, es decir, casi un 21% más que en el ejercicio actual y un 40% más que al final de la gestión de Daniel Scioli.
La infraestructura también fue el caballito de batalla PRO para justificar el significativo endeudamiento solicitado en el presupuesto que se aprobó en enero pasado, pero sólo se licitaron 47 de las 174 obras proyectadas, la mayoría en distritos gobernados por Cambiemos.
Si bien se calcula que hasta la fecha la provincia ejecutó menos del 20% del dinero previsto para infraestructura, es imposible encontrar precisiones al respecto porque desde el Ejecutivo provincial incumplen la presentación de informes a la Legislatura sobre el plan de obras.
Tijera en mano
El proyecto de Presupuesto 2017 prevé gastos por encima de los 522.000 millones de pesos, es decir, un 26,4% más que los de 2016. Pero ese aumento no beneficiará a áreas esenciales como educación, salud, vivienda, seguridad, justicia y vialidad. Por el contrario, todas serán objeto de fuertes ajustes.
Si bien se calcula que hasta la fecha la Provincia ejecutó menos del 20% del dinero previsto para infraestructura, es imposible encontrar precisiones al respecto.
En el caso de la Dirección General de Cultura y Educación, por ejemplo, su participación en el gasto general se reduce 3,1 puntos porcentuales (27,5% en 2016, 24,4% en 2017), lo que significará $16.533 millones menos.
Al cuestionar esta decisión, desde el Frente Gremial Docente señalaron que con ese dinero podrían construirse 998 escuelas secundarias o 1.764 jardines de infantes, y advirtieron que la baja del presupuesto impactará en la negociación salarial del año que viene. También denunciaron la “subejecución” a lo largo de 2016 de “las partidas destinadas a programas socioeducativos, fortalecimiento de proyectos escolares, infraestructura y mobiliario”.
Mientras tanto, en Salud el presupuesto cae del 6,36% en 2016 al 5,62% en 2017. El área contará con un total de $29.565 millones, las partidas más bajas de su historia.
El recorte también será agresivo en casos como los de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, que pasará de $1.095 millones a 353 millones; y la Universidad Pedagógica de la Provincia, que pasará de $95 millones a $24,6 millones.
en Salud el presupuesto cae del 6,36% en 2016 al 5,62% en 2017. El área contará con un total de $29.565 millones, las partidas más bajas de su historia.
Además, no se prevé financiamiento de ningún tipo para el Boleto Educativo Gratuito (Ley 14.735), las Instituciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial (Ley 14.628), el Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449), el Fondo Especial de Recuperación de Fábricas (Ley 13.828), la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Ley 13.592) y el Fondo para el Financiamiento Operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
En materia de desarrollo social, se advierte con preocupación el ajuste del 10,6% en el Programa Asistencia Inmediata, del que dependen áreas como Infraestructura Social o todo lo relativo a la atención de personas en situación de calle.
Las cooperativas bonaerenses también sufrirán un duro golpe el año que viene, ya que el Programa de Economía Social sólo recibirá $126,6 millones, es decir un 55% menos que en 2016.
“Se nos viene un año mucho más difícil que este”, pronosticó el intendente Veramendi no sólo al considerar el carácter regresivo del presupuesto de Vidal, sino también “la recesión que sigue profundizándose, con un fuerte impacto en el gasto social y en la disminución de la recaudación”.
