El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 ordenó al Gobierno nacional girar los fondos aprobados por el Congreso el año pasado. La resolución judicial deja sin efecto el decreto con el que la Casa Rosada había suspendido la ley.
Un nuevo revés judicial golpea la estrategia de recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025. De esta manera, el juez hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y gremios docentes. En consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo aplicar sin demoras la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
El conflicto político y legal comenzó en la segunda mitad del año pasado. En agosto de 2025, el Congreso aprobó la norma para recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios. El presidente Milei rechazó la medida y aplicó un veto total mediante el Decreto 647/25. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado ratificaron el proyecto original con la mayoría calificada de dos tercios de los votos.
Frente a la derrota parlamentaria, el Poder Ejecutivo recurrió a un mecanismo muy cuestionado por distintos especialistas. El 20 de octubre de 2025, la Casa Rosada promulgó la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria mediante el Decreto 759/25, pero incluyó una cláusula para suspender su ejecución. Para justificar esa decisión, el Gobierno sostuvo que el Congreso no había indicado la fuente de los recursos. Apoyó esa interpretación en normas de administración financiera que exigen especificar las partidas para cada gasto.
En su fallo de 50 páginas, el juez Cormick desarmó el argumento oficial. El magistrado destacó que la propia ley establece en su artículo 9° las pautas financieras necesarias. Además, señaló que resulta ilógico considerar que una norma general del pasado prevalezca sobre una decisión legislativa reciente respaldada por dos tercios de ambas cámaras. Según el magistrado, el decreto del Ejecutivo carece de razonabilidad porque pretende anular el mandato explícito del Congreso.
La sentencia definitiva dictada este martes llega tras un largo camino judicial. En diciembre de 2025, el juez Cormick otorgó una cautelar para liberar los fondos salariales y las becas. A pesar de las apelaciones oficiales, la medida fue confirmada por la Cámara Federal y ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio pasado. Debido a los incumplimientos del Gobierno, el magistrado cursó intimaciones durante septiembre de 2026 y ahora decidió resolver la cuestión de fondo.
La resolución invalida el congelamiento de las partidas para la educación superior pública. La aplicación plena de la ley obliga al Estado nacional a actualizar los presupuestos universitarios según la inflación. Asimismo, la medida impone la recomposición de los salarios del personal docente y nodocente, junto con el financiamiento indispensable para las becas estudiantiles y los proyectos de investigación científica.
