En 2020, Argentina fue pionera en la región con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una normativa que sigue vigente pero cuya implementación es desigual en el territorio argentino. En pleno ajuste y retirada del Gobierno nacional de políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la práctica enfrenta nuevas dificultades. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, un repaso sobre el acceso a un derecho reconocido por ley en tiempos de Javier Milei.
No hay números oficiales de cuántos abortos se realizaron en el último año en todo el país. Según el informe 2025 del Proyecto Mirar, desarrollado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, durante el año pasado se registraron 87.603 abortos en el sector público de 20 jurisdicciones. Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero no respondieron los pedidos de información, por lo que quedaron fuera del relevamiento. El 72% de las interrupciones registradas se concentró en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.
El mismo informe da cuenta de que la cantidad de prestaciones se mantiene en niveles similares a los de años anteriores, pero advierte sobre las diferencias en la capacidad de los sistemas de salud provinciales para garantizar el acceso frente a la retirada del Gobierno nacional. Por un lado, entra en juego la cantidad de establecimientos disponibles en cada territorio. Diecinueve provincias reportaron un total de 1.846 establecimientos públicos que garantizan IVE/ILE, un número que no es uniforme entre las jurisdicciones. Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad, con 594 establecimientos, mientras que Tucumán tiene 20.
Sin embargo, al considerar la cantidad de establecimientos cada 100.000 personas gestantes de entre 15 y 49 años, el escenario cambia: Río Negro lidera con 72, seguida por Neuquén con 55 y La Pampa con 53. En el extremo opuesto se encuentran Corrientes, con 7; Tucumán, con 4; y Chaco, con 2.
La cuestión de los insumos marca uno de los principales cambios en la implementación de la ley. Según destaca Proyecto Mirar, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio frente a la discontinuidad de la provisión nacional. “El desempeño de las provincias fue heterogéneo en los insumos priorizados, pero da cuenta de una respuesta activa frente al retiro del Estado nacional del aseguramiento de insumos para la interrupción del embarazo”, señala el informe.
Principales obstáculos
Según Amnistía Internacional Argentina, desde 2024 el Gobierno nacional dejó de comprar y distribuir los medicamentos destinados a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) que adquiría y enviaba a las provincias. “Hasta entonces, la compra centralizada no sólo aseguraba las medicaciones: permitía reducir costos, planificar la provisión, coordinar la respuesta sanitaria y contribuir a garantizar un piso mínimo de acceso en todo el territorio”, indicó el organismo. Con el cambio, esa responsabilidad recayó en mayor medida sobre las provincias.
“Las provincias están haciendo un enorme esfuerzo por sostener el acceso al aborto frente al retiro del Estado nacional. Pero no se puede reemplazar una política federal con veinticuatro respuestas diferentes. El Estado nacional conserva una responsabilidad fundamental de rectoría, coordinación y garantía de un piso mínimo de derechos en todo el territorio. Cuando abandona esas funciones, las desigualdades entre provincias terminan convirtiéndose en desigualdades en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. En este marco, destaca el organismo internacional, la falta de insumos fue un claro obstáculo para el acceso al aborto. Pese a los esfuerzos de las provincias, distintas jurisdicciones reconocen que no tienen capacidad suficiente para garantizar de manera regular una provisión equivalente a la que anteriormente realizaba el Estado nacional.
Durante 2025, Amnistía Internacional registró un aumento significativo en la cantidad de consultas y denuncias por obstáculos en el acceso al aborto recibidas a través de su formulario online: fueron más de un 300% superiores a las del año anterior. Más del 65% de quienes se comunicaron con la organización no sabían cómo ni dónde acceder a una interrupción legal del embarazo.
La falta de medicamentos también tuvo consecuencias económicas. Amnistía recibió consultas de personas que, ante la falta de medicación disponible en el sistema público, fueron informadas de que debían adquirirla por sus propios medios. Con precios que pueden alcanzar los 300.000 pesos, algunas relataron que se endeudaron ante la falta de respuestas estatales.
El impacto también alcanza a adolescentes. Durante 2025, cerca de 70 adolescentes de entre 14 y 19 años se comunicaron con Amnistía Internacional por obstáculos para acceder a un aborto, alrededor del 17% de los casos recibidos por la organización. La principal dificultad fue la falta de información: la mayoría no sabía cómo ni dónde acceder a la práctica.
