Un informe del CEPA revela que la Nación recortó un 72% el presupuesto del programa y redujo los tratamientos dispensados más de un 60%. La tijera oficial dejó afuera drogas para la diabetes, el hipotiroidismo y el asma; así, afectó a más del 44% de los argentinos sin cobertura médica y golpeando también al PAMI.
En los últimos dos años, el Gobierno nacional avanzó de manera sostenida sobre los dos principales instrumentos públicos de acceso gratuito a medicamentos en la Argentina. Por un lado, el programa Remediar, que abastece a los centros de atención primaria de todo el país. Por otro, la cobertura de medicamentos del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados. En ambos casos, el ajuste no constituyó una decisión aislada, sino un proceso por etapas que culminó el 15 de octubre de 2026 con la reducción del listado nacional de medicamentos esenciales a apenas seis principios activos.
En el caso del Remediar, este tijeretazo es el corolario de un desfinanciamiento progresivo iniciado en 2024. Según un informe del Centro de Economía Argentina (CEPA), los botiquines distribuidos, que contenían unos 75 productos en 2024, se redujeron a cerca de 30 en el primer semestre de 2026 y a solo 22 o 23 desde julio. Paralelamente, se achicó la red de CAPS abastecidos: de 8.100 bajó a 4.131 en la última entrega de 2025 y a 4.202 en la primera de 2026.
Como resultado directo, los tratamientos dispensados cayeron estrepitosamente de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025 (un 62% menos), mientras que el presupuesto asignado para 2026 ($36.054 millones) representa una reducción real del 72% en comparación con lo ejecutado en 2023, precisó el CEPA.
El 15 de octubre de 2026 el Ministerio de Salud derogó la resolución 3424/2021, achicó el programa a una nómina de apenas seis principios activos, todos enfocados de manera excluyente en la salud cardiovascular: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
Hasta entonces, el listado contemplaba 128 medicamentos esenciales. Con la nueva disposición quedaron excluidos, entre otros insumos críticos:
- La metformina para el tratamiento de la diabetes.
- La levotiroxina para el hipotiroidismo.
- El salbutamol para el asma y la EPOC.
- Antibióticos esenciales como la amoxicilina y la cefalexina.
- Antimicóticos como el fluconazol y antihistamínicos como la loratadina.
- Insumos vitales para la prevención de la anemia en embarazadas y niños, como el Sulfato Ferroso y el Ácido Fólico.
- Diversos métodos anticonceptivos.
El impacto social
Creado en 2002, el programa Remediar se diseñó para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a quienes se atienden exclusivamente en el sistema público de salud. Su funcionamiento fue directo y federal mediante botiquines que la Administración Pública Nacional enviaba a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Mediante ese mecanismo llegó a abastecer a unos 8.100 establecimientos en todo el país y, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, su cobertura alcanzaba a 19 millones de personas.
A nivel social, su peso en la cobertura de medicamentos era clave ya que, de acuerdo con datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, más del 44% de los argentinos no cuenta con obra social ni prepaga.
¿Quiénes se perjudican?
La drástica reducción de las partidas presupuestarias y del vademécum del programa impacta de lleno en la población más vulnerable y en los gobiernos locales. A continuación, los principales sectores afectados por el recorte:
- Personas sin cobertura médica: Millones de ciudadanos sin obra social ni prepaga que dependen por completo de la salud pública para acceder a sus tratamientos diarios.
- Pacientes con enfermedades crónicas: Quienes padecen diabetes, hipotiroidismo, asma o patologías respiratorias crónicas y pierden el acceso gratuito a su medicación de cabecera.
- Mujeres embarazadas y niñez: Sectores vulnerables que se quedan sin suplementos esenciales de hierro y ácido fólico, así como sin cobertura de anticonceptivos.
- Las arcas provinciales y municipales: Gobiernos locales que deben absorber de urgencia los costos de compra para evitar la interrupción de tratamientos en sus territorios.
El PAMI, la otra cara del ajuste en medicamentos
El repliegue del Estado nacional en materia de cobertura de medicamentos no se agotó en los centros de atención primaria. El segundo gran pilar del ajuste afectó de manera directa a la población de mayor vulnerabilidad sanitaria del país.
El PAMI otorga cobertura médica y farmacológica a más de 5,3 millones de personas —en su inmensa mayoría adultos mayores de 60 años—, lo que representa a más del 60% de la población de la tercera edad en el país.
Al igual que ocurrió con la atención primaria, la cobertura de medicamentos de la obra social jubilatoria sufrió recortes escalonados y sostenidos desde 2024, reduciendo los porcentajes de bonificación y podando los vademécums con subsidio total disponibles para sus afiliados sin un desglose transparente sobre el impacto final en las prestaciones.
Mortalidad
Los especialistas advierten que la falta de acceso oportuno a los medicamentos esenciales incrementa los riesgos de morbimortalidad en patologías crónicas y agudas. Según relevamientos del sector farmacéutico y médico, hasta un 30% de los pacientes con patologías crónicas (hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias) interrumpieron o espaciaron sus dosis por no poder costear los remedios, lo que dispara el riesgo de eventos cardiovasculares agudos (ACV e infartos) e insuficiencia renal.
A su vez, se estima que la falta de adherencia al tratamiento ambulatorio incrementa entre un 15% y un 20% las consultas de urgencia y las internaciones evitables en el sistema público de salud.
«El Gobierno nacional desarmó en etapas los dos principales mecanismos de acceso gratuito a medicamentos: el que atiende a quienes no tienen cobertura y el que atiende a las personas jubiladas y pensionadas”, sostuvo el CEPA. “El ahorro fiscal que se obtiene es acotado; el costo, en cambio, lo pagan las familias más vulnerables, las personas mayores y las provincias con menos recursos”, cerró el informe.
