Legisladores de Unión por la Patria de distintas provincias denunciaron que el proyecto de Javier Milei es un «tarifazo encubierto» que ignora la realidad climática de sus regiones e impacta en los bolsillos de la clase media y los sectores productivos.
Bajo la premisa de alcanzar el déficit cero, el Gobierno de Javier Milei ingresó al Congreso un proyecto de ley para reducir el Régimen de Zona Fría (Ley 27.637), otro golpe directo a los bolsillos de las familias y de los sectores productivos del interior. El Ejecutivo busca revertir la expansión territorial aprobada en 2021, una medida que hoy protege a millones de usuarios, bajo el argumento de que dicha ampliación «desnaturalizó» el sistema al incluir zonas que no poseen una severidad climática extrema.
La clave de este recorte reside en la eliminación del descuento automático del 30% que hoy perciben los usuarios de la denominada «zona ampliada», que abarca gran parte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan. Para estos hogares, el beneficio ya no será un derecho por geografía, sino que quedará supeditado al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El Gobierno define los «ingresos críticos» bajo un techo de tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que según los últimos datos del INDEC sitúa el límite de exclusión en torno a los $4,3 millones mensuales por hogar. Quienes superen ese umbral, aunque vivan en zonas de bajas temperaturas, perderán el beneficio de inmediato.
El proyecto mantiene un blindaje únicamente para la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna, zonas que conservarán el subsidio pleno sin importar el nivel de ingresos.
Sin embargo, para el resto del país, el beneficio solo subsistirá para los sectores más vulnerables: beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y aquellos hogares que logren calificar dentro del segmento de menores recursos del SEF.
Esta segmentación ignora que, en zonas de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, el consumo de gas durante el invierno es una necesidad de infraestructura básica y no un gasto suntuario.
Desde el punto de vista político, el timing de la iniciativa podría tener sus adversidades para el oficialismo. LLA pretende avanzar con este recorte mientras la agenda parlamentaria se encuentra paralizada, en el marco del escándalo por la causa de enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y las crecientes tensiones con los gobernadores por la falta de fondos para obra pública.
En ese último punto, el recorte ataca el bolsillo de votantes de provincias gestionadas por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Marcelo Orrego (San Juan), de cuyos legisladores depende la suerte legislativa del Gobierno.
El argumento técnico utilizado por el Palacio de Hacienda, encabezado por Luis Caputo, es que el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumo de Gas —financiado con un recargo de hasta el 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país— es deficitario y requiere de auxilio constante del Tesoro.
Cuestionamientos: desde el kirchnerismo cruzaron al Gobierno
La reacción del bloque opositor, Unión por la Patria no se hizo esperar, denunciando que detrás de la retórica de la «eficiencia» se esconde un desprecio por el federalismo y una falta de sensibilidad social. Legisladores de las provincias afectadas advirtieron que la eliminación del beneficio geográfico empujará a miles de familias a situaciones límite, en un contexto de crisis social por los despidos masivos, el aumento del empleo precario y la inflación, y las paritarias a la baja.
“Esconden un tarifazo encubierto que ignora la realidad térmica de nuestras zonas áridas”, remarcó la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti. “Están en juego 400.000 hogares mendocinos”, advirtió. “Mendoza no puede ser un dibujo escondido en un Excel porteño. En Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede ‘ahorrar’ gas cuando hay 10 grados bajo cero. Lo que el Gobierno llama ‘exceso’, para nosotros es supervivencia”, enfatizó.
Por su parte, la diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano, precisó que la reforma a la ley afectaría a 500.000 santafesinos y cuestionó que el Gobierno se la agarre con todo lo que lleve el apellido Kirchner. “¿Sabían que están juntando votos para derogar la ley de Zona Fría? Primero empezaron cambiando nombres a las instituciones y lugares nombradas con el apellido Kirchner y ahora van por las leyes. No se trata de un apellido. Se trata de millones de argentinos y argentinas que hoy pueden calefaccionarse”.
En tanto, la diputada cordobesa Gabriel Estevez, dijo que en esa provincia dejarían de recibir el subsidio 600 mil personas. “Otra vez el ajuste recae sobre las clases medias, afecta a la producción y castiga a quienes siguen apostando y trabajando en el interior profundo de nuestro país”, concluyó.