A días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que se esperan marchas en todo el país, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de la ONU encargado de monitorear el cumplimiento de los derechos de las mujeres, puso el foco una vez más en Argentina y expresó su preocupación por el retroceso en políticas de género desde la llegada de Javier Milei al poder.
El organismo puso el foco en el cierre de organismos claves. Vale destacar que desde que asumió Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional, una de sus primeras medidas fue eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, reducido a Subsecretaría de Prevención de las Violencias, la cual tuvo su primer paso por el Ministerio de Capital Humano y posteriormente por el de Justicia. En este camino, no solo perdió jerarquía: también se denunció un fuerte desmantelamiento de sus áreas y programas, teniendo el golpe final cuando el ahora exministro Santiago Cuneo Libarona echó al 85% de su personal.
Según el Comité, estas medidas provocaron fragmentación de responsabilidades dentro del Estado, reducción de la capacidad técnica y debilitamiento de la coordinación entre organismos, lo que impacta especialmente en mujeres en situación de pobreza, migrantes, rurales o que enfrentan múltiples formas de discriminación, al limitar su acceso a protección y a mecanismos de denuncia.
El organismo también manifestó inquietud por el aumento del discurso público contra las políticas de igualdad de género y contra defensoras de derechos humanos, incluidas periodistas que cubren temas vinculados con violencia de género y salud sexual y reproductiva. En ese contexto, recomendó al Estado argentino restablecer estructuras institucionales de alto nivel para las políticas de género, garantizar financiamiento sostenido y reforzar los mecanismos de prevención, protección y acceso a la justicia para mujeres y niñas.
El informe dedica además un apartado central a la violencia de género, donde advierte que en Argentina persisten altos niveles de femicidios y violencia doméstica, incluso en casos donde las víctimas habían denunciado previamente o solicitado medidas de protección. Ante este panorama, el Comité instó a fortalecer las políticas de prevención, mejorar la coordinación entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales, y garantizar financiamiento suficiente para los programas de asistencia y protección a las víctimas.
En sus observaciones, la CEDAW también solicitó al Estado argentino información sobre la implementación de recomendaciones prioritarias, entre ellas las vinculadas al acceso al aborto legal y seguro, la Educación Sexual Integral (ESI), las políticas de prevención de la violencia de género y el acceso a la justicia.
“Argentina asumió compromisos internacionales claros en materia de derechos de las mujeres y hoy debe adoptar medidas urgentes para asegurar su cumplimiento. Lo que está en juego es la vida, la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de millones de mujeres y adolescentes. No hay margen para demoras: el Estado debe dar explicaciones antes del próximo ciclo de revisión y mostrar medidas concretas, no promesas”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, uno de los organismos que expuso ante la CEDAW.