Las diputadas Florencia Carignano y Paula Pennaca, presentaron un proyecto para derogar la reciente medida anunciada por el gobierno de Javier Milei para otorgar «ciudadanía por inversión», para que extranjeros a cambio de 350.000 dólares puedan ser reconocidos ciudadanos argentinos. «El vínculo con nuestro país no se compra», reclamaron las legisladoras.
El Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina fue presentada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Argentina Week desarrolada en París con el objetivo de «fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales». En este marco, quienes requieran la ciudadanía pueden realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000; o suscribir un título público de USD 800.000 creado específicamente para este Programa.
El proyecto, presentado por Carigliano y Penacca, entre sus argumentos, destaca que «la ciudadanía no puede convertirse en una contraprestación económica ni quedar condicionada, directa o indirectamente, a la capacidad patrimonial de quien pretende acceder a ella. La posibilidad de realizar una determinada inversión no puede constituirse en un criterio sustitutivo del vinculo efectivo con el país que sustenta el régimen general de naturalización».
«En este sentido, el establecimiento de un mecanismo que permite solicitar la ciudadanía sin el período de residencia exigido con carácter general y que tiene como presupuesto central la realización de una inversión económica introduce una diferencia sustancial entre quienes acceden a la naturalización a partir de su residencia e integración en la sociedad argentina y quienes pueden hacerlo mediante la acreditación de una determinada capacidad de inversión», agrega el proyecto.
Vale destacar que, con esta medida, Argentina adopta un esquema poco habitual en el escenario internacional —y atípico en la región—, equiparándose a una lista muy acotada de países que otorgan la Ciudadanía por Inversión, como Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Turquía, Egipto o Vanuatu. Ningún otro país latinoamericano integra esta lista.
En ese sentido, la diputada y exsecretaria de Migraciones, Carigiliano, cuestionó la falta de requisitos. «No tenes que venir a vivir acá, ni a producir acá, ni a generar un sólo puesto de trabajo, ni hablar el idioma, ni arraigo. Nada», sostuvo en diálogo con Aire Libre, al tiempo que enmarcó esto en el nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia. «Este nuevo régimen de ciudadanía argentina fue pedido por muchos empresarios de Silicon Valley que necesitan venir a comprar tierras argentinas», explicó.
En sus redes, la exfuncionaria nacional también cuestionó la medida. La ciudadanía argentina no puede convertirse en una contraprestación económica ni en un mecanismo para captar capitales. El vínculo con nuestro país no se compra: se construye con residencia, integración y arraigo. La Argentina tiene herramientas para promover inversiones sin convertir la nacionalidad en un producto. La ciudadanía no está en venta», remarcó.
En la misma línea, Carignano junto con el diputado Agustín Rossi realizaron un pedido de informes sobre el programa anunciado por Luis Caputo. «Queremos saber quiénes se lo pidieron a Javier Milei en Sun Valley, qué consultoras lo diseñan, qué inversión exige, a dónde iría la plata, el impacto de las relaciones con la Unión Europea y el Mercosur», explicó el diputado santafesino sobre las 50 preguntas presentadas en la Cámara de Diputados.
El listado de preguntas busca también aclarar, entre otras cuestiones, si la persona solicitante debe residir en el país, las causales para revocar la ciudadanía otorgada, si existe un cupo anual, el funcionamiento de la nueva Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y cómo se va a determinar el origen lícito de los fondos. Un punto clave busca determinar si quienes obtengan la ciudadanía dejarán de ser considerados extranjeros a los efectos de las restricciones para adquirir tierras rurales.
